La Justicia Federal ordenó que se cumpla la resolución vigente y se interrumpan las obras de canalización que desde un emprendimiento privado venían realizándose a la altura del kilómetro 426 del río Paraná, frente a la costa del balneario La Florida, destinada a unir la Laguna del Embudo con el brazo del Paraná Viejo. «No es la primera vez que aparecen este tipo de obras en esa zona de los humedales. Era importante interrumpir la obra y sentar un precedente», aseguró Jorge Bártoli, referente de la ONG «El Paraná no se toca».
«Este tipo de obras vienen siendo cuestionadas desde hace muchos años. Todas ellas afectan la transparencia hidráulica del sistema, o sea que el agua circule de forma natural por el humedal. Que se cumplan los ciclos naturales de creciente y bajantes», explicó Bártoli en diálogo con El Ciudadano. Se trata de obras emprendidas en su gran mayoría por particulares. «Ninguna cuenta con estudio de impacto ambiental ni autorizaciones correspondientes», advirtió.
En jurisdicción de Entre Ríos, apuntó Bártoli que las obras deben autorizarse por el Comité Regulador de Uso de Fuentes de Agua (Corufa). «Estas obras se inscriben dentro de la modalidad que nosotros denominamos de facto. En las islas es habitual ver movimientos de suelo a través de ingreso de maquinarias pesadas, con obras que se hacen sin ningún tipo de autorización. Sea para construcciones privadas, terraplenes orientados a secar lagunas y cortar arroyos o canales para derivar el agua de un lado hacia el otro», cuestionó.
Los avances del sector agropecuario e inmobiliario son las dos causas principales que motivan a aquellos que realizan movimientos de suelo en la zona de los humedales. «Desde el año pasado, cuando se genera la enorme crisis ambiental a partir de los incendios en las islas y se empiezan a multiplicar las denuncias, el Juzgado Federal N° 2 de Paraná prohibió de manera terminante la introducción de maquinarias destinadas a movimientos de suelo en el territorio de islas», recordó el dirigente ambientalista.
El canal en cuestión fue comenzado por el dueño de un parador, además poseedor de varios terrenos en las islas entrerrianas, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú y heredero de una importante fábrica de jugos, quien a la vez figura en una de las causas por las quemas en el humedal de 2020.
Bártoli aclaró que esa resolución está vigente y dio lugar a diferentes intervenciones. «Como la interrupción de las obras de terraplenamiento en la zona del kilómetro 43 de la traza vial Rosario-Victoria. Un movimiento de suelo fenomenal, que se venía denunciando desde hace varios años y nadie lo había logrado detener. También incautaron maquinarias a una persona que usurpaba las 800 o 900 hectáreas de las islas del «Legado Deliot» que pertenecen a la Municipalidad de Rosario», señaló.
Distintas organizaciones ambientalistas en defensa de los humedales vienen poniendo de manifiesto los loteos, las construcciones, el desmonte y la introducción de especies vegetales foráneas fuera de las normativas municipales. «En la zona que conocemos como el Paraná Viejo, un lugar bastante poblado por isleños y también con muchísimas propiedades de gente que vive en la costa santafesina y tienen casas particulares ahí, está bajo la órbita del Municipio de Victoria y no existe ningún criterio de ordenamiento territorial», denunció.
Según indicó Bártoli, «hay propietarios que tienen terrenos escriturados y hay gente que tiene permiso precario de ocupación. Hay mucha gente que no tiene título de propiedad y que cuenta con cesión de uso precaria. Otros directamente ocupan tierras fiscales».
La Justicia encontró máquinas para construir terraplenes en el delta del Paraná
