El último día de 2019, las fiscales santafesinas Mariela Jiménez y María Laura Urquiza imputaron a 36 personas como parte de distintas asociaciones ilícitas que se dedicaban a prestar dinero a intereses abusivos. Cuando las personas no podían afrontar el pago de la cuota utilizaban la coacción para lograr el cobro, lo que en al menos dos casos derivó en suicidio.
Una de las víctimas fue una mujer embarazada que dejó una carta donde contaba que decidió quitarse la vida porque no aguantaba más el acoso y las amenazas, esta información fue clave en la investigación. A los imputados además le achacaron el delito de usura y en algunos casos tenencia de arma de fuego, coacciones y amenazas. El próximo vienes se realizará una audiencia para discutir la medida cautelar para 17 de ellos. Otros tres acordaron una medida cautelar y los 16 restantes recuperaron la libertad, aunque siguen vinculados al proceso mientras negocian las condiciones de un procedimiento abreviado.
Los sospechosos fueron detenidos tras 27 allanamientos que se realizaron el viernes pasado en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, incluso algunos de ellos fueron en lujosos barrios privados. Además, este martes otras tres personas fueron detenidas cuando intentaban cobrar las cuotas a deudores en forma violenta.
Para las fiscales, la estructura delictiva tenía siete asociaciones ilícitas que funcionaban con una modalidad similar: la usura. Las organizaciones eran de carácter permanente, estable y organizada aunque aún investigan la vinculación entre ellas. Otorgaban préstamos de dinero a distintas personas, aprovechando la necesidad, ligereza o inexperiencia de las víctimas, a quienes les hacían prometer el pago de intereses desproporcionados con su prestación u otorgar recaudos y garantías de carácter extorsivo. Algunos de los planes de pago eran por día o por semana, explicaron las fiscales.
“La mecánica delictiva consistía en entregar dinero a personas –generalmente propietarios de pequeños comercios– a las que les cobraban una contraprestación consistente en pago de cuotas diarias o semanales con tasa de interés e intereses por mora notoriamente desproporcionadas con el dinero otorgado y superior a la tasa de mercado”, dijeron.
Las víctimas firmaban un cartón donde constaba las cuotas diarias que debían abonar. El cobrador pasaba por su casa y si no lograba el pago o la persona no estaba, comenzaba el hostigamiento junto a la violencia verbal o física, que en algunos casos incluía el uso de armas de fuego. Incluso se llevaban electrodomésticos en parte de pago. Si se atrasaban, le refinanciaban la deuda a una tasa desproporcionada en comparación a la utilizada en el mercado, enumeraron las representes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Amedrentados
Las tasas que se cobraban por los créditos eran usurarias y si la víctima no podía pagar, la visita de los cobradores tenía otro matiz. Amenazas y extorsiones eran los métodos más comunes. Dos de sus clientes terminaron quitándose la vida no sin antes dejar cartas en las que contaron los padecimientos que habían sufrido a manos de este grupo de usureros, misivas que fueron claves para la investigación.
En la audiencia de este martes, la Fiscalía detalló uno de estos casos y contó que la víctima estaba embarazada de 5 meses. La mujer dejó una carta manuscrita donde decía que había tomado la decisión de quitarse la vida porque se sentía agobiada, con temor por su familia y lo hacía para proteger a sus hijos. En la carta dejó los números de teléfono de los cobradores, que los investigadores utilizaron para obtener material probatorio y llegar al resto de la banda.
También hubo personas que se animaron a denunciar y las presentaciones se incrementaron tras la ronda de allanamientos donde se secuestraron nueve autos de alta gama, siete motos, una camioneta, siete armas de fuego, 47 mil dólares y cerca de un millón y medio de pesos además de documentación de interés para la causa, entre ellos pagarés firmados en blanco y una serie de dispositivos electrónicos.
Estructura usuraria
Las fiscales agregaron que había 7 grupos delictivos delineados por distintas firmas que se dedicaban a lo mismo y utilizaban la misma mecánica para el préstamo de dinero, bajo las mismas condiciones y con iguales métodos violentos para el cobro. Una característica que resaltó fue que la mayoría de sus miembros son personas jóvenes, no superan los 30 años.
Explicaron que las firmas utilizadas son: Belle Maison Mueblería y El Sol, Prestocash, Cipres, Prestamás, CrediYa, Créditos Santa Fe y una última organización que no trabajaba bajo ningún rótulo. En algunos casos, estas estructuras que eran irregulares se vinculaban a empresas formales de otros rubros que hacían las veces de pantalla. En la mayoría, la banda estaba integrada por cuatro personas y en el caso de CrediYa, la organización estaba conformada por diez integrantes.
Todas tenían uno o más de jefes, que en algunas estructuras eran mujeres. En alguno de los casos también se sumó la figura del organizador y, por lo general, entre los miembros se encuentran las personas que se dedicaban al cobro de las cuotas adeudadas y de amedrentar a las víctimas cuando no tenían el dinero, por lo que fueron además imputados por amenazas coactivas.
La Fiscalía explicó que de las 16 personas que quedaron en libertad, la gran mayoría decidió discutir un acuerdo abreviado y son los que fueron imputadas como miembros de la organización. Sobre el resto, esperan la audiencia del próximo viernes donde se sabrá la prisión preventiva y en su mayoría se trata de imputados como jefes u organizadores.
Las fiscales explicaron que en el caso hay otros dos imputados que ya cuentan con una prisión preventiva por 40 días mientras que en el caso de una coimputada convinieron con la defensa una prisión domiciliaria. Estiman que los tres hombres detenidos este martes serán imputados el próximo jueves.
