“Somos 11 millones de inquilinos en todo el país y más de 300.000 las personas que alquilamos en Rosario. Nuestra realidad es cada vez más difícil y para el Estado parece que no existimos”, marcó el referente de Inquilinos Agrupados Sebastián Artola. La organización publicó este martes la primiera “Canasta Inquilina”, un trabajo que mide cuál es el salto de la Canasta Básica para el tercio de la población de Rosario que debe afrontar mes a mes el pago de un techo, ya que “el Indec no tiene en cuenta el precio del alquiler ni de las expensas en sus mediciones”. Publicada la cuenta final en Instagram, con el usuario @inquilinos_rosario, los comentarios son elocuentes: “angustiante”, “al horno”, “inhumano”, reflejaban los primeros.
La medición de Inquilinos Agrupados cruzó los datos de pobreza e indigencia del Indec con el relevamiento de precios de alquileres de hogar realizado por la propia ONG. En esa línea, el cálculo correspondiente al mes de junio estableció que una persona adulta necesita $649.566 para poder afrontar un alquiler y a la vez comer, vestirse y tener acceso a salud y educación que es lo que mide la Canasta Básica Total del Indec.
De la misma forma, una pareja necesita $1.052.947; mientras que una familia compuesta por dos adultos y dos menores requiere de $1.507.276 para cubrir la existencia bajo un techo alquilado. “Un inquilino necesitó el doble de ingresos para no caer en la línea de pobreza”, sintetizó Artola.
Y más también: la Canasta Básica Total para un adulto arrojó en junio un valor de $282.578,89 y contabilizando el alquiler salta a más del doble. De igual modo ocurre para un hogar de dos personas, con la Canasta sin alquiler ni expensas a 500164,83 pesos, y para una familia de cuatro integrantes, que necesitó un ingreso mínimo de $ 828.158 para no caer en la pobreza, la cifra se eleva a apenas por debajo del doble si deben afrontar el alquiler de su vivienda. ¿Cómo se traslada esa situación a la economía familiar? La hace naufragar: endeudamiento, rescición de contratos, tarjetas de crédito reventadas, son algunos de los síntomas.
Pagar o no pagar, es la cuestión
Según reflejó Artola sobre el trabajo, el 62% de los inquilinos tiene deudas ante la imposibilidad de hacer frente al pago de servicios, comprar comida y solventar el techo: “La última encuesta nos da entre un 40 y un 50% de los ingresos totales de una familia que se lo lleva a sostener el alquiler”, grafica Artola. Y advierte: “Claramente está en un en un pico histórico y habla de un problema que se agrava”.
Así, en el relevamiento el 54% mantiene deudas con tarjetas de crédito: el 29,4% para pagar otras deudas, y el 37,6% por compra de alimentos.
En tanto, una de las cuestiones que tornan más grave la situación de los inquilinos es el decreto de necesidad y urgencia 70, de 2023, que derogó la ley de Alquileres en un contexto de alta inflación, caída del poder adquisitivo del salario y subas estrepitosas en gas, electricidad y agua, y con liberación de precios en otros servicios como internet. Dos semanas atrás, Inquilinos Agrupados terminó de procesar una encuesta que da cuenta de que, a partir del DNU 70/2023 –que fue rechazado por el Senado nacional pero continúa vigente sin el correspondiente tratamiento en la Cámara de Diputados– los contratos de alquiler predominantes son son de un año y dos años, con aumentos trimestrales o cada cuatro meses por inflación. “El principal problema es cómo poder pagar el alquiler y esto se viene manifestando de distintas maneras: por un lado la rescisión anticipada de contrato es cada vez más frecuente; por el otro lado es el endeudamiento, pero también la morosidad, por ejemplo en el pago de las expensas”, marcó Artola.
Otro ejemplo de cómo impactó el DNU es que los contratos firmados en 2024 pagan aproximadamente entre un 40% y un 50% más que aquellos que están bajo la ley de Alquileres, por ahora derogada por el propio decreto. Queda, según la encuesta, un 38% de contratos bajo la ley, que establecía tres años de contrato en forma obligatoria para dar certeza a los inquilinos.
Con la desregulación establecida en las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” (título del DNU 70) locadores y locatarios tienen la “libertad” de fijar el plazo del contrato y puede ser a tres años, pero la encuesta refleja que en menos de 1 de cada 10 casos (9,7%) se firma por ese plazo. Y más de la cuarta parte (27,2%) son contratos de alquiler cortos, “con un período de duración menor o igual a 1 año”. Los de entre uno y dos años son la mayoría, “57,7% de los casos relevados en junio”.
Eso sí, en casi todos los casos la actualización ya no es anual: “El 95,5% de los inquilinos/as tiene actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses. Específicamente, en promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada 3-4 meses”, marca la encuesta de Inquilinos Agrupados como parte de las consecuencias del DNU 70/2023.
En esa tendencia, poco de quienes alquilan creen que en el futuro tenderan a mejorar: la amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios o ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad. Y casi 9 de cada 10 inquilinos encuestados (el 88,4%) considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses.
Y ya un 15% respondió que fue desalojado por no poder afrontar los aumentos de los alquileres.
Prácticamente todos (97,8%) cree que los únicos beneficiados con el DNU 70/2023 y su consecuente eliminación de la ley de Alquileres son los rentistas y el mercado inmobiliario.
Invisibles
Inquilinos Agrupados remarcó que, al no tomar en cuenta ese costo, el Indec no refleja nada más y nada meos que “el gasto más importante de 3 millones de hogares de la Argentina”.
“Ni a nivel nacional ni provincial el Estado releva el precio de los alquileres. Claramente, no es lo mismo el costo de vida para quien alquila que para quien tiene vivienda propia”, explicó Artola. Y agregó: “El Indec, como el Ipec a nivel provincial, debería incorporar el alquiler de vivienda a sus mediciones. El hecho que no se releve el gasto en alquiler sigue invisibilizando una realidad que es cada vez más grave y afecta a 11 millones de personas que alquilan en el país y a los más de 700.000 inquilinos que hay en la provincia de Santa Fe”.
“Por eso, desde Inquilinos Agrupados decidimos empezar a publicar la evolución de la Canasta Inquilina con datos relevados por nosotros hasta que sea política de Estado el acceso a la vivienda”, concluyó el referente social.
