Una maestra jardinera de la zona rural del departamento Belgrano, en la provincia de Santiago del Estero, fue imputada penalmente tras ser acusada de incurrir en malos tratos hacia dos alumnas, ambas de 5 años, y la Justicia convalidó medidas de protección para las víctimas.
Según informó Diario Panorama, la investigación fue impulsada por la fiscal de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, Andrea Darwich, tras la primera denuncia de la madre de una de las niñas.
Todo se inició el 8 de agosto pasado cuando una mujer acudió a la Comisaría Comunitaria Número 21 de Bandera y denunció a la docente, de 33 años, al señalar que hacía algunas semanas notaba un cambio de conducta en su hija.
«No quería ir al jardín. Le dolía la cabeza y el estómago y me pedía que no la lleve más. Yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible, pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna», explicó la madre de la nena primero ante la Policía y después frente a la Fiscalía.
La mujer manifestó además que la niña ya no quería ingresar al jardín alegando que su maestra «era mala», ya que le habría pegado fuerte en una pierna y, en medio del proceso, la madre de otra alumna le habría confiado que su hija protagonizó una situación similar y que la estaba tratando con un psicólogo.
De inmediato, la mujer refrendó la denuncia y puso en conocimiento de las autoridades del jardín con el objetivo de que adoptaran una salida rápida y le dijeron que labrarían un acta e investigarían, mientras que, en los últimos días las dos menores fueron escuchadas en Cámara Gesell, ante la fiscal, psicólogos y otros funcionarios de la Justicia en Añatuya.
La maestra fue imputada por «lesiones» en perjuicio de las dos pequeñas, mientras que la funcionaria judicial incluyó medidas de protección para las menores y, entre otras normas, la docente debería fijar residencia e informar a la Fiscalía en caso de efectuar cambio de domicilio, a la vez que tiene prohibido cualquier acercamiento y contacto de toda clase ya sea personal o a través de medios de comunicación, redes sociales y demás hacia las niñas y sus familiares en una distancia de 200 metros y el cese de todo acto de violencia en cualquiera de sus formas respecto de las menores.
La fiscal adosó la prohibición de portar armas de cualquier tipo, mientras que la docente debe abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la investigación y la actuación de la Ley y presentarse a todas las citaciones que se le formulen.
En forma simultánea, trascendió que los directivos escolares abrieron su propia investigación, cuyos alcances no se limitarían a la conducta desplegada y reprochada en perjuicio de las dos nenas, sino al resto de la clase.
La Justicia de Añatuya también dio intervención al Consejo de Educación y a las autoridades de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y familia (Subnaf).
