“Las picadas, traducidas en el Código Penal como un prueba ilegal de velocidad, son un delito de peligro por lo que hay un adelantamiento de punibilidad”, explicó el juez Ramón Lanzón en la audiencia que este viernes tuvo como protagonistas a cuatro jóvenes. La Fiscalía pidió imputarlos por participar y promover una carrera clandestina a principio de septiembre en Lamadrid y Oroño. A uno de los jóvenes además le achacaron la tenencia de dos armas, y solo una estaba registrada a nombre de su padre. Para él pidieron 90 días de prisión preventiva. Para otro joven, que subió un video a YouTube antes de la carrera, solicitaron 60 días y 40 días para los restantes. El juez admitió la imputación con un llamado de atención sobre la delgadez de la prueba y dispuso la libertad de los jóvenes, pero deberán ir una vez por semana a la Justicia y pagar fianza de 20 mil pesos.
Sin apuro
Este viernes la audiencia se demoró más de lo esperado, arrancó una hora y media más tarde porque faltaba uno de los jóvenes. En una sala colmada de familiares también estuvieron autoridades de la Dirección de Tránsito de Rosario. Es que la investigación que los llevó a la Justicia empezó por una denuncia de la Municipalidad de Rosario. El fiscal Gustavo Ponce Asahad dijo que en el año ya se produjeron cinco picadas y, si bien esta investigación es insipiente, hay otras que involucran motos.
El funcionario habló de una carrera ilegal convocada por las redes sociales para el 6 de septiembre. El “anuncio” también llegó a las autoridades e hicieron un procedimiento cerrojo. “Muchos de los asistentes escaparon entre los inspectores y aún esperan identificar a unos 40 participantes”, dijo el fiscal. El procedimiento quedó registrado en varias cámaras de seguridad de la zona. El mecánico acusado subió un video a Youtube tildando al accionar de las autoridades como “puro circo”. El fiscal recalcó que en las filmaciones de las cámaras de seguridad se observan que corren a unos 250 kilómetros por hora y casi atropellan a dos personas. “Además le sacaban la patente delantera a los autos para no ser detectados”, dijo.
Uno por uno
El fiscal imputó a Alexis Leandro P. de participar de la prueba ilegal el 6 de septiembre y las 2 de la mañana del día siguiente en Lamadrid y Oroño. A Damián Alberto G. le achacó el mismo delito aunque dijo que además promovió la picada. En cuanto Joel Z., un conocido youtuber, le agregó la instigación a cometer delitos en forma pública y masiva a través de la red social. Es que a la tarde del 6 de septiembre se viralizó una filmación dónde Joel Z., habla de la convocatoria. La cuenta del joven tiene 55 mil suscriptores y el video del operativo tuvo unas 85 mil visualizaciones. Al mecánico Leandro Matías C. lo imputaron de promocionar las carreras ilegales reparando autos que sabía que iban a participar e hizo referencia a un Renault Clio que atendió en el playón de la estación de servicios de la esquina dónde se disputaban las picadas y de un Volkswagen Polo involucrado que había reparado. También le achacó la tenencia de una pistola Bersa 380 que estaba en su casa y una carabina calibre 22 dónde funciona su taller mecánico.
El fiscal explicó que se secuestraron teléfonos celulares, notebook, computadoras y tablets más repuestos de autos. Por último, recordó que desde la puesta en marcha del nuevo sistema de Justicia hace cuatro años hubo 6 condenas por picadas. En particular, habló del caso Schmitt de marzo de 2016, donde un mecánico probando un auto a alta velocidad en la diagonal Río Negro atropelló a un cadete y lo descuartizó.
El fiscal insistió en que le den prisión preventiva por 90 días al mecánico, 60 días para el youtuber y 40 para los otros dos.
Las defensas
La defensa del mecánico estuvo a cargo de Adrián Ruíz, Daniel Machado y Alejandro Caniglia. Los abogados apuntaron a la falta de tipicidad a los delitos. Para Ruíz, la postura fiscal fue ambiciosa. “Nos pone en un peligro a todos que no se puede aceptar», explicó. El abogado insistió que el mecánico sólo le cambió un filtro de aire a un auto y otro lo había reparado. “Con este criterio hay que meter preso al que infló las ruedas y al que cargó nafta”, completó el defensor. Sobre las dos armas dijo que la orden de allanamiento tenía equivocada la dirección y el apellido y aun así el padre de su cliente les abrió la puerta y les dijo que en su mesa de luz tenía una pistola Bersa 380 con la documentación pertinente. El juez desechó esta imputación. Por último, contó que la carabina calibre 22 estaba en la casa de su abuela y que en el garaje de esa casa funciona el taller que no tiene conexión con el resto de la propiedad. Según la familia, el arma tiene más de 30 años y era del esposo de la abuela.
Miguel Ángel Sapera, abogado de Damián G., dijo que no se puede determinar que su cliente conducía un Polo porque en la filmación y las fotos no se lo ve frente al volante. En ambos casos, los abogados plantearon medidas alternativas a la prisión.
Joel Z. hizo un video la tarde de la picada contando que se hacía la carrera ilegal y dónde. Darío Pangrazzi de la defensa oficial dijo que hubo un error en la imputación. “El video describe la realidad: qué existen picadas y cuenta que el jueves había una gran convocatoria”, explicó. Para el defensor, no se trató de promover la carrera ilegal que ya estaba organizada.
Sobre el otro Damián G., que vive en Granadero Baigorria, el abogado señaló que el chico estaba con su novia comiendo un sándwich en el lugar, pero no corrió la carrera. “El Polo es un auto gasolero y para ir a una picada ya estaba destinado al fracaso”, aseguró. El profesional ofreció que los defendidos se presenten cada 15 días en la Justicia.
El juez Román Lanzón, que durante la audiencia pidió a las partes que dejen de lado cuestiones políticas y se limiten a la discusión del objeto de la audiencia, admitió la imputación, puso una fianza de 20 mil pesos y la obligación para los cuatro de que vayan una vez por semana a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
