La Justicia Federal ordenó este miércoles el allanamiento de un campo de 5 mil hectáreas en un área protegida de las islas Lechiguanas donde hay una plantación ilegal de maíz, producción vedada por su característica y escala en el humedal. Allí encontraron máquinas cosechadoras y silobolsas. El procedimiento es consecuencia de varias denuncias de organizaciones ambientalistas, pero se concretó después de un año, cuando el daño al fragil ecosistema estaba hecho y los negocios facturados.
El campo es propiedad de la empresa El Mapuche SRL., dedicada a la explotación agrícola y ganadera con domicilio en María Ignacia (Estación Vela), del partido bonaerense de Tandil. Los responsables son Fabio Ernesto Di Fonzo, como productor, y Juan Pedro Nazar –hermano del creador de la marca de indumentaria Cardon– como propietario de los terrenos. El primero ya tiene denuncias por actividades prohibidas en las islas, y otros allanamiento pedidos por la Afip por comercialización de granos en negro.
La inspección de esta semana estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Los efectivos constataron la presencia de silobolsas con maíz recién cosechado y otros contenedores con granos. El puestero del lugar confirmó que habían ingresado maquinarias para levantar la cosecha en embarcaciones que ya fueron identificadas.
Era fija: primero los diques, después el fuego, y ahora las máquinas rurales llegan al Delta
Organización ambiental de Ramallo aportó información sobre siembra en el humedal recién incendiado
Hubo un aviso de la Justicia que fue violado: una medida cautelar dictada en diciembre pasado por el mismo juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso, por la que se estableció la «prohibición absoluta» de ingreso y uso de maquinarias, de aplicación de agroquímicos, movimiento de suelos, entre otras actividades perjudiciales para la conservación de esa área de humedales. La medida no se cumplió, y la Justicia no actuó hasta un año después.
Las acciones legales se iniciaron con la denuncia por actividad agrícola ilegal que presentaron las organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (Upva) y Cuenca del Río Paraná. Pero los colectivos ambientalistas no están conformes con el accionar del juez Alonso: «Actuó solo, sin comunicarle al fiscal y a las organizaciones denunciantes, y comisionó a la Prefectura para que allane el predio de islas que en primera instancia no pudo controlar, ya que las máquinas ingresaron a pesar de la prohibición», reprocharon. Y agregaron: «Si bien el juez confirmó que la cautelar fue violada, lo hizo después de que el maíz fue levantado y vendido».
Por eso, señalaron que «la demora en el accionar del juez permitió la explotación del lugar y no logró evitar que se dañe el ambiente».
El conjunto de islas Lechiguanas comprende unas 250 mil hectáreas de humedales ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de Entre Ríos, frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás, que resultan vitales para la biodiversidad de la zona y el sustento del medio ambiente.
Todo ilegal
Fabián Maggi, abogado especializado en derecho ambiental, recibido en la UNR y parte del equipo legal de la ONG Cuenca del Río Paraná, explicó al sitio ERA Verde que en las 5 mil hectáreas allanadas se construyeron “terraplenes y otras obras hidráulicas, como canalizaciones y depresiones en el terreno». El ambientalista recalcó que se trata de «una zona de mucho valor ambiental, a punto que era una zona de estudio del Conicet, que la monitorea desde hace varios años y ahora fue destruida por estos empresarios que justamente decidieron hacer una explotación agrícola ganadera”.
Lo denunciaron hace un año, pero pudo secar, sembrar, cosechar y vender
En noviembre de 2020, en pleno avance de los incendios que habían comenzado a principios de año, el colectivo Upva de Ramallo presentó una denuncia por las quemas frente a esta localidad que involucraba al mismo productor, Fabio Di Fonzo. En esa presentación, lo consideraron responsable de atentado ambiental por desviar ilegalmente un curso de agua y así dar el primer paso hacia la sequía y quema de una zona que, interpretaron con buen tino, se pretendía vaciar de agua para cultivos como los comprobados esta semana.
«Nuestra organización lleva nueve años. Desde agosto (de 2020) venimos padeciendo las quemas en las islas del lado de Entre Ríos porque las tenemos a 7 kilómetros. Hicimos varias denuncias, pero Prefectura no se hizo cargo. Dicen que no es su jurisdicción. Lo mismo con el municipio», contó en esa oportunidad la integrante de Upva Evangelina Romano a Radio Tandil.
La organización, junto a las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, presentó ante la Justicia entrerriana en julio del año pasado un pedido de medida cautelar «por daño ambiental», sustentada «en el principio precautorio y la ley general de ambiente».
«Cuando empezaron las quemas, ya teníamos conexión con organizaciones sociales de Entre Ríos y de Santa Fe porque los focos de incendio son ciento por ciento antrópicos, es decir que los produce el hombre. Ya sea por accidente o, como en este caso, un tema agropecuario. Lo comprobamos porque hicimos un seguimiento de investigación de campo que nos llevó tres meses», explicó Romano.
«No dijimos ni una palabra para verificarlo y agarrarlos con las manos en la masa. Hay un encubrimiento detrás del sector agropecuario para sembrar en las islas. Ahora se hizo visible gracias a un video que conseguimos con un dron identificando la máquina», refirió la ambientalista. Añadió que detectaron un mosquito (para fumigar), un camión hidrante, agroquímicos como glifosato y 24D y semillas. «Todo ese material está registrado en fotos, también los tenemos en video fumigando», insistió Romano. El colectivo registró cosechadoras trillando y el buque “Flecha Misionera” operando en horario nocturno para evadir los controles de Prefectura.
La organización encaró una investigación con la biológa e investigadora del Conicet Natalia Morandeira. El trabajo permitió cursar una denuncia con pruebas sobre dos terraplenes en las Lechiguanas que cierran para secado sendas áreas de 800 y 4500 hectáreas.
«Cerraron el paso que se llama Zanjón de San Gregorio debido a unas fotos que empezaron a circular por redes sociales, para que la gente no pasara. Los isleños y quienes tienen sus ranchos allí tampoco podían pasar. Cerraron con cadenas porque estaban fumigando y no querían que los vieran. Hicieron un terraplenado para que el agua no se filtre, secando aún más los humedales. Hicieron un secado con bombas de todas las lagunas internas. Y todo para preparar la siembra», contó Romano a Radio Tandil hace más de un año.
«El productor que denunciamos en nuestro comunicado es Fabio Di Fonzo. Lo sabemos porque los isleros nos dijeron que anda allí con la maquinaria y con un helicóptero», dijo entonces. Pasó un año, el empresario sembró, cosechó y vendió sin que la Justicia interviniera.
