En el marco de la investigación por las amenazas de bomba en las escuelas primarias, tres de las cuatro personas que habían sido detenidas en la noche del miércoles fueron imputadas por el delito de intimidación pública, mientras que el restante recuperó la libertad por falta de elementos probatorios. Y aunque el juez Carlos Leiva les concedió la excarcelación, deberán presentarse cada 15 días para comparecer en la Oficina de Gestión Judicial. “Esto recién empieza y las evidencias con las que cuenta Fiscalía son fuertes”, advirtió el fiscal Gustavo Ponce Asahad sobre una causa que continuará bajo la lupa del Ministerio Público de la Acusación.
Silvina Guadalupe B., Carla Lorena M. y Eber Hugo A. estuvieron detenidos desde el miércoles por la noche en la alcaidía de mujeres y en la Unidad N° 6, respectivamente. Dos madres y un padre de alumnos de nivel secundario que figuran como titulares de algunas de las líneas telefónicas investigadas, desde donde provinieron las llamadas amenazantes que sus hijos hicieron en los colegios a modo de broma estudiantil. Cuando los tres fueron trasladados a Tribunales, debieron esperar las audiencias imputativas alojados en la alcaidía conocida como ‘La leonera’.
“Más allá de los esfuerzos de la defensa para que no se hiciera lugar a la imputación, y de que incluso se haya hablado de arbitrariedad en el proceso de detención de las tres personas, el juez Leiva resolvió dar lugar a la imputación”, sostuvo el fiscal Ponce Asahad. En un principio, la Fiscalía había solicitado 30 días de prisión preventiva y una caución de 10 mil pesos, pero el juez Leiva dictó el procesamiento de los imputados, los liberó y les impuso la presentación quincenal para comparecer en la Oficina de Gestión Judicial.
“Esta investigación recién comienza y se celebraron las primeras audiencias”, aclaró el fiscal. “Las medidas siguen en plena evolución. Hemos hecho un parate para la imputación de estas tres personas. Y continuaremos la investigación con el cúmulo de causas que tenemos por las amenazas de bomba en las escuelas”, completó Ponce Asahad. El delito de intimidación pública prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.
En cuanto a la liberación del cuarto detenido, un joven de 20 años, el fiscal indicó que “hasta el momento de ingresar a la audiencia, fuimos reforzando y consolidando evidencia. Comprobamos que no estaban dados los elementos técnicos y jurídicos para sostener la imputabilidad que pensábamos en cuanto al delito de intimidación pública”.
Este viernes se produjo la sexta amenaza de bomba en el colegio Nuestra Señora del Huerto, situado en Juan Manuel de Rosas al 1000. El pasado jueves, la Policía demoró a cuatro alumnos del colegio San Antonio de Padua por el llamado intimidatorio que habían realizado el día anterior. La investigación estará a cargo del Juzgado de Menores y en lo que va del mes, se registraron más de 60 amenazas de bomba en establecimientos educativos de Rosario.
