El juez Federal Sebastián Casanello ordenó dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.
A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.
La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.
Según consta en la denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados «usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.
«Se transformó la excepción en la regla», dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.
La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con trascendencia institucional”.
La Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).
De esa información surgió que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi.
El representante del Ministerio Público Fiscal también destacó que “las contrataciones sospechosas involucrarían la prestación de servicios de publicidad para distintas reparticiones del Poder Ejecutivo porteño”.
