En el marco de la aplicación de la nueva ley de Microtráfico, este viernes el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe procedió, junto al Ministerio Público de la Acusación, en el derribo de una vivienda vinculada al clan Funes de Ayacucho al 4300, en barrio Tablada, pero cuando autoridades y gran parte del personal policial se retiró, quedando la cuadrilla con la topadora, una mujer se acercó para amenazar a los operarios, por lo cual terminó demorada en la comisaría 15ta. En ese domicilio vivía Mariela Miranda –esposa de Jorge Funes y madre de Alan– cuando en marzo de 2016 fue asesinada a tiros en la esquina de ese lugar. Este homicidio recrudeció los enfrentamientos entre los Funes y el clan Caminos que durante tres años desató una saga de venganzas que se cobró medio centenar de víctimas fatales.
El fiscal de la Unidad Especializada en Balaceras Franco Carbone explicó que el inmueble era una construcción emblemática con antecedentes vinculados al mundo delictivo desde hace 20 años. “Históricamente, esta casa perteneció al clan Funes, aliado a Francisco Riquelme, de hecho esta propiedad ya había sido allanada veinte años atrás cuando se buscaba al padre de Funes por pirata del asfalto”, dijo el funcionario a medios periodísticos.
Ese inmueble, ahora abandonado fue donde vivió Mariela Miranda, esposa de Jorge y madre de Alan y Ulises donde también recibía a los otros hijos de su marido: Lautaro, conocido como Lamparita, y Jonatan, llamado Bam Bam. La mujer fue asesinada a tiros la tarde del 11 de marzo de 2016 en la esquina de esa vivienda donde funcionaba una verdulería y gomería.
El crimen de Mariela agravó los enfrentamientos entre los hermanos Funes y el clan Caminos que se recrudecieron durante tres años y dejaron un saldo de medio centenar de víctimas fatales, entre ellas las de Ulises y Bam Bam. Por su parte, Alan y su hermano mayor Lamparita están en prisión con condenas tanto en el fuero provincial como federal.
A su vez como autores del homicidio de la mujer fueron condenados Alexis Caminos, heredero del clan de barrio Municipal, y su primo Juan Manuel «Juanchi» Almada.
Condenaron a Alexis Caminos y su primo Juanchi Almada por el crimen de Mariela Miranda
Entre los funcionarios presentes también estaba el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien elogió la ley provincial contra el narcomenudeo enviada a la Legislatura por el gobernador Maximiliano Pullaro y aprobada en diciembre: “Para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”, destacó.
El titular de la cartera de Seguridad abundó sobre las mecánicas de las intervenciones habilitadas por la flamante norma. “No vamos a requerir una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones. La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”.
Estas segundas órdenes de demolición fueron aprobadas un día antes por la jueza Silvia Castelli. La magistrada incluyó cinco inmuebles que, de acuerdo a investigaciones judiciales, en algún momento se utilizaron para la venta al menudeo de drogas. Pero advirtió que, además, debe implementarse una intervención integral en los barrios asolados por la violencia vinculada a los negocios narco: «El estado no puede bajar, golpear y retirarse. Debe generar arraigo en los territorios más allá de una medida judicial». La estrategia de demoliciones ya había sido ensayada por el entonces Gobierno del Frente Progresista en 2012.
La vivienda de Ayacucho al 4300 derrumbada este viernes estaba abandonada. Tenía un cartel de gomería y en algún momento de verdulería. “También funcionaba como aguantadero”, aseguró un vecino al móvil de Cadena 3 Rosario.
Cuando parte del personal policial, funcionarios judiciales y el ministro Cococcioni ya se habían retirado hacia la otra locación, sobre calle Biedma 250, también en Tablada, y quedaban sólo dos efectivos para proteger a los operarios, apareció una mujer acompañada por niños, identificada como L.S., para increpar a los que estaban en plena tarea de demolición del lugar. Enseguida fue demorada y trasladada a la seccional de la zona.
