Fuentes policiales informaron a Télam que el hombre, identificado como Jorge Marcheggiano, había sido trasladado ayer cerca de las 11 del mediodía al hospital Penna, donde los médicos constataron varias heridas producidas por canes.
El paciente murió cerca de las 13.30 por un paro cardiorespiratorio, y se abrió una investigación judicial por averiguación de causales de muerte en la que se dispuso la autopsia del cuerpo.
La titular del Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental, Graciela Iglesias, dijo a Télam que “el gobierno porteño debería haber tomado todas las medidas de prevención» y consignó que el 7 de mayo pasado había sido presentada una acción de amparo colectiva a raíz de la situación de los cuatro manicomios porteños, impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
En tanto, sobre la muerte de Marcheggiano, Iglesias aseguró que “ahora es la Justicia la que debe determinar cómo sucedieron los hechos y señalar las responsabilidades».
«Nosotros ya pedimos que nos informen qué sucedió con esa jauría o si sigue libre dentro del predio del hospital pero hasta este momento no nos dieron respuesta”, indicó la titular del Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental.
«Estamos dentro del amparo impulsado por el Cels que dio cuenta de esta situación que es habitual con las jaurías porque se naturaliza la presencia de estos animales, y no se protege como corresponde derechos de las personas que están allí”, sostuvo Graciela Iglesias.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales aseguró hoy, en un comunicado, que la muerte de Jorge Marcheggiano «es la triste fotografía de la institución manicomial, lugar de desidia y abandono estatal».
«A esta situación llegamos por las resistencias, entre ellas la del complejo médico industrial, a transformar el paradigma de la salud mental e impulsar modelos alternativos al hospital psiquiátrico. La de Jorge es una muerte que, sin duda, podría haberse evitado”, concluyó la organización. Además, recordó la presentación de la acción de amparo colectiva realizada semanas atrás ante «la gravísima situación que se vive en los cuatro manicomios porteños».
“Dentro de las medidas cautelares habíamos incluido la necesidad de erradicar las jaurías que habitan en los predios de estos hospitales por su peligrosidad. El Gobierno de la Ciudad dijo que no existían tales jaurías”, enfatizó el Cels.
El comunicado añade que “las personas encerradas en estos lugares están bajo tutela estatal, por lo tanto, el deber de cuidado es una obligación irrenunciable.
«Las autoridades políticas y las del Hospital Borda son responsables por este gravísimo hecho que deberá investigarse de acuerdo a los estándares del Órgano de Revisión Nacional sobre las muertes ocurridas en contexto de encierro psiquiátrico. Al respecto, el organismo ofició a las autoridades y solicitó medidas preventivas y reparatorias urgentes”, indica.
