Por primera vez, el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se discutió en una audiencia pública –no vinculante– de la que participaron funcionarios del gobierno y de organismos públicos, directivos de la empresa, representantes de entidades de consumidores y dirigentes políticos.
Las autoridades de la EPE argumentaron que si no se aumentan las tarifas, en 2017 se triplicará el déficit de la empresa. La EPE le pidió al gobierno provincial que autorice una suba del 37 por ciento desdoblada: 15 por ciento en enero del año próximo y, ya sobre la tarifa actualizada, otro 19,1 por ciento a partir de marzo.
Los porcentajes difundidos por la EPE son en promedio para todas las categorías de usuarios. Para los clientes residenciales que consuman 400 Kilovatios/hora, la primera suba será del 18 por ciento (la boleta pasa de 768 a 901 pesos) y la segunda alcanzaría el 21,9 por ciento (1.098 pesos en marzo).
El presidente del Directorio de la EPE, Raúl Stival, justificó el aumento solicitado por las inversiones previstas para el año que viene. “Nosotros podemos –dijo Stival–, como se ha hecho en otras épocas, no hacer ninguna obra, con lo cual no aumentaríamos la tarifa. Pero después los resultados se ven, como está pasando en la ciudad de Buenos Aires con 200 mil clientes con cortes de luz de 18 horas”.
El titular de la empresa argumentó que si se realizan las inversiones previstas –1.213 millones de pesos– se mantendrán los “estándares” que tiene la distribuidora eléctrica santafesina, a la que definió como “una de las mejores del país”.
“No parece razonable”
La Defensoría del Pueblo de la provincia pidió en la audiencia pública que el cuadro tarifario de la EPE contemple criterios de “razonabilidad y gradualidad”. El defensor del Pueblo adjunto Luciano Leiva leyó la posición del ombudsman santafesino, Raúl Lamberto, quien sostiene que “no parece razonable ni oportuno establecer el aumento en la forma propuesta”.
Leiva dijo que la iniciativa de la EPE es “insuficiente” y reclamó que se contemplen los principios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para estas discusiones: “Gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad de la tarifa”. Por ese motivo, Leiva pidió que se revise el plan de tarifas de la empresa.
“En las tarifas de servicios públicos siempre debe prevalecer el usuario y el acceso a dichos servicios con carácter de universalidad, generalidad y continuidad mediante tarifas accesibles según la realidad socioeconómica”, señaló el defensor adjunto. “El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental para un desarrollo digno de la persona”.
“Desproporcionado”
También los diputados provinciales Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani cuestionaron el aumento solicitado por la EPE: “Son desproporcionados, es un golpe más al bolsillo de los trabajadores de ingresos fijos, jubilados, pensionadas y pequeños comerciantes e industriales”, sostuvieron los diputados del socialismo disidente.
Augsburger y Giustiniani insistirán en la Legislatura para que se apruebe un proyecto de ley de Marco Regulatorio de los Servicios Públicos, con participación de los usuarios, que garantice tarifas justas y razonables y un servicio de calidad.
