La Justicia recibió ayer una decena de planteos de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo de la Magistratura, al tiempo que sectores de la oposición reclamaron la suspensión de la elección de consejeros. Estas presentaciones fueron a raíz de la entrada en vigencia ayer de la ley que modifica la composición y la forma de elegir a los integrantes de ese cuerpo colegiado del Poder Judicial, que se encarga de seleccionar, controlar y sancionar jueces.
La elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura tiene luz verde para su debut en las legislativas del 27 de octubre, previa definición de listas de candidatos en las internas del 11 de agosto. Pero, tal como habían pronosticado representantes de abogados, jueces y partidos políticos opositores, apenas sancionada la ley por el Congreso, el 8 de mayo último, la Justicia recibió ayer una lluvia de amparos pidiendo una medida cautelar que suspenda la elección de consejeros.
Las primeras presentaciones fueron realizadas por los presidentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta. También hubo planteos del Frente Amplio Progresista (FAP) y uno en conjunto entre los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), dirigido a la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.
A estos amparos se le sumaría el de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, tal cual lo anunció su titular, Luis María Cabral. Además se cuentan los que se presentaron en otras jurisdicciones por fuera de la Capital Federal, como la que hizo el Colegio de Abogados de Córdoba y las que se prevé harán otras entidades de abogados en el interior del país.
Hasta el momento, todas las otras presentaciones que hubo contra las otras reformas introducidas en el Poder Judicial por iniciativa del gobierno fueron rechazadas en primera instancia y pasaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La nueva ley del Consejo prevé que sus integrantes pasen de 13 a 19 miembros: tres jueces, tres representantes de los abogados y seis representantes del ámbito académico o científico, todos elegidos por el voto popular; y por seis legisladores seleccionados por los presidentes de las dos cámaras del Congreso, y un representante del Poder Ejecutivo.
No obstante las presentaciones efectuadas ante la Justicia, el titular del bloque oficialista en la Cámara baja, Agustín Rossi, se mostró optimista respecto a que se cumplan los pasos necesarios para que en octubre los ciudadanos puedan ir a las urnas no sólo para elegir diputados y senadores, sino también consejeros abogados, jueces y académicos para integrar ese organismo.
¿Una sola lista opositora?
Con la formalización de la convocatoria para la elección de los consejeros abogados, jueces y académicos realizada ayer por el Ejecutivo, y mientras la Justicia decide si da lugar o no a los amparos, los partidos políticos comenzaron a trabajar en el armado de listas, ya que el plazo concluye el 22 de junio.
En este marco, el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, reconoció ayer que existía “acuerdo entre casi todos los partidos políticos de oposición”, incluyendo al PRO y al Peronismo Federal, para ir “en una sola lista” a la votación de miembros del Consejo de la Magistratura, aunque “con una boleta suelta” y no adherida a la de diputados y senadores.
El jueves último, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, del peronismo disidente, adelantó su intención de ser candidato a consejero en el marco de un acto en el que participó para homenajear al boxeador José María “El Mono” Gatica, junto con Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas.
Rechazos
En el PRO, en tanto, el diputado Federico Pinedo calificó ayer de “groseramente inconstitucional” la ley de reforma del Consejo de la Magistratura promulgada por el Ejecutivo y anunció que su partido va a “objetar esta vergonzosa ley kirchnerista que pretende prohibir la posibilidad de establecer alianzas para elegir candidatos”.
Por su parte, tras realizar el planteo, el líder del FAP, Hermes Binner, apuntó que “cabe la responsabilidad de cuestionar la constitucionalidad de esta norma, porque hace depender de los partidos políticos la selección y remoción de los miembros del Poder Judicial, en abierta contradicción con lo que expresa la Constitución”.
Por su lado, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una demanda contra la ley 25.855 y lo hizo directamente ante la Corte Suprema. “Sólo digo que queda como única esperanza la atinada y urgente decisión con calidad operativa por parte de esta Corte”, expresó Monner Sans.
Candidatos, cupo femenino y el cronograma electoral
El calendario electoral pone como fecha límite para la presentación de pre-candidaturas el 22 de junio, fecha que vale para diputados, senadores y los doce integrantes del Consejo de la Magistratura (tres abogados, tres jueces y seis académicos) que serán elegidos directamente por los ciudadanos. El calendario continúa el 11 de agosto con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), de la que resultarán los candidatos que cada partido político o alianza presente con vistas a los comicios parlamentarios del 27 de octubre, para las tres categorías.
La ley promulgada ayer en el Boletín Oficial establece, además, el cupo femenino en la integración de las listas de consejeros y la inclusión de un suplente por cada uno de los consejeros abogados (3), jueces (3) y académicos (6).
Pero la norma también consigna que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país, un punto que también fue cuestionado por partidos de la oposición. El senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes aclaró que “esta proporción” es para los partidos políticos que quieran adherir la lista de candidatos a consejeros en la misma boleta de postulantes a legisladores nacionales, porque para presentar una lista de consejeros por separado (no adherida a la lista de candidatos a legisladores) sólo hace falta la presencia del partido político o alianza en al menos cinco distritos”.
