El movimiento independentista paralizó este jueves parcialmente Cataluña con una huelga general, cortes de rutas intermitentes y protestas, en rechazo al juicio que se lleva adelante en el Tribunal Supremo de Madrid contra los líderes del fallido intento de secesión de 2017.
Como broche de la jornada de protestas, decenas de miles de personas –40.000 según la Guardia Urbana (policía local) y 200.000 de acuerdo con los organizadores– llenaron el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona al grito de «¡Libertad, presos políticos!», un clamor que se repitió al mismo tiempo en otras ciudades catalanas.
«Somos el país que ha avanzado a golpe de huelgas generales. Somos y seremos huelga general tantas veces como hagan falta», dijo David Fernández, del partido anticapitalista y secesionista CUP, al intervenir en el acto.
«La democracia está por encima de las leyes, sobre todo si estas son injustas», apuntó la historiadora Anna Sallés. Cuando los manifestantes se estaban dispersando, los Mossos d’Esquadra (policía catalana) alertaron en Twitter de «incidentes violentos» en las
inmediaciones, donde «se están quemando contenedores».
Al mediodía, unas 13.000 personas, según la policía, se habían concentrado ya en la Plaza Universidad de Barcelona para apoyar la huelga y rechazar el juicio contra los líderes secesionistas en momentos en los que declaraba el activista Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Los manifestantes, mayoritariamente estudiantes, llevaban banderas «esteladas» (independentistas) y carteles con fotos de los acusados con la inscripción «inocentes», así como carteles con lemas como «Este juicio es una farsa».
Asimismo, un grupo de manifestantes ocupó las vías del tren de la estación de Plaza Cataluña, aunque desalojaron pacíficamente el lugar cuando la policía se disponía a intervenir.
Desde primera hora de la mañana, los llamados CDR (Comité de Defensa de la República) levantaron barricadas con neumáticos ardiendo y cortaron varias rutas y autopistas de la norteña región española, así como algunas calles céntricas de Barcelona, afectando la movilidad.
No obstante, la policía catalana realizó intervenciones constantes para desbloquear las rutas, lo que provocó situaciones de tensión e incidentes con los manifestantes.
De acuerdo con la consejería de Interior catalana, los incidentes relacionados con la huelga dejaron 46 heridos, de los que 16 eran policías.
La huelga tuvo un seguimiento parcial en el comercio, la educación y la administración pública, mientras la actividad industrial no se vio afectada ni tampoco la de puntos neurálgicos como el aeropuerto El Prat, el puerto de Barcelona o el mercado central Mercabarna, que funcionan con normalidad.
En el centro de la capital catalana, los locales de las grandes marcas abrieron, pero el pequeño comercio en su mayoría tenía las persianas cerradas con el cartel «Nosoltres tanquem, Aturada de país (Nosotros cerramos, huelga de país).
«Me solidarizo con los presos, lo que están sufriendo es un atropello, pero no me puedo permitir cerrar», dijo a Telam Javier Martin, el propietario de una tienda de productos naturales que abrió pese a la huelga.
«Yo tengo que pagar los impuestos y ganarme la vida. Esta es una huelga impuesta y perjudica a los propios catalanes», apuntó otra pequeña empresaria de nombre Ana, que dijo estar «harta» del conflicto de secesión.
La huelga general, convocada oficialmente por la independentista Confederación Sindical Catalana (CSC) contra la reforma laboral, no contó con el apoyo de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT, pero fue respaldada por el gobierno regional del independentista Quim Torra.
