En enero del año pasado, Silvina denunció al progenitor de su hija por cometer un ataque sexual contra la niña de cuatro años. El acusado tenía una restricción de acercamiento tras una denuncia por golpes contra la víctima. La Justicia lo imputó por el delito de abuso sexual simple calificado y, cuatro meses después, el acusado denunció a la madre de la nena por corrupción de menores. Se basó en declaraciones de la mujer y un informe psicológico que fue cuestionado por el Tribunal de Ética. El pasado lunes 26, el juez Carlos Leiva lo aceptó como querellante. Silvina denuncia violencia institucional y cuestiona la falta de perspectiva de género de una Justicia que acepta que los derechos de su hija sean defendidos por la misma persona que los vulneró.
“Desde 2017 siento que no soy escuchada por la Justicia; aunque presento pruebas y testimonios mi palabra no vale. Hay violencia institucional y un trato desigual. El poder judicial sostiene un pensamiento patriarcal. Veo ilógico que a un progenitor que no puede acercarse a su hija, sólo por tener una partida de nacimiento y pese a estar imputado, le den el poder de ser querellante en defensa de los derechos de una hija que él mismo vulneró”, dijo Silvina, la mamá de la niña, a El Ciudadano.
Vulnerada
En enero de 2020, Silvina llevó a su hija a ver a una médica ginecoinfantojuvenil del Sanatorio de Niños. En la consulta, la niña le contó a la profesional las cosas que le hacía su papá. Luego de revisarla, encontró evidencias de abuso. “O hacés vos la denuncia o la hago yo”, le dijo la médica a Silvina, quien le contó las situaciones de hostigamiento que había padecido. “Si denunciás me van a llamar a declarar. Esta vez te van a escuchar”, agregó la médica.
El 26 de febrero de 2020 el progenitor de la niña -un empleado bancario de iniciales R.M.A.- fue imputado por abuso sexual simple calificado por la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Alejandra Raigal. Cuatro meses después, el acusado denunció a la mamá de la niña por corrupción de menores. Tomó parte de la declaración que ella hizo cuando lo acusó y sumó un informe psicológico de dos profesionales que, según contó la madre de la niña, no la entrevistaron ni a ella ni a la menor.
“Dijeron que se basaron en el legajo fiscal pero ignoraron la situación de abuso. Emiten su opinión en base a esa documentación, pero no me entrevistaron ni a mí ni a mi hija. No se escucha a los niños ni se piensa en sus derechos. Me siento indefensa. Como mamá de una víctima y como víctima siento que tiene más derecho el imputado que nosotras”, contó.
La fiscal Graciela Arguelles aceptó la denuncia pero no acusó formalmente a la mujer. El último lunes, el hombre se constituyó como querellante en la causa en supuesta defensa de los derechos de la niña a quien no puede acercase por una orden judicial desde enero de 2020.
“La decisión del juez Carlos Leiva se basa en la letra del código de procedimiento según el cual uno de los requisitos para ser querellante es ser heredero legitimario. El hecho de que sea el padre biológico no implica que pueda representar a la víctima ya que él se encuentra imputado de abuso sexual simple calificado”, dijo Vanesa Vargas, quien junto con María Victoria San Juan Soria representa a la madre de la niña.
“La voluntad del legislador al momento de sancionar esta reforma procesal fue salvaguardar los derechos de la víctima. En este caso, el progenitor tiene una perimetral vigente. Pareciera absurdo que se le permita constituirse como querellante. El juez no tiene perspectiva de género, ni con la madre, ni con la niña, ya que hay un contexto de violencia que no fue evaluado”, agregó la letrada.
Para la abogada, la Fiscalía debería desestimar la denuncia del progenitor. “Entendemos que es una respuesta a la imputación. La misma Fiscalía que lo acepta como querellante es la que lo considera posible abusador. Es una contradicción del Ministerio Público de la Acusación. Hay una violencia simbólica y hay una responsabilidad del MPA en sostener y mantener esta denuncia”, concluyó.
Contexto de violencia
La violencia contra Silvina comenzó durante el embarazo: él la agredía, insultaba y amenazaba. Ella pidió ayuda a la línea telefónica 144 pero tuvo miedo de denunciarlo por las posibles represalias. Cuando nació su hija, ellos ya estaban separados. Silvina no quería que él ingresara a su casa para verla, pero él la amenazaba con llevarse a la niña y discutieron por el régimen de visitas. Ella pidió visitas asistidas que una jueza no autorizó.
En 2017 lo denunció por primera vez por lesiones contra su hija que, por entonces, tenía un año. “Me la devolvía con fuertes golpes en la cabeza sin explicación. Me la entregaba tapada para ocultarlos. Llamé al 144 y me dijeron que los constate con un médico. Después del tercer golpe, lo denuncié”, recordó la mujer.
Según Silvina, una médica revisó a la niña y le encontró un golpe en la cabeza y marcas en la espalda asimilables a dedos. Le dijo que podría habérselas hecho sola o podrían haber sido consecuencia de golpes externos. La fiscal María Teresa Granato, de la oficina de Violencia de Género, tomó nota de la acusación pero, según contó la madre de la niña, nunca llamó al acusado a dar su declaración.
“En la sede de Familia, él reconoció que la nena se le había caído un par de veces pero no le pareció importante”, recordó la mujer, quien señaló que cuando el año pasado quiso recuperar la denuncia por lesiones encontró que el expediente estaba incompleto.
Tras la primera denuncia, el progenitor retomó las visitas asistidas durante un año, pero una nueva resolución judicial lo habilitó a visitar a la niña a solas.
Silvina contó que recién el año pasado la menor pudo verbalizar los abusos que ya evidenciaba a través de su comportamiento: cambió su temperamento, no dormía, no quería que la bañaran.
Hoy la niña de cuatro años está en tratamiento psicológico. La profesional que la atiende considera que aún no está en condiciones de declarar. “Se espera que el niño declare y cuente lo que pasó cuando en situaciones de abuso la víctima tiene que estar en condiciones para hacerlo. La Justicia pretende que la nena hable pero hay otros elementos de prueba. Lo importante es no caer en una revictimización, sino que se le crea a la niña y se trate de llegar a la verdad”, concluyó su mamá.
