Dos hombres y una mujer policía quedaron imputados en la causa que investiga a una banda de prestamistas usureros que se hacía llamar Los Colombianos y que operaba en el Mercado de Productores, de bulevar 27 de Febrero y Constitución. Los acusados, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, están sindicados como los cabecillas de la organización que dio al menos siete créditos durante 2020 con tasas de un 360 por ciento anual. La persona que no pudiera pagar la deuda era amenazada o baleada como lo hicieron con un joven de 23 años. En tanto, la subinspectora quedó acusada por incumplimientos de los deberes de funcionario público y por encubrir al Colombiano, ya que usó su cargo e influencia para desligarlo de una investigación.
La investigación que lleva meses se conoció este miércoles cuando el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por órdenes de la fiscal Valeria Haurigot y su par Federico Rébola hicieron cinco allanamientos: en Crespo al 4200, detuvieron a José Francisco «Ecuatoriano» C., de 43 años y de la misma nacionalidad que su apodo. Otros operativos fueron en Cerillo al 4000, pasaje Olimpo al 1900 e Ituzaingó al 500 en los que no hubo detenidos pero los pesquisas secuestraron celulares que fueron enviados a peritar y documentación de interés para la causa, indicaron los voceros del caso.
El último de los operativos, fue en Paraguay al 4900 donde demoraron a Liliana Beatriz Almada, una subinspectora de 43 años, que trabajaba en el Organismo de Investigación (OI – Policía Judicial) y que tuvo su paso por la División de Criminalística AIC. Esta mujer, que ahora quedó imputada por encubrir a la organización, recuperó la libertad en ese momento y a las horas fue protagonista de un confuso episodio cuando terminó baleada en un pie. Fue este miércoles por la noche y dijo que mientras limpiaba su arma reglamentaria y se disparó. Según una fuente fiscal, hasta el momento todos los indicios sostuvieron que se trató de un hecho accidental.
En tanto, este jueves otro de los sindicados cabecillas, identificados como Rafael «Colombiano» G.B.A se presentó de forma espontánea en la Fiscalía.
Fue así que este viernes los tres fueron imputados en el Centro de Justicia Penal. El Ecuatoriano quedó acusado como autor de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de usura crediticia agravada por ser habitual.
En tanto, el Colombiano fue acusado como autor de usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo y la subinspectora fue imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La acusación
En la audiencia, la fiscal Haurigot le atribuyó a los sindicados cabecillas de esta organización siete hechos de usura cometido durante el 2020. Para la acusación, la banda tenía su sede en el Mercado de Productores donde captaban no sólo a changarines sino también a pequeños comerciantes aprovechándose de situaciones económicas desesperantes y también de la falta de posibilidades de obtener un crédito por entidades bancarias. Así, se constataron al menos siete víctimas a las que otorgaron préstamos desde junio hasta noviembre de 2020 con un interés aproximado de un 360 por ciento anual y que se los cobraban por semana o por mes. En caso de que sus víctimas no pudieran responder a los pagos, la ejecución de la deuda se exigía mediante amenazas de muerte y balaceras.
Una de esas represalias armadas quedó en evidencia en la causa y por ésta, el Ecuatoriano C. sumó el delito de tentativa de homicidio que tuvo como víctima a un joven de 23 años, al que captaron en el Mercado con dos préstamos de 5.000 y 8.000 pesos emitidos en junio y julio respectivamente. El muchacho tuvo que devolver ese dinero en 26 días con un interés de 353 por ciento anual, explicaron los voceros para agregar que «el imputado explotó económicamente la situación de necesidad del joven, logrando una ventaja patrimonial desproporcionada mediante el referido crédito usurario».
Por ese tiempo, el muchacho se había quedado sin trabajo y al no poder saldarlo, el Ecuatoriano se presentó en su casa con otras dos personas, le apoyó un arma en el abdomen y le disparó mientras le repetía que iba a asesinar a su pareja e hija, agregaron las fuentes.
En tanto, a Rafael «Colombiano» G.B.A. la fiscal le atribuyó cinco préstamos usurarios ocurridos en dos en octubre y tres en noviembre pasado donde los montos fueron de 100 mil pesos, 6.000, 10.000, 14.000 y 35.000 y tuvieron un interés anual de 360 por ciento, explicaron los investigadores.
A su vez, a la subinspectora Liliana Beatriz Almada, de 43 años, la Fiscalía le atribuyó el incumplimiento de los deberes como funcionaria pública por omitir denunciar la conducta ilícita del Colombiano como prestamista usurero y también por encubrirlo. Este último delito fue cometido pasadas las 11 del 24 de noviembre de 2020 cuando un grupo de policías vieron una actitud sospechosa e hicieron detener la marcha de un automovilista en Virasoro y Camilo Aldao.
No era otro que el Colombiano y tenía 40 mil pesos en su poder que había cobrado y que no pudo justificar. El Colombiano dio el alerta y cuando los policías estaban por llevarlo demorado, recibieron el llamado la subinspectora, quien no sólo ostentó su cargo en el OI sino que también engañó sus colegas con aseveraciones falsas sobre el origen, destino y propiedad del dinero. Así las cosas, la uniformada frustró el operativo policial y logró que el Colombiano sorteara a la justicia, detalló la Fiscalía en la audiencia.
Fue en ese marco y tras escuchar a las partes, que el juez Héctor Núñez Cartelle admitió la acusación fiscal y dictó la libertad para la mujer policía tras el pago de una caución de 10 mil pesos; para José Francisco «Ecuatoriano» C. una medida cautelar por 60 días y la prisión por el plazo de ley para Rafael «Colombiano» G.B.A, concluyeron los voceros de la Fiscalía.
Represalia a tiros contra joven moroso descubrió red de prestamistas del Mercado
