Por Romina Sarti*
En el marco de una motosierra estruendosa, que gusta desfinanciar y pulverizar derechos, el gobierno nacional autorizó el uso de palabras como idiota, imbécil, débil mental (ver AQUÍ) para otorgar las pensiones a las personas con discapacidad.
¿Amparados? en el recorte de las asignaciones, sustanciado en el decreto 843/24 que detalla que una de las premisas del ESTADO NACIONAL es lograr la máxima eficiencia en la administración de los recursos públicos para lograr una mejora sustancial en la calidad de vida de todas las personas que habitan el territorio argentino (ver AQUÍ) consideramos que hay una política que busca el avasallamiento expansivo y total de los derechos del colectivo.
Estas acciones contradicen no sólo la legislación nacional, sino también acuerdos internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la que nuestro país suscribió en el 2007 y la ratificó en 2008. La Convención marcó un cambio en el abordaje de la discapacidad, al concebirla desde una perspectiva social, como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (CDPD, preámbulo, inciso e). La CDPD es el resultado de años de luchas del colectivo disca, para terminar con situaciones de injusticia, discriminación, estigmatización y patologización. Garantizar que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, obtura nociones anacrónicas meramente salutistas. (ver nota AQUÍ)
Habilitar como lenguaje oficial el uso de palabras peyorativas, ofensivas y discriminatorias hacia el colectivo disca, contribuye a deshumanizar y estigmatizar, propiciando la ignorancia y violencia, negando los derechos inherentes y la dignidad (ver nota AQUÍ). Históricamente, estas palabras han sido utilizadas para marginar y oprimir a las personas con discapacidad, perpetuando estereotipos negativos y consolidando miradas homogeneizantes, expulsivas, que estimulan la violencia.
Eternizar la discriminación con palabras, con hechos, viola los derechos asentados en la CDPD. El uso de estos términos impacta en la persona con discapacidad, en la sociedad, en la democracia, fomentando a su vez la patologización. Este hecho no se reduce al lenguaje, sino que es un reflejo de una época que permite (y avala) el avance de una ideología, de una visión eugenésica que parecía superada.
*Licenciada en Ciencia Política (UNR), militante por la diversidad corporal, anticapacitista, docente universitaria en UGR, trabajadora en la Secretaría de DDHH de la UNR. IG: romina.sarti
