El gobierno de Hong Kong comenzó este miércoles a arrestar personas en el primer día de vigencia de la ley de Seguridad Nacional impuesta por China y enfrentó un primer desafío de inmediato cuando Reino Unido, la ex potencia colonial del territorio, ofreció otorgar visas a tres millones de hongkoneses.
La flamante ley empezó a usarse apenas unas horas después de entrar en vigor, cuando ciento de personas fueron arrestadas durante el inicio de las masivas protestas prodemocráticas que recordaron el 23º aniversario de la devolución del territorio autónomo a China por parte de Reino Unido, el hasta entonces poder colonial.
Dos de esos detenidos portaban una bandera y un letrero que proclamaban la independencia de la ex colonia británica –uno de lo puntos centrales de la norma, que prohíbe las actividades secesionistas– y fueron arrestados luego que los uniformados emitieron múltiples advertencias de que violaban la ley, según un comunicado policial en Twitter.
En Facebook, la fuerza policial informó que en total arrestó a más de 300 personas por varios cargos, entre ellos reunión ilegal, posesión de armas y violación de la ley de Seguridad Nacional, informó la cadena CNN. Solo nueve, según la Policía, fueron detenidos por la nueva ley.
La decisión de Beijing de imponer la controvertida ley de Seguridad Nacional recibió la inmediata respuesta de Londres, que anunció la extensión de los derechos de residencia para tres millones de los 7,5 millones que viven en Hong Kong, quienes podrán establecerse en el Reino Unido.
Reino Unido considera que la nueva ley china viola los acuerdos internacionales y el esquema de «un país, dos sistemas» bajo el cual se produjo la devolución del territorio en el año 1997, y por el que Hong Kong goza de un nivel de autonomía superior a otras regiones del país, al menos durante un tiempo hasta que sea asimilado completamente por el sistema legal chino.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, había advertido el mes pasado que ofrecería visas para vivir y trabajar a casi tres millones de ciudadanos hongkoneses, si China avanzaba con la nueva ley de seguridad.
La norma, promulgada este martes por China tras una ola de protestas prodemocráticas y que entró en vigencia este miércoles, prohíbe las actividades consideradas por las autoridades como secesionistas, subversivas o terroristas, así como cualquier acción que entiendan como una intervención extranjera en los asuntos internos de la ciudad.
Los casos más graves, entre ellos los asignados a los autores intelectuales de esos delitos, podrían recibir una pena máxima de cadena perpetua, mientras que los delitos menores podrían recibir penas de prisión de hasta tres años.
La gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, apoyó la nueva ley en un discurso durante la conmemoración el 23º aniversario de la devolución del territorio oficialmente llamado la Región Administrativa Especial de Hong Kong (Raehk).
«La promulgación de la ley nacional se considera el desarrollo más significativo en la relación entre las autoridades centrales y la Raehk desde el regreso de Hong Kong a la patria», dijo Lam en un discurso, luego de una ceremonia de izamiento de la bandera y con el himno nacional de China.
«También es una decisión esencial y oportuna para restaurar la estabilidad en Hong Kong», agregó.
Para demostrar que no todos los hongkoneses opinan como el gobierno, un partido político prodemocrático, la Liga de los Socialdemócratas, organizó una marcha de protesta durante la ceremonia de izado de la bandera.
La ley de Seguridad Nacional fue ordenada primero bajo la constitución local de Hong Kong, pero un intento anterior de aprobarla en el cuerpo legislativo de la ciudad en 2003 fue archivado debido a la oposición pública masiva.
Beijing finalmente decidió eludir la legislatura de Hong Kong y hacer que la ley sea aprobada este martes por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, el parlamento de China, y promulgada por el presidente Xi Jinping.
Su aprobación desató de inmediato roces diplomáticos con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), no solo con Londres.
Washington retiró el estatus especial comercial que concedía a Hong Kong, al considerar que la nueva ley elimina el alto grado de autonomía del territorio, y el Congreso de los Estados Unidos prepara sanciones a las personas consideradas conectadas a la represión política en Hong Kong.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó este miércoles las últimas detenciones y calificó a Hong Kong como otra «ciudad controlada por los comunistas».
«El Hong Kong libre fue una de las ciudades más estables, prosperas y dinámicas del mundo. Ahora, solo es otra ciudad controlada por los comunistas donde la gente está sujeta a los caprichos de las élites del partido. Es triste», manifestó Pompeo en una conferencia de prensa.
Este martes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por su parte, había calificado de «deplorable» la promulgación de la ley, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque estudia con socios internacionales medidas de respuesta.
