Sesenta y cinco días de investigación, 50 allanamientos, 57 declaraciones testimoniales, 81 celulares secuestrados y dos detenidos por el primer atentado a ex casas de funcionarios judiciales fue el resumen que brindaron este martes, en una conferencia de prensa, autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Seguridad. Los oradores dejaron entrever que los secuestros en los pabellones donde están presos miembros de la banda Los Monos fueron el primer material probatorio que trabajaron para avanzar en la pesquisa que arrojó la detención de uno de los presuntos autores materiales del ataque a casas que fueron propiedad del juez Ismael Manfrín. Agregaron que el autor intelectual en estos casos, según la pesquisa, es Ariel «Guille» Cantero. Respecto al resto de las balaceras prefirieron el hermetismo. En los próximos días ambos serán imputados por el delito de amenazas coactivas agravadas por tratarse de personas pertenecientes al Estado. Delito que prevé una sanción de 5 a 15 años de cárcel. Por la tarde, se sumó la detención, en Avellaneda al 4500, de un adolescente de 17 años buscado por las balaceras, quien quedó a disposición del fuero de Menores, informó Fiscalía.
El 29 de mayo comenzaron los ataques que ya suman una decena. La mecánica es similar en todos los casos. Personas que se movilizan generalmente en moto y balean los frentes de edificaciones con armas de grueso calibre. Aquella noche el blanco fueron dos ex viviendas del juez Ismael Manfrín, quien presidió el juicio por asociación ilícita y homicidios a la llamada banda de Los Monos y participó en el tribunal que estuvo a cargo del juicio por el crimen de Claudio «Pájaro» Cantero, hermano de Guille, donde los acusados fueron absueltos. Las propiedades están ubicadas en Italia al 2100, frente de la comisaría 5ª, y Montevideo al 1100.
Las casas fueron tiroteadas tras la orden de la Justicia federal de trasladar a Guille Cantero a una cárcel de Resistencia (Chaco) y Jorge «Ema» Chamorro a Rawson (Chubut), ambos procesados en la causa narco Los Patrones, cuyo juicio comenzará el mes próximo. Pero no fueron las únicas propiedades baleadas. También atacaron los frentes de viviendas que pertenecen a familiares del juez Juan Carlos, Vienna principal instructor de la causa por asociación ilícita en el fuero provincial, dos policías de la desmembrada brigada de División Judiciales con peso en ese expediente, y tres edificaciones que pertenecieron a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, otra de las integrantes del tribunal que enjuició a Los Monos. Tampoco se salvó el Centro de Justicia Penal, donde se desarrolló el juicio que terminó en abril pasado con condenas para 19 de los 25 enjuiciados, el último fin de semana. Estaba previsto que a partir del martes que viene en ese edificio tendrán lugar las audiencias de apelación de la sentencia en la mayoría de los casos.
La investigación
El fiscal general Jorge Baclini mostró este martes solidaridad y apoyo a todas las personas que fueron víctimas de estos hechos de suma gravedad, “que ponen en vilo y en juego una de las instituciones del Estado, y con ello el sistema democrático”, refirió y explicó que por eso se trabajó en forma «delicada, progresiva y paulatina». También con determinadas reservas.
Baclini informó que en la mañana del martes hubo 25 allanamientos en distintos puntos de la ciudad y se detuvo a dos hombres. Uno será acusado como autor material de uno de los hechos relacionados con el primer ataque y el otro fue detenido por la tenencia de un arma calibre .380 que se secuestró en su casa. También concluyeron que ubicaron a la persona que pudo haber dado la orden en el caso de la intimidación puntual contra Manfrín –quien se excusó de seguir entendiendo en el caso–, vinculado con Los Monos: Ariel Cantero, condenado a 22 años de cárcel en el fuero provincial.
