“Rodríguez Granthon trabaja operando desde su celda las 24 horas con un teléfono”. dijo el fiscal Franco Carbone, tras finalizar una maratónica audiencia imputativa que tuvo como protagonista a 19 personas, 9 de la cuales ya estaban detenidas en otras causas. La banda comandada por el peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon fue imputada por diversos delitos entre ellos asociación ilícita y la comisión de delitos contra las personas, la propiedad, la libertad, la administración y seguridad pública, tentativas de extorsión y de homicidios. Todos quedaron en prisión preventiva por disposición judicial.
Los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone contaron que la organización delictiva encabezada por el peruano operaba en Rosario, Arroyo Seco y Funes. Y aún hay cinco personas que se encuentran prófugas y otras que restan identificar.
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El primer delito imputado fue la asociación ilícita que funcionó desde enero del 2022 hasta el 12 de diciembre cuando se produjeron allanamientos simultáneos con la detención de varios integrantes del grupo. Según la teoría fiscal, a partir de las actividades vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo del grupo delictivo, esta organización cometió diversos actos de violencia — especialmente en algunos barrios de la zona oeste y norte — con la finalidad de apropiarse del territorio, excluir a la competencia y doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas a pagar.
El jefe
Para los fiscales Julio Rodríguez Granthon, quién se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, es el jefe del grupo y desde su celda determina las funciones de cada miembro de la banda a través de directivas que da con un celular o a través de las visitas. Brindaba instrucciones a los eslabones inferiores de la cadena de mando sobre cobranzas de deudas, las cuales en ocasiones son reclamadas directamente por él mismo, ofrecía recompensas a otros miembros por el asesinato de personas vinculadas a bandas antagónicas, disponía de armas de fuego de grueso calibre, vehículos y personas para la comisión de los distintos hechos de violencia, delegando en otras personas el pago de esas operaciones. La Fiscalía agregó que les pagaba a los sicarios del grupo un sueldo semanal por el hecho de estar a sus órdenes y gestionaba el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel.
Carbone dijo en rueda de prensa que “Rodríguez Granthon trabaja operando desde su celda las 24 horas con un teléfono celular”. En cuanto al modo de operar aseguró que muchas veces las órdenes siguen saliendo de la cárcel “hemos comprobado que hay mucha violencia que ustedes (por los periodistas) muestran todos los días, especialmente en barrio Vía Honda. Esta estructura delictiva opera muchísimo sobre ese territorio”.
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Y agregó que en el marco de esta investigación se secuestraron 31 celulares en la cárcel de Piñero y unos 10 en la cárcel de Ezeiza donde se encuentra Rodríguez Granthon y su mano derecha. Incluso, detalló que había interceptado comunicaciones con otras personas, jefes de otras organizaciones, siempre por celulares.
Los miembros
La Fiscalía contó que Pablo Javier P. era el referente de la asociación criminal en Arroyo Seco y tiene un vínculo sólido con Rodríguez Granthon con quien compartió pabellón en Ezeiza y se comunicaba constantemente. Explicó que este joven colaboraba con las cobranzas de las deudas que algunas personas tienen con el grupo criminal para lo que usaban métodos intimidatorios y hacía las veces de intermediario entre su hermano Esteban P. y el jefe del grupo para la compraventa de estupefacientes. El primero era el encargado del narcomenudeo en Arroyo Seco, proveído por el jefe del grupo y la cobranza de deudas en aquella localidad. También, a partir de una fuente aún no localizada, daba aviso a otros miembros de las medidas judiciales o policiales que se van a llevar adelante contra el grupo.
Además era el encargado de ocultar en su celda los teléfonos celulares utilizados por Rodríguez Granthon cuando compartían pabellón. A su vez este imputado maneja un grupo de personas, entre ellos: Esteban P., Vanesa C., Virginia M. y Jonatan D.
Gisela C., es la madre de Pablo y Esteban P., para la Fiscalía era la encargada de recaudar, entregar y depositar el dinero proveniente de la actividad ilícita de parte de la banda que operaba en Arroyo Seco. Además guardaba autos, armas e ingresaba celulares a la cárcel, además es el nexo de Pablo P. con el exterior. Otra de las involucradas es Virginia M., pareja de Pablo P., a quién instruye en su vínculo con el jefe de la banda y lo aconseja en qué tipo de amedrentamientos tiene que darle a los deudores y controla la recaudación de estos hechos, contó la fiscalía.
Marta M. fue sindicada como una prestanombre. Los fiscales contaron que es socia y principal referente de una empresa la cual se dedica al transporte de cargas. A través del dinero y de los vehículos aportados por Julio Rodríguez Granthon y con conocimiento de que éste proviene de la actividad ilícita de la banda, utilizaba la estructura societaria de la empresa para obtener un rédito económico. Al mismo tiempo, rendía cuentas de todo lo producido al jefe de la banda y a su padre, quienes son los verdaderos dueños del patrimonio empresarial.
