Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Unas 600.000 personas en toda la provincia —trabajadores públicos y sus grupos familiares— dependen del Iapos (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) para acceder a los servicios de salud. Sin embargo, en el último tiempo, desde distintos espacios sindicales se viene reclamando una mejora en las prestaciones. A fines de abril, el gobernador Maximiliano Pullaro determinó vía decreto el pase de la obra social a la órbita del Ministerio de Economía, con el fin de regularizar la situación económica de la entidad. Sin embargo, aún no se advierten mejoras entre los usuarios.
En el marco de diversos cortes de servicios de profesionales de la salud, el 30 de abril Pullaro firmó el Decreto 560, por el que la gestión administrativa de la obra social pasó de la órbita del Ministerio de Salud a Economía. El argumento fue regularizar la crisis económica y financiera que, se apuntó desde el gobierno, atraviesa el Iapos. Al respecto, El Ciudadano contactó a funcionarios de la entidad para consultar cómo se está avanzando en la regulación de la situación, pero no respondieron a las consultas.
Panorama complejo
“Desde ese día a la fecha las buenas noticias no han llegado”, señala Pablo Speziale, del movimiento político-sanitario Irma Carrica de la ciudad de Santa Fe, del Frente Patria Grande. Detalla: “Hay problemas que se vienen arrastrando desde hace tiempo, como la imposibilidad de un acuerdo entre la obra social y las agrupaciones de pediatras y anestesiólogos. Esto no sólo dilata una negociación entre prestadores y financiadores, sino que deja desamparados a afiliados y pacientes que quedan cautivos de tener que afrontar con dinero propio, conocido como ‘gasto de bolsillo’, las consultas médicas”.
En lo que va del año se registraron conflictos con clínicas y sanatorios, pediatras, dentistas y servicios de sepelio. El más reciente fue con el sector de los anestesistas, que cobran a los afiliados valores que rondan entre los 500.000 y el millón de pesos. “Hay compañeros y compañeras que nos llaman preocupados porque se tienen que hacer una operación o un estudio que requiere anestesia y no se lo hacen si no pagan al anestesista. En teoría esos montos después se reintegran pero no tenemos certeza de que sea así ni de cuándo será el reintegro”, informa Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario.
En junio hubo un aumento mayor al 100% de bonos, órdenes de consulta y de internación. “En un contexto inflacionario, de recesión y de crisis económica como el actual, no parece una idea positiva trasladar los gastos de la atención médica y de la salud a los pacientes. A esos gastos los afrontarán quienes puedan; quienes no, asistirán al subsector público, sobrecargándolo aún más”, sostiene Speziale. Y grafica: “En octubre pasado, un pediatra cobraba 4000 de plus. Hoy ese monto oscila entre los 13.000 y los 18.000 pesos”.
En julio, ATE Rosario informó haber recibido centenares de denuncias. “Hay médicos cirujanos que plantean copagos de hasta 350.000 pesos. Una serie de estudios oftalmológicos requieren 75 tramos (bonos) de $407.20 (más de 30 mil pesos). Hay estudios que salen $8000 sin Iapos y $5000 con Iapos. Algunos medicamentos ya no son reconocidos. Y el planteo de las autoridades es aguantar”, manifestaron en un comunicado.
La voz de los municipales
Andrea Paz es secretaria adjunta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram). Explica: “El reclamo que venimos sosteniendo desde hace tiempo es por el mal funcionamiento y el cobro de plus, que nunca se dejó de hacer más allá de que existe una ley que lo prohíbe”. Dicha ley es la N°13731, de 2017, que prohíbe que los médicos cobren por encima de los aranceles acordados con las distintas obras sociales y servicios prepagos. En junio, el ministro de Economía, Pablo Olivares, se refirió a ese cobro adicional como un fraude. Y adelantó que desde agosto se podrán realizar las denuncias correspondientes a través de una plataforma virtual, con el uso de un token.
La aplicación Mi Iapos, que funciona con un token de validación, ya se utiliza para la cobertura de medicamentos, aunque también genera críticas entre los afiliados. “De los trabajadores municipales, el 40 o 50% son compañeros que están en los obradores y en servicios públicos y no tienen posibilidades de tener un teléfono que le permita bajar esta aplicación, por lo que se complica el uso de la obra social también en relación a los medicamentos”, menciona Paz. En cuanto a la cobertura de las medicinas, agrega: “Prácticamente no entra ningún medicamento y los pocos que entran tienen un descuento ínfimo”.
