La jueza Valeria Pedrana ordenó que un hombre imputado por el secuestro extorsivo de un empresario de la construcción sea analizado por un psiquiatra forense para determinar si comprende la criminalidad de sus actos y puede enfrentar el proceso penal.
El viernes pasado, entre las 10.30 y las 14.30, el acusado mantuvo secuestrado en su departamento a uno de los socios de una constructora, al que le exigió que le devuelva 30 mil dólares que le había entregado al celebrar un contrato para la construcción de una vivienda.
Según expuso la fiscal Viviana O´Conell, desde un principio la relación con el cliente había sido conflictiva: hostigaba al personal de obra, los amenazaba con armas de fuego y hasta con una katana y les pedía cambios a último momento que terminaban en enojos y discusiones, al punto de que varios arquitectos encargados de la obra renunciaron.
El acusado se quejó en reiteradas ocasiones de que la obra no avanzaba hasta que el viernes pasado citó al empresario responsable a su departamento alegando que se encontraba con su pareja, la cual estaba muy nerviosa y quería explicaciones.
El titular de la constructora confió y apenas ingresó fue esposado al calefón a punta de pistola. Allí fue amenazado con matarlo a él y a su familia si no le devolvían los 30 mil dólares que le había pagado más otros 5 mil por robos que había sufrido durante la obra, además de hacerle firmar documentos. El acusado le dejó hablar con el socio para que le consiguiera el dinero, lo que se hizo mediante entrega controlada por un operativo entre Fiscalía y la Policía.
Cuando el acusado estuvo en poder del dinero liberó al empresario y después, sabiendo que la policía lo tenía rodeado, salió del departamento y fue detenido. En el departamento encontraron frascos de marihuana y 4 armas, mientras que el dinero estaba escondido en la terraza, lugar al que llegaron gracias a la propia declaración del detenido.
La fiscal Viviana O´Conell planteó su incompetencia por considerar que se trataba de una delito federal pero la jueza Valeria Pedrana explicó que el mismo no había sido cometido por una organización delictiva ni habían participado miembros de la fuerza de seguridad, dos elementos necesarios para considerar que se ve afectado el orden nacional.
Al finalizar la audiencia la magistrada ordenó que el acusado sea evaluado por el consultorio médico forense de psiquiatría para saber si está en condiciones de ser sometido a un proceso penal, si comprende la criminalidad de sus actos y si puede resultar peligroso para sí mismo o para terceros.
