“Los pibes están dando vueltas ahí ya. La van a hacer ahora”. El textual, recuperado de una conversación de Whatsapp entre Leandro Daniel “Chulo” Olivera y Lucía Uberti, fue enviado el 9 de agosto pasado, horas antes de que un departamento lindero con una propiedad del ex intendente Horacio Usandizaga recibiera una lluvia de balas a la 1.30 del día siguiente. El registro es parte de la profusa evidencia citada este viernes para imputarle a Chulo, de 29 años, el rol de coordinador en al menos tres balaceras contra los frentes de edificios judiciales y viviendas de jueces y policías vinculados con la investigación a la banda los Monos, saga de –hasta ahora– 23 ataques que comenzó el pasado 29 de mayo con el atentado a una casa que perteneció al juez Ismael Manfrín, magistrado que integró junto con Marisol Usandizaga (hija de Horacio) el tribunal que condenó en abril a la banda delictiva más célebre de Rosario.
Desde el 15 de octubre último, cuando la Justicia dictó su captura por estar sospechado de participar en las balaceras, Chulo vivió como fugitivo. Los detectives llegaron a él concatenando una serie de indicios surgidos en celulares secuestrados en el marco de la causa, que tiene a 13 personas imputadas. Cuatro meses después, este martes 12 de febrero, la Policía Federal lo detuvo junto a su pareja en el hotel Howard Johnson de Italia y Mendoza, y quedó preso en las dependencias de esa fuerza.
Este viernes, el equipo de fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional acusó a Chulo de integrar la estructura celular comandada desde la cárcel por Guille Cantero, que tiene como objetivo “generar impacto institucional” a través de un “plan sistemático orquestado para interferir el normal servicio de justicia” por medio de atentados. El rol de Olivera –según la imputación– es el de coordinador de la logística, actuando en tándem con los ya detenidos Lucía Uberti, Daniel “Teletubi” Delgado y Matías César.
La compleja calificación legal que le cupo a Chulo fue “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego, y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado, en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”.
Los fiscales del equipo de Gravedad Institucional Matías Edery, Nicolás Foppiani, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo le atribuyeron a Chulo haber sido partícipe primario en tres de los 23 ataques registrados hasta el 31 de enero de 2019. El 4 de agosto de 2018, en la balacera al Centro de Justicia Penal y a un departamento de un edificio de Libertad al 300, que hasta 2001 perteneció a la magistrada Usandizaga, donde apareció un cartel que rezaba: “Con la mafia no se jode”.
Y el 10 de agosto, cuando un séptimo piso de Buenos Aires al 1700 lindante con un departamento de Horacio Usandizaga recibió una ráfaga de tiros. Allí apareció un cartel con la leyenda: “Dejá de meter pibe preso. Por q va hacer peor”. Ambas amenazas manuscritas presentan coincidencias en la caligrafía, según un peritaje incorporado en el legajo de investigación.
Los fiscales citaron profusa evidencia para sostener la imputación contra Chulo. La mayoría, conversaciones de Whatsapp, capturas de pantallas con direcciones de funcionarios judiciales, todos elementos secuestrados en los más de 60 allanamientos que ordenó la investigación.
Chulo –dijeron los fiscales– es un hombre de confianza de Guille, y sus lazos con el clan se remontan a los tiempos en que oficiaba de chofer de la flota de taxis de Silvana Gorosito, esposa de Ramón Machuca alias Monchi Cantero. Tanto Guille como Monchi recibieron altas condenas en abril pasado en el fuero provincial, en el marco del juicio a la banda por asociación ilícita y homicidios.
“Hay prueba directa e indicios de que fue Ariel Máximo «Guille» Cantero quien transmitió a sus subordinados datos esenciales para la concreción de los atentados, quienes pusieron al servicio de esta empresa criminal una estructura clandestina de recursos humanos y materiales preexistente destinada al tráfico de drogas y a delitos conexos como abusos de armas, amenazas calificadas, extorsiones y homicidios”, dice la imputación.
El juez José Luis Súarez escuchó la imputación a Olivera y resolvió dictar la prisión efectiva por el plazo de ley (90 días) hasta una nueva revisión. “Está acreditado que tiene vinculación con organizaciones criminales”, dijo el magistrado.
