A 38 años del inicio de la criminal dictadura cívico militar que asoló la Argentina durante más de siete años, es justo e inevitable reconocer a quienes lideraron el proceso político que puso en valor concreto las banderas de Juicio y Castigo a los culpables.
Desde aquel ominoso primer comunicado emitido por la criminal cúpula militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976, el pueblo argentino asiste desde 2003 al mayor esfuerzo de parte del Estado en pos de cumplir con su obligación de garantizar justicia y castigo a los responsables civiles y militares del genocidio planificado para imponer a sangre, fuego y desapariciones el modelo económico que reclaman recurrentemente la oligarquía y los oligopolios nacionales e internacionales. Hacia adelante, las fuerzas políticas que pertenecemos al campo nacional y popular tenemos un desafío impostergable: la profundización de esas políticas públicas en materia de DDHH para que en el menor tiempo posible no haya más pobres en nuestra querida Patria.
La valiente decisión política del ex presidente Néstor Kirchner de impulsar a través del
Congreso la anulación de las vergonzosas leyes que entronizaron la impunidad ya en el período democrático, esa voluntad de asumir como propias las banderas de Juicio y Castigo a los culpables que llevan en alto los organismos de Derechos Humanos desde el inicio mismo de la dictadura, sumada a la precisa instrucción que el ex mandatario impartiera al Ministerio Público para evitar la caída de las causas y acelerar los juicios en las diferentes jurisdicciones, ya forman parte del patrimonio de la Humanidad.
Con energía y convicción de estadista,la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio continuidad a ese proceso virtuoso, enfrentando los ataques de los herederos de Videla y asociados.
Cada 24 de marzo recordamos a los compañeros caídos en combate, a los militantes, delegados gremiales, estudiantes, profesionales, religiosos, perseguidos, torturados, muertos y desaparecidos merced al plan sistemático pergeñado en los cuarteles y despachos de la mayoría de los grandes grupos económicos nacionales y multinacionales.
En 38 años, la lucha de Madres, Abuelas e Hijos no registra un solo caso de venganza por mano propia contra los represores, lo que habla de una nobleza y dignidad de origen que no todos los políticos y dirigentes sociales están en condiciones de exhibir.
No es el único rasgo que nos diferencia de la derecha en sus distintas variantes, la que se enmascara tras una suave pátina democrática, y la que no puede ni quiere disimular su instinto predador, explotador y asesino.
Terminar con la pobreza, para la derecha, equivale a deshacerse de los pobres, barrerlos bajo la alfombra, bajarles los salarios, quitarles derechos, y si es posibles someterlos a la esclavitud.
En los últimos diez años hemos demostrado que para dejar atrás la escandalosa paradoja de una Argentina rica abarrotada de pobres es la inclusión de los sectores más vulnerables, su empoderamiento a través de la recuperación de todos los derechos arrebatados por la angurria de los poderosos de siempre, y el acceso a nuevas conquistas, sociales, económicas, de género, informativas, entre otras. Hoy, para el Movimiento Evita, la mejor manera de recordar a quienes
dieron su vida para liberar a la Patria es cumplir a rajatabla aquella consigna lanzada por Cristina en Rosario el 27 de febrero de 2012: “Vamos por todo”.
(*) Diputado provincial, miembro de la Mesa de Conducción Nacional del Movimiento Evita y jefe del bloque del mismo nombre en la Cámara baja de Santa Fe.
