Un hombre de 38 años que se desempeña el área informática en el Politécnico y en un instituto ubicado en calle 3 de Febrero al 200 fue imputado este jueves en el Centro de Justicia Penal Rosario por el delito de «tenencia de material pornográfico infantil en calidad de autor», según informaron desde Fiscalía. Sobre el caso que originó el accionar judicial hay versiones encontradas.
Matías S. fue acusado por compañeros, también profesores: afirmaron que el hombre manipuló elementos tecnológicos de sus alumnas, con la excusa de que debía revisar el software de los dispositivos. En lugar de ello, siempre según la denuncia, hackeó aplicaciones y accedió a fotografías almacenadas en los mismos.
La Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual imputó a Matías S., quien fue demorado hace unos días al cabo de un procedimiento en su vivienda. El juez Rodolfo Abdala aceptó la cualificación presentada por la Fiscalía, a cargo de Alejandra Raigal. Y le dictó luego la libertad con la condición de una firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de salidas del país y de acercamiento a seis personas, tres de ellas fueron las denunciantes.
El abogado defensor del docente, Rodrigo Mazzuchini, afirmó este viernes que ni la fiscal, ni el juez ni él tuvieron acceso al material pornográfico que se nombra en la denuncia. “No lo hay en el legajo de Fiscalía. La evidencia se basa en la denuncia de compañeros que han tenido inconvenientes laborales con la «víctima»”, argumentó el letrado.
Mazzuchini insistió sobre el punto: “Al día de hoy, no hay ni una sola foto con material pornográfico. Los denunciantes dicen haber visto ese material. Yo no lo puedo asegurar, porque no lo ví, y si existiera tampoco hay evidencia de que pertenezca al imputado”.
El abogado resaltó la exposición mediática de tenor negativo que sufre su defendido, por la divulgación del caso en los medios de comunicación. Eso, dijo, no tiene vuelta atrás. Señaló, en cambio, que el trámite jurídico es confuso: falta demostrar la existencia del presunto material hackeado a las menores de edades.
Mazzuchini aclaró que la prohibición de acercamiento es hacia seis personas. Tres de ellos son los denunciantes. Se trata de «compañeros de trabajo» del instituto educativo de calle 3 de Febrero al 200. Fueron los que hicieron la presentación y que, según admitió Mazzuchini, tuvieron inconvenientes laborales con el acusado.
De acuerdo a la información judicial son tres los denunciantes, pero la prohibición de acercamiento abarca un total de seis personas.
Matías fue elegido delegado gremial docente en el Politécnico, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, cuyos profesores son representados por Coad. “A los alumnos no tiene prohibición de acercamiento, porque nadie declaró acosos ni molestias”, completó el letrado.
El gremio Coad, por su parte, indicó que acompañaron la denuncia contra el profesor, y solicitó protección para los denunciantes, “con cuyo proceder nos solidarizamos desde el primer momento”, señaló mediante un comunicado.
Este mediodía habló Luna Garat, del Centro de Estudiantes del Politécnico (CEP), y explicó que por la cercanía con Coad decidieron acompañar de forma conjunta a los denunciantes para que tengan “vías legales” en el curso de la investigación.
“Hay varios rumores con Matías, y son eso sólo rumores, nosotros estamos pidiendo junto al gremio docente que alumnos y ex alumnos que tengan que declarar lo hagan y puedan testificar sobre esta causa”, indicó Luna.
Por otro lado Laura Varela Ferrer, de Coad, reconoció que desconocía que el imputado daba clases en el otro instituto. “Yo sabía que trabajaba en un instituto de reparación e instalación de software y hardware, no que daba clases allí”, dijo.
Además añadió que se realizará una asamblea entre los compañeros docentes por su cargo gremial. “Es delegado porque sus compañeros lo votaron, ahora habrá que resolver cómo sigue”, explicó Varela Ferrer.
