Un empleado municipal que prestaba servicios en la GUM y el presidente de una cooperativa de trabajo fueron imputados este viernes por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Les achacan ser parte de un grupo criminal que actuó durante dos años, entre 2015 y 2017, y utilizaba la figura de este tipo de empresas para realizar la maniobra y prometerle a las personas que pagaban la coima un puesto en la Municipalidad de Rosario. Uno de los involucrados, según la Fiscalía, falleció y los otros dos fueron sindicados como parte de la maniobra. Tras la audiencia imputativa, ambos recuperaron la libertad con restricciones. Además, deberán hacer frente a una fianza. Uno de ellos por 220 mil pesos y el otro por 40 mil.
Para el fiscal Enrique Paz, los hombres conformaban una asociación ilícita integrada por al menos tres personas que operó desde el 15 de mayo de 2015 hasta junio de 2017. Según la teoría fiscal, el trío captaba personas a quienes les prometían un puesto en planta permanente o transitoria en la Municipalidad o alguna secretaría». Para ello debían asociarse previamente a una cooperativa que ellos administraban, pagar un suma de dinero y después de un tiempo, a través de las influencias que tenían, les prometían ubicarlos en un puesto público.
Los roles
Alberto M. era en ese entonces inspector en la Dirección General de Higiene Urbana, tras lo cual fue trasladado a la GUM. Según la imputación, este hombre captaba personas con necesidades laborales a quienes les pedía una suma de dinero y una afiliación en las cooperativas 4 de Enero y Progresar Limitada, donde les decía que iban a trabajar por un tiempo para luego trasladarlos a las filas de la municipalidad local o a distintas secretarías, como Deportes, Ingeniería o Tránsito.
El segundo integrante del grupo ya falleció. En el período investigado se desempeñaba como «subsecretario del sindicato de municipales», describió la acusación. Para el fiscal era el encargado de gestionar los contratos de las cooperativas que administraba el grupo con las autoridades de las diferentes secretarías municipales.
Mientras tanto, Mariano C. fue imputado como la persona encargada de mover los contactos para lograr que las cooperativas que administran los sospechosos fuesen contratadas. Así lograban que las personas comenzaran a trabajar como socios de la cooperativa, cumpliendo con el primer paso de la maniobra. Además se ocupaba de todos los trámites administrativos necesarios para que las personas captadas pudieran empezar a trabajar en dichas cooperativas, como la inscripción en el monotributo, recepción de documental, afiliación en las mismas, entre otros.
También, siempre según Fiscalía, Mariano C. era el encargado de abonar los anticipos de retorno (ingreso mensual de un socio en una cooperativa) con la promesa que sería así hasta que ingresaran como empleados en la Municipalidad. En algunos casos, le descontaba el aporte que debían pagar para ingresar a la cooperativa, contó el fiscal.
De oficio
Durante una investigación que llevaba adelante la Unidad Fiscal de Autores No Individualizados se intervino un número telefónico. Entre las conversaciones que se escucharon se detectó una que el sospechoso en esa pesquisa mantuvo con un hombre, que luego resultó ser Alberto «Chino» M., de la que se desprendió la posible comisión del delito de tráfico de influencias, contó el fiscal.
Luego se amplió la intervención telefónica al segundo número. Según la investigación, eran el sospechoso que se encuentra fallecido y Chino los usuarios de esas líneas; la primera estaba a nombre del sindicato municipal. De esas escuchas surgieron varios nombres de personas con puestos importantes o de jerarquía en la estructura político-administrativa del municipio.
También, siguió la acusación, apareció el nombre de Mariano C. y los datos de cuatro cooperativas. Se constató que la cooperativa Progresar Limitada tenía sede en una cochera y que era administrada por Mariano C., quien además figuraba como presidente. El celular que usaba estaba a nombre de Progresar. Asimismo se determinó que era una de las principales firmas contratadas.
Tras la imputación, el fiscal Paz pidió la prisión preventiva de los imputados, mientras que las defensas de los involucrados, la libertad y subsidiariamente morigeraciones al arresto preventivo. El juez Florentino Malaponte resolvió otorgar la libertad al dúo con restricciones. Además fijó para Alberto «Chino» M. caución de 220 mil pesos y para Mariano C. otra de 40 mil pesos.