El jefe de los fiscales provinciales explicó que además avanzan sobre otros posibles autores intelectuales que pueden no estar detenidos y sobre otro grupo que podrían ser autores materiales del resto de las agresiones. Agregó que además obtuvieron un dato concreto en el caso del tiroteo a la ex casa del sargento Ariel Lotito, encargado de las escuchas del caso, donde el arma utilizada fue secuestrada en uno de los domicilios allanados este martes, aunque en el lugar no hubo detenidos, aseguró.
El fiscal regional Patricio Serjal, por su parte, dio detalles de los procedimientos previos a los que se realizaron este martes. Dijo que hasta este lunes hubo 26 allanamientos, donde se secuestraron 81 celulares, algunos de los cuales aún se están peritando. También secuestraron 7 armas y 4 autos. En estos 65 días además se tomaron 57 testimoniales.
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, explicó que trabajaron arduamente junto con las fuerzas de seguridad de la provincia, federales y en colaboración permanente con el gobierno nacional, especialmente con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los procedimientos iniciaron a las 4.30 de la madrugada y participaron efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (que depende de la PDI santafesina), Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria (ambas de la Nación).
Fiscalía informó que el sindicado autor material de las intimidaciones contra Manfrín fue apresado en Medina al 4300 (Felipe Moré a la misma altura), en la zona sudoeste. También se dijo en forma oficial que en otro de los domicilios allanados, en Esmeralda al 1800, fueron secuestrados 600 mil pesos en efectivo. El operativo se desplegó sobre viviendas de las zonas sur y sudoeste, pero también de Granadero Baigorria y Puerto Gaboto.
«Golpear la institucionalidad»
«En este tiempo trabajamos fuertemente poniendo todos los esfuerzos para dar con los autores intelectuales primero y materiales después de estas balaceras que pretendían golpear fuertemente las instituciones democráticas pero puntualmente golpear la institucionalidad de la provincia de Santa Fe», dijo el ministro, y de inmediato agregó: “Las políticas de Estado, las políticas de seguridad, las políticas de avance de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia bajo ningún concepto van a retroceder”.
En todas las referencias los funcionarios hablaron de los dos primeros hechos y mantuvieron el hermetismo respecto de los otros ataques que se investigan, aunque no descartaron hipótesis vinculadas con otras bandas que disputan territorio. Asimismo prefirieron no brindar datos del detenido como presunto autor material hasta la audiencia imputativa: sólo adelantaron que cuenta con antecedentes penales.
Para Pullaro estos ataques pretendieron «amedrentar para que el Estado, no sólo el gobierno de la provincia sino todas las instituciones del Estado, retrocedan en decisiones que se fueron tomando durante todo este tiempo». En cuanto a la comunicación que mantienen algunos detenidos con el exterior a través de celulares, Pullaro puntualizó que hoy tienen «una política mucho más focalizada al respecto». Añadió que centan con inhibidores pero “este tipo de delincuentes o tipos de organizaciones criminales evidentemente tuvieron acceso a teléfonos, que fueron secuestrados por el Servicio Penitenciario. También por fuerzas federales en diferentes allanamientos. Esos teléfonos fueron los que dieron los resultados a los que llegamos hoy”, refirió.
En cuanto a la apelación que tendrá lugar la próxima semana, audiencias previstas en el Centro de Justicia Penal, Pullaro contó que el último sábado, tras el ataque a tiros a ese edificio, donde se reunió con autoridades del MPA y el Poder Ejecutivo, el gobernador Miguel Lifschitz ordenó que tomen todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad, fundamentalmente en lo que es la audiencia de apelación. «A partir del sábado por la tarde se tomaron las primeras medidas extremas sobre este edificio y otros edificios, sobre custodias fijas y esporádicas sobre distintos funcionarios judiciales», dijo. «Además, el secretario de Seguridad Pública, conjuntamente con el jefe de la unidad de provincia, jefe de la unidad regional, de TOE y el jefe de custodia de la Oficina de Gestión Judicial estuvieron planificando el operativo que se va a llevar adelante», concluyó.
