La fiscal Valeria Piazza, de la Unidad de Homicidios Culposos, imputó a un inspector municipal en el marco de la causa judicial en la que se investiga la tragedia del Café de la Flor, ocurrida el 11 de octubre pasado y en la cual falleció Adrián Rodríguez, el bajista de una banda de rock local al recibir una descarga eléctrica. El agente estatal es el segundo involucrado: el primero fue Ariel S., dueño del local, quien fue acusado por homicidio culposo.
La imputación del trabajador municipal se dio debido a que fue el último agente de la Secretaría de Control y Convivencia municipal en tener a su cargo una inspección sobre el café concert de calle Mendoza 862, antes del incidente fatal.
Según fuentes judiciales, Pablo A., que corresponde a la planta de empleados permanente del municipio, realizó el control en los primeros días de abril en horas de la mañana, seis meses antes de la muerte del músico. La rutina incluyó la verificación de las condiciones eléctricas, edilicias, técnicas y de seguridad del lugar, entre otras acciones.
“Pese a que el inspector informó que estaban las condiciones adecuadas para el funcionamiento, lo que en principio muestran las pericias es que los inconvenientes ya venían desde ese momento. No tenían corta data”, señaló una fuente judicial contactada por este medio.
En ese marco, el agente quedó imputado penalmente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las últimas tareas de peritaje fueron realizadas por expertos de la Universidad Nacional de Rosario e incluyeron no sólo trabajos sobre la red eléctrica del bar, sino también en los equipos de sonido y algunos instrumentos secuestrados.
Piazza ya había expuesto que la muerte del músico fue producida por un desperfecto eléctrico advirtiendo que al momento del incidente no estaba debidamente conectado el interruptor diferencial, tal como lo había señalado una primera inspección judicial al tablero del comercio realizada el mismo día del siniestro.
Con su imputación Pablo A. pasó a ser el segundo involucrado en la causa: el primero es Ariel S., dueño del local, quien fue imputado por homicidio culposo.
El delito que se reprocha al comerciante se aplica cuando se considera que se causó la muerte de una persona por negligencia o sin intención. Y se castiga con penas de entre dos y cinco años de prisión, según las circunstancias.
Según trascendió tiempo atrás, el empresario había comprado el lugar dos meses antes del siniestro, aunque la habilitación municipal y el medidor eléctrico permanecen aún a nombre de sus antiguos dueños.
Por esto, Piazza acusó en octubre al dueño del local de “negligencia” al no poseer la red eléctrica en condiciones y “violación del deber de cuidado exigido a un comerciante que brinda un servicio de espectáculos en vivo a cientos de personas, y recibe a grupos musicales”, expuestos a un peligro ya que utilizan equipos de audio e instrumentos eléctricos.
En tanto, el bar sigue clausurado por orden judicial.
La historia
Rodríguez era el bajista de la banda de rock Raras Bestias, y murió al recibir la descarga eléctrica de un micrófono durante el recital a la medianoche.
La fiscal también advirtió que los testimonios de los músicos que habían actuado el mismo fin de semana de octubre en el café cultural son coincidentes: todos refieren haber presenciado la existencia de desperfectos eléctricos en el bar originados en el sistema de sonido. Si bien los instrumentos dejaban de funcionar, las luces del lugar permanecían encendidas. Tal como sucedió cuando falleció Rodríguez.
Aquella noche la banda estaba por el quinto tema y cuando el guitarrista quiso agradecer los aplausos del público, el micrófono le produjo una descarga eléctrica. Rodríguez advirtió la situación, quiso asistir a su compañero de banda y recibió mayor tensión.
