Hugo Cardozo, sobreviviente de la Masacre del Pabellón 7 de la cárcel de Villa Devoto en la que murieron al menos 65 presos, batalló durante nueve años en los tribunales para que los funcionarios del Servicio Penitenciario que fueron responsables de ese hecho represivo, ocurrido en marzo de 1978, sean juzgados como autores de un delito de lesa humanidad.
Con la elevación a juicio oral y público de un tramo de esa causa, formulada hace una semana por el juez federal Daniel Rafecas, Hugo siente que se dio «un gran paso» en la concreción de un lago anhelo de justicia.
«Cuando me enteré que la causa iba a juicio se me removió todo de nuevo. Los recuerdos, los muertos, el fuego. Esa noche no me pude dormir. Es parte del camino que tenemos que seguir para que se haga justicia después de tantos años. Siento que dimos un gran paso y estamos cada vez más cerca de lograr lo que buscamos», señaló Cardozo en diálogo con Télam.
El 14 de marzo de 1978, y con el objetivo de disciplinar a los reclusos, efectivos del Servicio Penitenciario ingresaron al Pabellón 7 de la cárcel, y en medio de la represión, se desató un incendio que fue seguido de una balacera contra los presos.
«Lo que buscaban era castigarnos a nosotros pero disciplinar a las presas políticas que estaban en el pabellón cercano al nuestro. Ellas habían denunciado ante la Cruz Roja y otros organismos internacionales las condiciones de detención que venían padeciendo en plena dictadura militar», recordó Cardozo, que por aquellos días era un preso común de 19 años.
En ese sentido, Hugo señaló que varias ex detenidas declararon en la causa que durante la represión y el incendio, los agentes penitenciarios les decían a las detenidas que «estaban asando a los negritos del otro pabellón, y que lo mismo les iba a pasar a ellas si no se dejaban de molestar con tantos reclamos».
Se estima que perecieron en medio del fuego y las balas cerca de 65 reclusos, más de un centenar quedaron heridos y otros 89 sufrieron torturas tras la represión.
Durante años, se denominó a esa masacre como el «motín de los colchones» y la historia oficial determinó que el incendio había sido provocado por los mismos presos, a pesar de las heridas de bala que sufrieron varios de ellos.
Sólo el abogado penalista Elías Neuman, en su libro «Crónicas de Muertes Silenciadas» cuestionó el relato oficial de los hechos en un libro editado en 1985, en el cual se denunciaba la actuación de los penitenciarios y la complicidad de las autoridades judiciales que se negaron a investigar a los responsables.
Cuando todo parecía olvidado bajo un manto de impunidad, Cardozo le dio una nota al diario Hoy de La Plata, con motivo de cumplirse 30 años de la masacre.
La abogada penalista Claudia Cesaroni, quien trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, leyó la historia, la guardó en un pendrive, y se prometió que en algún momento iba a investigar lo que pasó en el penal de Villa Devoto.
Tres años después, Cardozo y Cesaroni comenzaron a trabajar en una campaña para visibilizar el caso y presentar ante la justicia un pedido para que la causa se investigue como un delito de lesa humanidad.
Mientras, Cesaroni reconstruyó los hechos en el libro Masacre en el Pabellón 7, una publicación que era el resultado de una investigación realizada por un colectivo interdisciplinario y que contenía el testimonio de Cardozo.
En agosto de 2014, la Sala I de la Cámara de Apelaciones determinó que la causa debía reabrirse y los hechos debían ser juzgados como delitos de lesa humanidad, ya que habían sido cometidos por agentes de una fuerza estatal.
En diciembre de 2018, el juez Rafecas ordenó las primeras detenciones y, tras concluir la instrucción, envió a juicio oral al exprefecto Juan Carlos Ruiz, ex jefe de la Unidad Penitenciaria, al exalcaide mayor Horacio Martín Galíndez que se desempeñaba como Jefe de la División Seguridad Interna de la Unidad; el exalcaide Carlos Aníbal Sauvage, a cargo al momento de los hechos de la Sección Requisa de la cárcel y el exayudante Gregorio Bernado Zerda, que era uno de los celadores del pabellón.
«Este es un primer tramo de la causa y hay otras personas que están acusadas. Creemos que puede haber un Pabellón 7 II con el correr de las investigaciones», señalo Cesaroni en diálogo con Télam.
En ese sentido, la abogada aseguró que se pedirán más medidas de prueba para aportar nuevos elementos a la causa, porque se estima que varias de las víctimas de la masacre están desaparecidas.
«De la cuenta que hice en todos estos años, a mí de dan que me faltan como 15 compañeros que nunca los encontré entre los muertos y los heridos. Oficialmente, se habla de 65, pero para mí deben haber sido varios más», indicó Cardozo.
La querella que representa Cesaroni está conformada por Cardozo y otras quince personas entre víctimas, hijos y hermanos de los presos que murieron en esa jornada.
«Sentimos que tenemos la responsabilidad de visibilizar lo que pasó y sigue pasando en las cárceles y dejar en claro que ese día, en Villa Devoto, no hubo un motín. Se trató de una represión criminal y debe ser investigada como tal», subrayó Cesaroni.
En función de las limitaciones que impuso la pandemia de coronavirus al sistema judicial, se estima que el proceso oral y público podría empezar recién en el año que viene.
«Sabemos que todavía falta pero lo importante es que vamos a ir a juicio. Es cómo dijimos siempre, ‘mientras no haya justicia, los presos se van a seguir quemando’. Esperemos que el fuego se vaya apagando y las heridas se empiecen a cerrar», puntualizó el sobreviviente.
