El conflicto ambiental que envuelve al Parque Rafael de Aguiar, un área natural protegida que abarca 1.700 hectáreas en la costa de San Nicolás, sumó un nuevo capítulo esta semana cuando los abogados del intendente local incorporaron al expediente judicial una publicación que subió a redes sociales un docente jubilado.
Se trata de un compilado de imágenes que intercala fotos de un viejo basural a cielo abierto con postales actuales de cientos de vecinos ocupando un espacio verde al aire libre. El anclaje del relato visual es un texto breve donde el autor del posteo, quien se presenta como historiador, aclara que “en el mismo lugar donde hace muchos años había un basural hoy hay un EcoParque”. Y es verdad. Aunque como en toda síntesis, el contenido del recorte no dice tanto por lo que enuncia sino por lo que deja afuera.
Al menos esa fue la contestación espontánea que presentó la ONG Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea) en el expediente judicial para dejar asentado que el basural al que hacen mención las fotos de archivo que adjuntó el Municipio fue erradicado hace unos 30 años y ocupaba sólo el 1% de la reserva del Parque Rafael de Aguiar, “situación que contrasta notablemente con los seis kilómetros de terraplenes construidos, las más de 70 hectáreas de bosque nativo arrasado y los nueve kilómetros de costa del arroyo Yaguarón severamente dañadas”. En esa disputa de sentidos radica la cuestión de fondo.
¿Espacios recuperados o dañados?
En 2021, los integrantes de Fomea y asambleas vecinales presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el intendente Manuel Passaglia por aprobar un código urbano “regresivo” en términos ambientales y sin participación ciudadana.
Con esa cuestionada ordenanza, el Municipio de San Nicolás le quitó el carácter de zona protegida al Parque Rafael de Aguiar, lo transformó en EcoParque y desde entonces la obra pública avanzó con la deforestación de más de 70 hectáreas en la zona de bosques nativos y humedales, modificó cursos de agua, construyó terraplenes y puentes flotantes para cruzar en vehículos particulares a las islas.
La causa judicial se encuentra actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires que ya emitió varios fallos: dictaminó el cese de la ejecución de obras dentro de la reserva ecológica, clausuró puentes vehiculares y realizó varios llamados de atención ante incumplimientos del Municipio para acatar órdenes judiciales.
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Las obras también fueron clausuradas a nivel administrativo por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que tiene tutela sobre los bosques nativos que deben ser conservados a perpetuidad, y por la Autoridad del Agua, otro organismo provincial que semanas atrás declaró que lo ejecutado dentro de la isla Ballestero es ilegal, daña el ambiente y por lo tanto instó al Municipio para que restituya el terreno a su estado natural.
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“Carencia y precariedad”
Para la ONG Fomea, el posteo de Facebook que esta semana presentó el Municipio nicoleño ante la Corte Suprema de Justicia es una muestra de “carencia de argumentos serios”. Los miembros de la Asociación Civil acusaron a las autoridades locales de provocar confusión e intentar instalar una idea falsa: que la totalidad del Parque Rafael de Aguiar era un basural.
Al respecto indicaron que “el antiguo basural ocupaba tan sólo el 1% del territorio que abarca unas 1.700 hectáreas”, dato que acreditaron con el propio “Plan de Manejo” aportado por la Municipalidad. Según esos datos, de las 1700 hectáreas que abarca la reserva, el basural erradicado a mediados de los años noventa ocupaba sólo 17 hectáreas.
“La mayor parte del Parque Rafael de Aguiar siempre fue un territorio prístino. Nunca fue un basural como arteramente pretende instalar el Municipio de San Nicolás con una publicación personal sacada de un posteo de Internet”, esgrimieron desde Fomea.
Sobre ese posteo de Facebook, desde la ONG mencionaron que “no puede ser valorado en la causa judicial porque es una mera opinión personal carente de base técnica que la sustente”.
Ante ello resaltaron la “precariedad del Municipio por recurrir a un posteo de redes sociales” y advirtieron que la persona que hizo la publicación, un docente jubilado que se presenta como “historiador y profesor de historia”, no tiene ningún título habilitante sobre cuestiones ambientales para dictaminar”.
Desde Fomea recordaron que la misma persona ya hizo otras publicaciones acusando a los ambientalistas de “resistirse al progreso” y señalaron que el hombre está casado con una concejala oficialista del PRO y suele posar en fotos de eventos públicos junto al intendente.
“Nos llama la atención que la publicación del docente no mencione la problemática que el Parque presenta en torno a los efluentes cloacales sin tratamiento, ni la problemática en torno al actual relleno sanitario que si bien está alejado de la vista de los ciudadanos su manejo dista mucho de los estándares de protección ambiental que debería cumplir y no lo hace», advirtieron desde Fomea.
“Observamos cierto tinte de parcialidad y una clara intención de generar confusión. Nos preocupa que el Municipio enfoque su argumento en el comentario de un ciudadano que se alza contra la ley por su mero parecer, que desconoce las garantías constitucionales que protegen los bosques nativos y ecosistemas de humedales y que continúe haciendo caso omiso a un fallo de la Corte. Este absoluto desapego de las leyes muestra la degradación y decadencia del pensamiento crítico que estamos atravesando”, concluyeron.