La secretaria adjunta de Festram cuestiona además la falta de diálogo que hay por parte de los funcionarios del Iapos, cuyo director es Nolasco Salazar. Paz comenta que en los últimos meses presentaron dos pedidos de audiencia por el traspaso al ministerio de Economía, pero no fueron recibidos. “Lo único real y concreto es que la obra social funciona cada vez peor. En el norte de la provincia no se consiguen turnos, o te los dan a tres meses. Además de los plus, para hacer cualquier estudio tenés que pagar un adicional. Estamos con problemas con los anestesistas, y ya pasó con los odontólogos y con el servicio de sepelios”, cuestiona.
Asimismo, critica la conformación de una estructura —la subsecretaría de Planeamiento y Articulación Interinstitucional, a cargo del ex titular del Iapos Silvio González—, puesta en marcha en julio para controlar las prestaciones de la obra social. “No hay recursos para mejorar los servicios, pero sí para crear una estructura que no resuelve el problema y genera gastos”, reclama la trabajadora municipal.
Desde Festram piden integrar el directorio de la obra social: “Queremos ver cómo se distribuyen los recursos de los trabajadores y mejorar de esa manera los servicios que presta esta obra social, que por la cantidad de aportantes que tiene no debería tener inconvenientes en su funcionamiento”.
Docentes en pie de lucha
En una línea similar, Casiello plantea: “Hay una cuestión de fondo y es que el Iapos no tiene que estar manejado por el gobierno, sino por los propios usuarios, que somos los que aportamos y los que lo sostenemos”.
El docente coincide en el análisis: “Este es el año en el que hemos tenido más problemas. Por un lado se ha generalizado el cobro del plus: es muy difícil conseguir un médico que solamente atienda con la orden (que tiene un costo de 2040 pesos). El Iapos debería controlar eso y no lo hace”.
Y agrega: “Está claro que hay grupos muy poderosos que tienen poder de presión y quieren ver qué tajadas sacan. Pero hace falta un gobierno que los discipline, que los pongan en caja. No podemos ser rehenes de que se les ocurra pedir lo que se les da la gana”.
Casiello sostiene que, a diferencia de otros gobiernos, en esta oportunidad hay más diálogo. “El director del Iapos nos atendió muchas veces, y cuando charlamos con él nos dice ‘sí, está tal problema, ya se va a solucionar’ y nunca pasa. Y nosotros reclamamos porque no tenemos acceso a una cantidad de servicios que la obra social tiene que garantizar”. Una de esas reuniones entre Amsafe Rosario y Salazar fue en febrero; en ese encuentro desde el propio gobierno señalaron a grupos como Oroño y Gamma. Poco después sobrevendría el conflicto con las clínicas.
La tensión entre la demanda del sector médico y de grupos de clínicas y sanatorios privados y lo que la obra social debe garantizar se agudiza en medio de la crisis económica. Speziale sintetiza: “La salud no es un valor económico, sino que es un derecho”.
El reclamo de los transportistas
A las demandas de los sindicatos y usuarios se sumaron también los transportistas para personas con discapacidad. En los últimos días pidieron una mejora del arancel que paga el Iapos anticipando que, de no ocurrir, cortarán las prestaciones a fines de agosto. El servicio alcanza a unos 3.000 pacientes con discapacidad en la zona de Rosario.
El reclamo es por un arancel por kilómetro recorrido de 1.000 pesos cuando la obra social solo paga 470 pesos. “El brutal aumento de los combustibles en los últimos tiempos, la demora en aprobaciones prestacionales, los recortes en materia de modulación prestacional, etc. son algunos de los puntos más problemáticos que hoy atraviesan los prestadores transportistas”, indicaron desde Atraes (Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe).
Pablo Bolego, presidente de Atraes, precisó que el valor del kilómetro recorrido históricamente fue el equivalente a un 80% del valor del litro de gasoil Premium. “En diciembre de 2023 teníamos un arancel de 272 pesos por kilómetro, con el litro de combustible gasoil Premium a 328 pesos. A solo 6 meses llevaron el kilómetro a 470 pesos, pero el litro de combustible se disparó a unos 1300 pesos. Quiere decir que hoy el valor por kilómetro que el Iapos nos paga es el equivalente solo a un 35% del litro de combustible. No llegamos a poner gasoil para salir a trabajar”. Y comparó: “El valor nacional del nomenclador por un 1 km recorrido es de 530 pesos”.
