Imperturbable, con un pañuelo marrón a cuadros cubriéndole la cabeza y la cara de cualquier vecina de barrio, ésas que se suelen ver charlando con otras en la vereda muchas veces camino al almacén, Lidia G., la mujer de 73 años que ya fue acusada de estafa por 211 personas, escuchó ayer, en el marco de una audiencia imputativa, cómo su situación se va complicando. Fue cuando el juez Héctor Núñez Cartelle hizo lugar al pedido de la fiscalía y le dictó prisión preventiva de manera indefinida para que se pueda continuar con la investigación que la involucra junto a su concubino.
Contra la mujer hay unas 120 denuncias más que todavía no fueron agregadas a la causa, abierta luego de que su domicilio fuera sitiado días atrás por vecinos enfurecidos que le habían entregado dinero luego de que los engañara asegurándose que les estaba tramitando la entrega de viviendas sociales en el Programa Habitacional Rosario Norte, también conocido como Zona Cero.
La protesta no pasó a mayores por la llegada de efectivos policiales y de Gendarmería que disuadieron a los más exaltados. Sin embargo el reclamo de los afectados se hizo oír el último lunes frente a Tribunales cuando se presentaron las primeras denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación.
Sin precedentes
Los abogados de los damnificados señalaron que se está ante un hecho “sin antecedentes”, por lo que hay que continuar investigando ya que es imposible mantener un engaño de estas características “sin contar con el respaldo de una estructura que lo permita atrás”.
La decisión tomada ayer pasado el mediodía en la sala 4 de audiencias tiene como motivo principalmente evitar la fuga de la acusada y que haga uso del dinero que supuestamente consiguió mediante las reiteradas estafas que comenzaron a mediados de 2009 y siguieron hasta junio de este año. La mujer tiene dos hijas viviendo en Miami y uno de los temores de los fiscales y los damnificados es que consiga escapar rumbo a Estados Unidos, lo que complicaría de sobremanera su localización.
Uno de los fiscales de la causa, Sebastián Narvaja, recordó que la mujer y su concubino “hasta emitieron recibos” a modo de cuotas para la futura entrega de las viviendas.
También que los inculpados decían ser representantes de funcionarios tanto provinciales como municipales y que ingresaron nuevas denuncias que irán siendo agregadas a la causa y que serán informadas en nuevas audiencias.
El delito por el que se investiga a Lidia G. y a su pareja prevé penas que van desde los dos hasta los 50 años de prisión.
Una de las abogadas de damnificados, María Avilez, contó a este diario que “la decisión del juez fue predecible: era un resultado que esperábamos”.
“Le pedimos que se siga investigando y también darnos la posibilidad de seguir trabajando”, destacó.
En la calle
Desde media mañana una gran cantidad de personas que denuncian haber sido estafadas cortó calle Balcarce y Montevideo a la espera de la finalización de la audiencia imputativa.
“Nosotros no estamos manejando el tema de los cortes de calle. Sí sabemos que hay un tema muy complejo con la cuestión de las viviendas. Tuvimos una reunión el último martes en Vivienda y Urbanismo, pero eso es algo que ya no estamos manejando, aunque sabemos que va de la mano con la causa. Ya hay presentados 211 casos y nosotros estamos manejando un total de 320 personas que fueron estafadas, más o menos. Estamos realmente ante un caso que no tiene antecedentes similares en la ciudad por la gran cantidad de personas estafadas”, agregó la profesional.
A su lado, Carlos Sánchez Locke, otro abogado que patrocina a los presuntos perjudicados, contó que “lo llamativo es justamente la gran cantidad de personas estafadas”.
“Como bien se dijo en la imputación, durante seis años, desde 2009 hasta junio de 2015, estás personas estuvieron realizando todas estas maniobras, utilizando aparentemente el nombre de políticos conocidos y realmente si no hubiese una serie de hechos, una estructura importante atrás que sustente esta maniobra, este ardid, este engaño, en poco tiempo esto hubiera caído. La dimensión y el volumen prende una luz de alarma y de alerta y acá hay mucho que investigar porque según cuentan los vecinos esta persona había participado de entrega de viviendas sociales anteriormente y justamente esto va a formar parte de la investigación y será algo que los vecinos, los denunciantes van a contar, van a informar”, indicó el letrado.
¿Qué hay detrás?
“La pregunta es: ¿por qué esto funcionó tan bien durante tantos años? No estamos hablando de una persona que salió a tocar el timbre en diversos lugares y ofrecía una vivienda por poco dinero y hubo treinta personas que fueron engañadas, todo esto en un lapso corto de tiempo. Acá hubo una estructura, un aparato mediante el cual todo esto se estuvo orquestando durante seis años. Tenían acceso a información, tenían mucho conocimiento, aparentemente tenían algún tipo de respaldo que seguramente se va a investigar y se tiene que llegar al fondo de la investigación porque el tamaño de la maniobra es el indicio de que esta persona no operaba sola”, concluyó Sánchez Locke.
Un servicio que hasta incluía falsos recibos de sueldos
Lidia G., la septuagenaria que ofrecía conseguir viviendas sociales a sus víctimas, fue detenida el martes cuando circulaba en taxi por la zona sur de Rosario junto a su concubino y presunto cómplice en las maniobras que, según las denuncias, realizaba desde hace seis años. En ese lapso habría conseguido reunir unos dos millones de pesos que los perjudicados dicen haberle entregado para gastos de tramitación. De acuerdo con lo que trascendió la mujer hasta proveía recibos de sueldo falsos a quienes no pudieran justificar ingresos para acceder a la vivienda.