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El padre de Rodríguez Granthon es Francisco R., quién se ocupaba de todas las tareas que su hijo no puede hacer desde la cárcel. Este hombre supervisaba a Yanina M., otro miembro de la banda que se encuentra al frente de una empresa que se mueve con dinero de la actividad ilícita del grupo, explicaron. También Cristian B., quién a partir de su relación con Yanina M., era el encargado de trasladar a los miembros y a algunos de sus familiares o allegados en autos del grupo criminal.
Otra de los miembros del grupo es Lucila R., pareja de Julio Rodriguez Granthon. Le imputaron el ingreso de teléfonos celulares a la cárcel de Ezeiza.
Sicariato
Brian V., fue imputado como el jefe de sicarios de la asociación criminal. Desde su lugar de detención en Piñero y en comunicación con Rodríguez Granthon, brindaba instrucciones al brazo armado del grupo sobre los domicilios o las personas que debían ser blancos de ataque, disponía el pago y reprendía a sus subordinados en caso de que los mismos no hayan tenido los resultados esperados.
Mientras estuvo libre Alexis R., era el encargado de la logística: reclutar a las personas, decidir quiénes ejecutaban los ataques, qué rol tenía cada persona en los mismos, qué armas de fuego y vehículos se utilizaban y cuándo se materializaban. Asimismo, disponía dónde se guardaban los vehículos (automóviles y motocicletas) utilizados por el grupo y realizaba las gestiones necesarias para adulterar sus guarismos. Además, participaba personalmente en los hechos violentos (extorsiones, abusos de armas) encomendados por los eslabones superiores de la asociación.
Entre los presuntos sicarios la Fiscalía imputó a Jorge P., Javier A., Alexis C., Luis L., Jorge A. apodado el piloto ya que se dedicaba a manejar los vehículos que se utilizaban en los ataques. También Nazareno G. quién estaba en contacto continuo con Mauro R. y con el jefe del grupo y Brian V. Era el encargado de reclutar personas y de disponer de armas de fuego para cometer los hechos delictivos ordenados por los jefes de la asociación, de los cuales en ocasiones participaba personalmente.
El fiscal Carbone contó en conferencia que recibieron intimidaciones por parte de Nazareno G. en la audiencia “la persona que nos amenazó es un sicario, una persona que se dedica a tirar tiros, que conocíamos de la investigación que tiene como jefe o líder de la banda a Ariel Máximo Cantero”. A modo de ejemplo contó que es la persona que recibió el pago por tirar tiros a las estaciones de servicio el año pasado o a las escuelas en el marco de las elecciones, “ahora hemos descubierto y se le ha imputó un rol importante dentro de lo que es el sicariato, la pata violenta que tiene como jefe a Rodríguez Grahnton, aseguró.
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Otros de los imputados fueron los hermanos Gastón C. y Marcelo C., quienes desde su lugar de detención en Piñero brindaban instrucciones a su entorno sobre la venta de estupefacientes, cobranzas de deudas, disposición de armas de fuego y vehículos. Con la finalidad de cobrar deudas provenientes de su actividad ilícita, en ocasiones instigaron la comisión de tentativas de homicidio, dijeron los fiscales. Mientras que Lautaro R., fue imputado como uno de los encargados de custodiar, proteger y trasladar de un lugar a otro armas por orden de Rodríguez Granthon.
Tentativa de homicidio
El intento ocurrió el 24 de noviembre del 2022. La Fiscalía dijo que Gastón C. ordenó matar a la víctima cuando estaba llegando a su casa en J. J. Pérez y Baigorria.
Y el móvil de una deuda que tenía con su hermano Marcelo C. La fiscalía contó que el sospechoso le encargó a Corina V. y a Pedro S., quienes se encuentran prófugos, sobre la forma de ejecutar el hecho. Corina V. trasmitió las órdenes que Gastón C. brindó telefónicamente a Pedro Maximiliano «Tres Dedos» S. para poder ejecutar de propia mano el hecho. Por su parte, Tres Dedos fue la persona que a bordo de una motocicleta fue hasta la casa de la víctima y ejecutó los disparos que impactaron en la pierna izquierda fracturando la tibia y el peroné.
Tras escuchar las imputaciones y el pedido de medida cautelar la jueza María Melania Carrara dispuso la prisión preventiva de Julio Andrés Rodríguez Granthon, Mauro R., Luis L., Alexis C., Jorge P., Gastón C., Claudio C., Esteban P., Lucila R., Vanesa C., Pablo P., Nazareno G., Virginia M., Francisco R., Yanina M., y Brian V., la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Mientras que para para Lautaro R. y Javier A., la medida fue por 120 días, también para Cristian B. que recuperó la liberta con restricciones.
