Un hombre fue detenido en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú en el marco de la investigación por el megrafraude de la empresa fantasma Dimare SRL, a a lo que se le atribuyen 50 hechos de estafa cuyo monto total ascendería a unos 80 millones de pesos. Con esta detención sólo queda prófugo Sebastián Alonso, el presunto líder y mentor del megafraude sobre quien pesa un pedido de capturainternacional. Además otras tres personas ya fueron imputadas en la causa, y una de ellas es el abogado de uno de los acusados a quien le achacaron encubrimiento.
Carlos G. fue apresado hace 8 días en Brasil por la Policía de Investigaciones y este martes fue trasladado a Rosario. Este miércoles a la tarde será imputado por el fiscal Sebastián Narvaja que lleva adelante la investigación.
Según explicó Narvaja a El Ciudadano Carlos G. sería un miembro de la banda que llevaba adelante las estafas y fue señalado por varias víctimas. En la causa hay otras dos personas que fueron imputadas por estafa en calidad de coautores en concurso real, atribuyéndoles 36 hechos. No obstante, el juez rechazó la prisión preventiva y quedaron en libertad con restricciones.
Narvaja pidió que se le dictara pedido de captura nacional e internacional a quien figura como responsable, Jonatan Fabián Mena, cuyo nombre real era Sebastián Alonso. Según el funcionario, este hombre y sus cómplices se hicieron con los 80 millones mediante un artesanal pero aceitado ardid que consistió en la apertura de cuentas corrientes bancarias y la expedición de cheques por bajos montos, que en principio cubrieron, para luego desatar una carrera contra el tiempo con cheques de pago diferido por abultadas sumas hasta abandonar de manera intempestiva la sede de Presidente Quintana 2450, que actuó como cabeza de playa para el montaje.
El fraude
Para montar la estafa, se valieron de una página web corporativa, la impresión de folletería y el armado de referencias falsas, con empresas verdaderas pero con un número telefónico donde alguien de la banda del fraude atendía y evacuaba las dudas de los incautos, que llegaron hasta el número de 24.
“Han generado una estafa con mucho tiempo de preparación y con arreglos bastante puntillosos, consistentes en fundar legalmente una empresa con el solo efecto de estafar a otras empresas, proveedores o personas, comprándoles mercadería, entregando cheques de pago diferido, todo en un período de 60 días, haciendo los cálculos que les permitieron, cuando los cheques empezaron a llegar, a la fecha de cobro, levantar el espacio donde estaban funcionando y desaparecer. Al mismo tiempo, una vez que empezaron a entrar los cheques al banco, fueron rebotados porque no tenían los fondos suficientes”, describió Narvaja.
Dimare SRL figura en el Boletín Oficial de Santa Fe constituida el 18 de febrero de 2014 con un capital de 300 mil pesos aportado por Mena y quien figura como su socio-gerente, Nery David Maciel y con domicilio en 27 de Febrero 6920. Su actividad, que el fiscal aclaró nunca había cumplido ya que la creación del sello fue a los solos fines de producir el desfalco, era “compraventa al por mayor y menor, importación, exportación, y distribución de electrodomésticos para el hogar, ferretería, materiales de construcción”, y la intervención “en todo tipo de licitaciones, concursos de precios e iniciativas sean estas públicas o privadas, por sí o asociada a otras personas y /o sociedades, tanto en el país como en el extranjero”.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron, además, que ya suman 50 las denuncias por parte de damnificados que perdieron a manos de los estafadores unos 80 millones de pesos. Según datos que surgieron durante la audiencia imputativa de los dos acusados, algunas de las víctimas recibieron amenazas, aunque no trascendió cuál fue el tenor y mecánica de las intimidaciones.
Tal como solicitó el fiscal Sebastián Narvaja, el juez Alejandro Negroni aceptó la imputación sobre Alberto Salvador C., de 59 años, y de Alfredo C., de 43, por el delito de estafa en calidad de coautores y en carácter de delito consumado por 36 hechos de estafa.
El fiscal había pedido la prisión preventiva de los dos hombres pero Negroni decidió no hacer lugar a la solicitud y ordenó la libertad de los imputados, con una fianza de un millón y medio de pesos para cada uno, o bien una propiedad en garantía cuyo valor iguale la suma fijada por el magistrado. Además, Alberto C. y Alfredo C. deben presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y tienen prohibido acercarse a alguna de las personas o comercios que fueron damnificados por el megafraude.
Narvaja explicó que en cada uno de los casos la evidencia consistió en documentación y facturación de la mercadería que la firma Dimare adquirió, como también copias de los cheques emitidos sin fondos. También se tomó como prueba que parte de la mercadería fruto de la estafa fue encontrada en los domicilios de los imputados, durante los 22 allanamientos llevados a cabo en Rosario, Roldán, Pérez y Acebal a comienzos de este mes.
La vidriera de Facebook
Uno de los imputados fue identificado por cuatro testigos. Además, la Fiscalía obtuvo más datos incriminatorios cuando llegó a la cuenta de Facebook de uno de ellos y encontró que aparecían fotos de él junto con otro de los involucrados, que había sido imputado –luego puesto en libertad–, y que cuando fue interrogado dijo desconocer a Alfredo C. y a Alberto C. “Hoy nos encontramos con que no era así, por lo que ordenamos nuevamente la detención” de este acusado, agregó Narvaja.
En cuanto al grado y forma de participación de los imputados, uno de ellos se presentaba como “Alfredo, contador de la empresa”, y era, según testigos y víctimas, quien llevaba los cheques adulterados y sin fondos con la firma del inexistente Jonatan Mena, quien en realidad era el hoy fugitivo Sebastián Alonso, quien rubricaba los valores con nombre ficticio.
De acuerdo con lo que señaló Narvaja, la mayoría de las personas que operaban en la organización haciendo compras, contactando a proveedores y pidiendo presupuesto, lo hacía bajo nombres falsos.
El tendal que dejó la banda se extiende a medida que pasan los días y aparecen nuevos damnificados, como denuncias de personas que se presentan en la Fiscalía como víctimas, ya que les vendieron cosas robadas y recientemente les fueron decomisadas durante los allanamientos.
