A las dificultades para acceder a la vivienda y los abusos en pandemia se suman las avivadas de las financieras. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de Consumidores (SADC) imputó a la empresa Finaer, la cual se dedica a entregar garantías hipotecarias a quienes necesiten alquilar un inmueble, por presuntas prácticas abusivas.
Según la imputación, sobre la base de unas denuncias recogidas por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos e Inquilinos Agrupados, la empresa financiera no habría respetado el diferimiento en el pago de los alquileres a octubre, maniobras que «lesionan» los derechos de los inquilinos. Acusan a la empresa de «subrogarse los derechos de los propietarios y realizarles reclamos por la totalidad de la deuda pagada», según publicó El Destape Web.
En el artículo 7 del decreto 320 (Emergencia Pública) se establece, para un importante universo de casos, una prórroga en los pagos de los alquileres de inmuebles que contractualmente deben abonarse desde el 29 de marzo al 30 de septiembre. Para estos casos, en marco de la pandemia, se establece que las «locaciones deben cancelarse en al menos tres cuotas con vencimiento, la primera de ellas, junto al canon locativo que vence en el mes de octubre».
Finaer es una empresa que se ofrece como garantía, para lo cual el solicitante debe llevar a dos personas que puedan demostrar ingresos en Argentina, sobre quienes recaerá la verdadera responsabilidad o garantía.
Según las denuncias, en vez de permitir el aplazo del pago de las locaciones, «la empresa Finaer abonaría los alquileres a los locadores en lugar de los inquilinos para luego subrogarse los derechos de los propietarios y realizarles reclamos por la totalidad de la deuda pagada, más intereses punitorios y gastos en concepto de honorarios profesionales».
La imputación sostiene que las maniobras que Finaer van «en detrimento de los derechos de los inquilinos, a quienes coloca en una posición de vulnerabilidad agravada».
«Se los sometería a un trato indigno o vejatorio y se verían quebrantados los derechos sociales y económicos que establecen las normas dictadas durante la emergencia», asegura la SADC.
Al ingresar al sitio web de la empresa se advierte que no se encuentran publicados los ejemplares de contrato a suscribir por las y los consumidores por lo que no brindaría información cierta, clara y detallada respecto del servicio que efectivamente brinda.
La empresa tiene cinco días hábiles improrrogables, a contar desde la notificación, para presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas correspondientes.
Larga lista de engañadores
La subsecretaría también imputó por incumplimientos de lo reglamentado durante la pandemia o maniobras abusivas de engaño a consumidores, a las empresas Telefónica, Telecom, Telecentro, Musimundo, Falabella, Garbarino, Fravega, Cetrogar, Red Megatone, Netshoes, Dexter, Cencosud, Sodimac, Vea, Disco, Coto, Walmart, Jumbo, Personal, Movistar, Suavestar, Sommier Center, Despegar, Al Mundo, Philco, El mundo del juguete, Mercado Libre, Rappi, Glovo, PedidosYa y NuSkin.
Tras la emisión de una imputación, la Coordinación de Actuaciones de Infracción hace el proyecto de multa en base a la imputación. Una vez elaborado el proyecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección Nacional de Defensa de Consumidores, elabora el dictamen de multa, proceso formal y obligatorio. A partir del dictamen, la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores emite resolución de la sanción. Las multas por estas infracciones pueden llegar a los 5 millones de pesos.
