La Justicia de Rosario imputó a Jorge Carlos Guidetti, dueño del lavadero Virosaro, por amenazar a un delegado del Sindicato de Lavaderos y Tintoreros de Rosario. El fiscal Gustavo Ponce Asahad lo acusó de tráfico de influencias y amenazas, y aseguró que seguirá reuniendo testimonios mientras continúa el proceso penal para un delito que tiene una pena mínima de 3 años.
El hecho ocurrió este verano en la planta dedicada al lavado industrial de jeans de diferentes marcas. Según explicó la representante gremial, Yamila Ferraro, en julio del año pasado los trabajadores acordaron una nueva escala salarial.
Desde entonces Guidetti dejó de pagarle al gremio las retenciones que le hacía a los trabajadores. Durante este verano, uno de los delegados fue hasta la planta ubicada en Ovidio Lagos 4650 para hacer un procedimiento. Según contó Ferraro, Guidetti lo hizo pasar a una oficina y en privado le mostró una foto donde aparecería junto con el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triacca. “Le dijo que se cuide porque él sabía sus movimientos y dónde trabajaba. Que le convenía quedarse en el molde”, contó.
El delegado lo denunció en la Justicia y hace dos meses el fiscal Gustavo Ponce Asahad acusó al titular de la planta por “hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, para que éste haga algo relativo a sus funciones”, señaló.
La presentación realizada ante la justicia describe “un explícito accionar sistemático puesto en marcha para alcanzar objetivos de desprestigio y acusaciones infundadas hacia las autoridades nacionales” de la organización gremial.
Desde el Sindicato no descartaron que la intención del dueño sea desestabilizar al gremio.
Historia de un conflicto
Lavadero Virasoro es la planta de lavado de jean más grande de la ciudad. Emplea a 110 trabajadores en Rosario y a otro centenar en la sede de Pergamino.
En mayo del año pasado, el lavadero protagonizó un conflicto con los trabajadores cuando el gremio reclamó la falta de pago de los salarios.
Con más de 30 años en la ciudad, el lavadero había iniciado suspensiones quincenales para la totalidad de su personal: unos 136 empleados que pasaron a cobran el 50 por ciento del salario. Además la empresa lanzó vacaciones adelantadas. A esto se sumaba el despido de 12 trabajadores entre marzo y abril, que no habían cobrado la totalidad de las indemnizaciones.
La planta trascendió en los medios de comunicación porque en 2007 los trabajadores pararon la producción por 6 meses. Lo hicieron para reclamar la reincorporación de más de 60 trabajadores y por mejores condiciones laborales: el reconocimiento de los delegados gremiales y un aumento del sueldo básico. Durante esos meses, los trabajadores resistieron violentos desalojos, que incluyeron detenidos y heridos.
“Habíamos hecho una asamblea para elegir delegados gremiales y empezó la persecución. Me echaron, me reincorporaron y me volvieron a echar”, contó uno de los ex trabajadores.
En el verano de 2007 la empresa ofreció retiros voluntarios y lanzó las primeras suspensiones. Con el primer despido, los trabajadores se organizaron y lanzaron una huelga. La protesta se extendió por seis meses, con toma de las instalaciones, y sin cobro de salarios.
En diciembre de ese año, el juez Javier Beltramone, determinó que le dieran una indemnización a los empleados despedidos, que cesara la ocupación de la planta y levantaran la carpa de protesta. Los 60 despedidos no fueron reincorporados y el resto volvió a trabajar en la planta.
