La Estancia El Carmen abarca 2.500 hectáreas y fue propiedad, Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz de 1936 por haber inspirado un acuerdo antibélico como ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. El histórico predio ubicado en la zona rural de la comuna de San Mariano había sido adquirido en 1857 por Mariano Saavedra, hijo del presidente de la Primera Junta Cornelio Saavedra, quien en 1863 fundó la estancia El Carmen, en honor a su esposa Carmen Zabaleta.
Así pasó generaciones hasta 2011 cuando Carlos Roque Saavedra, hijo de Carlos Saavedra Lamas, dejó por testamento la estancia a la Organización no Gubernamental (ONG) Vida Silvestre para contribuir a la preservación del patrimonio natural del país. Las instrucciones eran que debía ser vendida y ese dinero tenía que entregarse a la fundación. Esto no pudo concretarse porque un ex empleado de Saavedra residía con su familia en el lugar.
Hace ocho años que la disputa por el predio se dirime en la Justicia. En 2014 quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias, y luego se derivó a la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe. La fiscal Bárbara Ilera y su par María Laura Urquiza quedaron a cargo de la investigación por los presuntos delitos de usurpación, abigeato, estafas procesales y lavado de activos. El 30 de noviembre solicitaron allanamientos que el personal del Organismo de Investigaciones (OI – Policía Judicial) llevó adelante en viviendas de las localidades de San Mariano, Santo Tomé y San Carlos, todas del departamento Las Colonias.
Tras los resultados del análisis a la documentación incautada, este jueves las fiscales imputaron a dos abogados santafesinos y tres integrantes de una familia de peones rurales por «integrar una asociación ilícita destinada a darle apariencia legal a la ocupación ilegítima de la estancia El Carmen». La audiencia se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía Regional I en la capital provincial donde los cincos sospechosos fueron imputados sin la presencia de un magistrado ya que transitarán el proceso en libertad.
En esa jornada, Ilera y Urquiza sindicaron al abogado Raúl Antonio Freyre Iturraspe (48) y a María del Corazón de Jesús Iturraspe Freyre (47), como quienes comandaban la asociación ilícita. El letrado fue imputado como jefe y su colega bajo la figura de organizadora. En tanto, Hugo Aníbal Gómez (54) y Claudia Alejandra Olmos (45), y el hijo de ambos, José María (19) les achacaron ser miembros de esta asociación.
El origen
En la audiencia, la fiscal Ilera explicó que “la asociación ilícita funciona de forma estable desde julio de 2013” y aclaró que “las tres personas imputadas como miembros de la organización ocupan ilegalmente y obtienen rédito económico de la estancia El Carmen –de 2.500 hectáreas– mediante engaños, abuso de confianza y violencia”.
Para la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el abogado y su colega fueron los que facilitaron esta usurpación mediante la presentación sistemática de acciones judiciales que sustentaron la posesión del inmueble con datos falsos que llegaron a inducir a errores a jueces provinciales. Para la Fiscalía, todo comenzó cuando el trabajador rural inició, por medio del abogado, un trámite en donde sostuvo que tenía derechos sobre la estancia, puesto que había residido por más de 20 años en ella.
“En julio de 2014, un magistrado fue engañado y dictó una medida cautelar, con la cual la banda buscaba justificar la ocupación ilegal y quedar habilitados a persistir en la usurpación”, subrayó la fiscal, quien añadió que “en su resolución, el juez planteó que se constituyera una fianza, la cual fue con bienes de propiedad del abogado investigado”.
Explotación agrícola y ganado
Para la Fiscalía, la ocupación ilegal del predio de los integrantes de la asociación ilícita fue uno de los delitos que cometieron y se sumaron al alquiler de parcelas de la estancia a terceros para la explotación agrícola y el abigeato.
Con respecto a este último, Ilera detalló que “la organización se apoderó ilegítimamente de 1.387 cabezas de ganado que tenían marcas y señales registradas que fueron alteradas y suprimidas”. La fiscal contó que antes de la toma del predio, el peón rural era el encargado de la crianza y cuidado de los animales mientras que la esposa había sido designada entre noviembre de 2015 y mayo de 2018 como depositaria judicial de vacunos embargados, por lo que violó su deber de custodia.
Ilera sumó que “a finales de 2019, el abogado investigado como jefe y los tres miembros de la asociación ilícita constituyeron un fideicomiso de administración por el uso, el goce y los frutos de las fracciones del establecimiento rural”, e indicó que “designaron como beneficiarios al abogado, y al hombre y a la pareja de éste”.
La fiscal aclaró que “la participación de la abogada en la asociación ilícita fue hasta junio de 2018, razón por la cual no fue parte del fideicomiso”.
Amenazas con armas de fuego
En estos ocho años no todo se dirimió en la Justicia, también hubo situaciones violentas. En ese marco, la fiscal detalló que estos incidentes se produjeron cuando los representantes de la Fundación Vida Silvestre y el albacea se acercaron a la estancia.
“El hombre imputado y otras personas que aún no lograron ser identificadas impidieron que el albacea hiciera su trabajo, ya que rompieron los candados de portones; ahuyentaron con disparos al aire al ganado que debía ser contado y vacunado; y amedrentaron –también con armas de fuego– a trabajadores que respondían a los representantes del sucesorio”.
También, “amenazaron con disparar armas en dirección a cuatro integrantes de la ONG que estaban fotografiando el predio”, puntualizó.
Los miembros y delitos
La funcionaria del MPA se refirió a las calificaciones legales atribuidas a las cinco personas investigadas y precisó que además del rol atribuido a cada uno en la asociación ilícita, a todos se les atribuyó ser coautores de reiteradas estafas. “Al abogado, a la abogada y a dos de los ocupantes ilegales de la estancia también se les endilgó la coautoría de los delitos de usurpación; defraudación por estelioniato (engaños en los contratos) y abigeato agravado”.
Por su parte, subrayó que al abogado investigado también se le atribuyó el delito de “uso de documento privado falso”.
Ilera añadió que al hombre y a la mujer que ocupan el inmueble se les endilgó el delito de “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de uso civil condicional”. Finalmente, concluyó que “al hombre también se le atribuyó la autoría de “amenazas calificadas, mientras que a la mujer la autoría del delito de depositaria infiel”.
La Fiscalía aclaró que los delitos imputados a los cinco integrantes de la asociación ilícita pueden ser aún mayores como también pueden modificarse las responsabilidades debido a que la investigación penal preparatoria continúa.
