El juez federal de Garantías de la ciudad bonaerense de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dio por formalizada ayer la investigación penal requerida por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, Matias Di Lello, contra un empresario avícola detenido en el marco de una causa en la que se lo investiga en calidad de autor del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, cuya escala penal es de 8 a 12 años de prisión.
A requerimiento de la fiscalía y en la misma audiencia, el juez dictó la prisión preventiva por 60 días para el acusado, en su calidad de verdadero dueño y administrador de la firma implicada.
El hombre está acusado de haber captado, a través de una oferta laboral engañosa, trasladado y acogido a cinco víctimas, todas provenientes de la provincia de Misiones, para explotarlas laboralmente en un predio rural ubicado en la localidad bonaerense de Arrecifes, a través de amenazas y del abuso de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.
Según la acusación, esa explotación se consumó y prolongó entre el 5 y el 6 de junio pasados -dependiendo de cada una de las víctimas- hasta el 2 de agosto, fecha en que se llevó a cabo el allanamiento y posterior detención del imputado.
La denuncia se efectuó el pasado 2 de agosto por parte de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras un procedimiento de fiscalización llevado a cabo por empleados del organismo.
Ese mismo día, la fiscalía solicitó el allanamiento del establecimiento, tras el cual el empresario resultó detenido. En el procedimiento participaron profesionales de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires y representantes de los ministerios de Trabajo de la Nación y la provincia, de la AFIP y del Servicio Local de Niñez de la Municipalidad de Arrecifes.
Según sostuvieron el auxiliar fiscal Gustavo Parigini y la auxiliar fiscal María Marta Poggio en la audiencia de formalización de la imputación, todas las víctimas refirieron haber tomado conocimiento del lugar por medio de familiares o personas conocidas y a todas les ofrecieron el pago de los pasajes desde la provincia de Misiones. Además, señalaron que a los trabajadores y trabajadoras no se les comunicó el sueldo ni la cantidad de horas que debían trabajar ni tampoco las condiciones.
El y la representante del MPF recordaron que, una vez en el lugar, las víctimas fueron acogidas en casas o casillas de la firma y que fueron obligados y obligadas a trabajar de lunes a lunes, entre 10 y 16 horas, sin días libres, salvo algunas excepciones. Además, señalaron que algunos de los damnificados debían realizar tareas durante la noche y la madrugada, sin pago de horas extras.
Por otro lado, Parigini y Poggio precisaron que las víctimas no contaban con la debida registración del alta de los trabajadores, ni se les realizaban aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social, y que su sueldo oscilaba entre 450 y 470 mil pesos mensuales. Sobre este punto, hicieron hincapié en que dos de las víctimas ni siquiera percibieron sueldo.
También aseguraron que el traslado de todas las víctimas se realizó en micros cuyos pasajes fueron abonados por el imputado y que luego, ese valor, era descontado del importe correspondiente de los salarios.
El y la auxiliar fiscal explicaron que por las largas jornadas los trabajadores se veían imposibilitados de salir del lugar y que sólo las mujeres estaban habilitadas para ir a realizar las compras y llevar a sus hijos e hijas a las instituciones escolares. Para poder alimentarse, los damnificados le solicitaban a algunas de esas mujeres que les realizaran compras o pedían que se las llevara un remís.
Parigini y Poggio también hicieron referencia al informe de Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que reportó que dos trabajadores habitaban en una casilla dentro de uno de los galpones donde se guardaban herramientas, la cual no se encontraba en condiciones aptas de habitabilidad y limpieza. Las otras cuatro viviendas no poseían calefacción y en una de ellas había cables expuestos en los tomacorrientes y vidrios rotos en la ventana de una de las habitaciones.
También pusieron de relieve el informe que indica que las víctimas no contaban con los elementos de higiene ni de seguridad que el trabajo requería.
Por otra parte, Parigini y Poggio hicieron alusión a que los trabajadores y trabajadoras fueron víctimas de múltiples humillaciones, discriminaciones, maltratos y amenazas por parte del imputado y encargado del lugar.
Finalmente, expresaron que, cuando el acusado fue a la terminal a recibir a dos de las víctimas, se encontraba armado con una escopeta y que habitualmente solía “tirar tiros al aire” para atemorizarlos.
