Organizaciones sociales y sindicales marcharon en la tarde de este lunes a veinte años de la crisis de 2001 y el estallido del diciembre trágico, para reclamar juicio y castigo a los responsables de la represión que dejó 39 víctimas fatales en todo el país, incluyendo los nueve asesinatos en la provincia de Santa Fe.
De acuerdo con los organizadores, más de quince mil personas participaron de la manifestación.
Desde la mañana temprano, organizaciones sociales y piqueteras, junto a partidos de izquierda, movilizaron desde Plaza Sarmiento hasta el Monumento a la Bandera, para «reivindicar la rebelión popular que significó el Argentinazo, en un contexto que le da máxima actualidad a lo que fue esa enorme gesta contra las consecuencias nefastas que traen las políticas del FMI, que el gobierno y también la oposición continúan aplicando, como lo vemos con el ajuste en curso para pagar la deuda externa», dijeron desde las organizaciones convocantes.
Participaron de la marcha el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MST-Teresa Vive, el MTR Histórico, la OLP, así como partidos del Frente de Izquierda.
Al final de la movilización hubo lectura de un documento, en un Monumento a la Bandera repleto con delegaciones que portaban banderas de numerosos barrios de Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución.
Entre las consignas centrales, se podía leer el «apoyo a la lucha de Chubut, no a la megaminería», justo en el momento en que el gobernador Arcioni anunciaba la suspensión de la rezonificación minera aprobada hace pocos días por la legislatura, tras los graves incidentes que se dieron en la provincia patagónica.
En todas las columnas se repitió el reclamo «contra el acuerdo con el FMI», tema que fue recogido por el documento al cual se dio lectura y que repasó las sucesivas crisis de default en la Argentina.
Carla Deiana, referente del Frente de Izquierda en Santa Fe, expresó: «En un intento de distorsión histórica, desde el poder se intenta presentar la crisis del 2001 como resultado de la lucha en las calles, cuando fue exactamente al revés: la crisis creada por el gobierno de la Alianza dió lugar a una acción histórica de los explotados contra el saqueo y la entrega del régimen político. La operación ideológica apunta a deslegitimar las luchas que están en curso y las que vendrán, cuando el 40% de la población ya está en la pobreza. El proyecto de Presupuesto y el Plan Plurianual anticipan un 2022 de enormes luchas, desde el momento en que se quiere poner un techo a las paritarias del 35%, con una pauta de inflación mentirosa, y se reduce nominalmente el presupuesto en salud y educación».
Por su parte, Melisa Molina, del Polo Obrero, dijo: «Los trabajadores ocupados y desocupados movilizamos en el 20 aniversario del Argentinazo para reivindicar esa gran rebelión popular contra la crisis creada por los gobiernos de Menem, De La Rúa y Cavallo, a partir de aplicar los planes de ajuste del FMI en el país. Para las organizaciones que somos independiente del gobierno no solo es un aniversario, vamos a rechazar el acuerdo en curso con el FMI que quieren el Frente de Todos y la oposición de derecha, como lo hicimos el 11 de diciembre pasado junto al sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda».
El contexto
Aquel diciembre de 2001, en medio del estallido que recorrió el país, murieron seis rosarinos de las nueve víctimas fatales que hubo en la provincia: Yanina García, Marcelo Pacini, Graciela Machado, Rubén Pereyra, Walter Campos, Ricardo Villalba, Juan Delgado, Graciela Acosta y Claudio Pocho Lepratti.
Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires la Comisión Familiares y Amigos de las Víctimas del 19 y 20 de diciembre realizó un recorrido en homenaje a las personas asesinadas en el estallido social del 2001.
La marcha recorrió cada una de las placas que conmemoran a los fallecidos en el centro porteño, y concluyó en Plaza de Mayo con la lectura de un documento.
Las actividades se vienen realizando en los últimos días con distintas consignas y diversos matices, llevadas adelante por un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en todo el país.
