El ex fiscal Fernando Rodrigo, quien también supo ser el presidente de la Asociación de Fiscales de la Segunda Circunscripción, fue imputado este viernes por una serie delictiva contra la administración pública mientras era funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
La fiscal Natalia Benvenuto le achacó los delitos de peculado de trabajo y servicios públicos, falsedad ideológica de instrumento público y uso de instrumento público agravado por su condición de funcionario público. La imputación giró en torno del uso de los recursos públicos para intervenir los teléfonos de doce personas –su ex novia, parte de su familia y entorno cercano–, para lo que usó causas en trámite en las que falseó información con el objetivo de obtener las órdenes judiciales para escucharlos, explicó la funcionaria.
Según la acusación, Rodrigo retiró 183 CDs con escuchas y mensajes, maniobra que realizó por casi un año. Un error en las anotaciones de los teléfonos al organismo encargado de realizar las escuchas generó que un empleado se diera cuenta de la maniobra y denunciara las irregularidades.
Rodrigo llegó puntual y se sentó junto con sus defensores Víctor Corvalán y Evelyn Quain, los que previo al inicio de la audiencia imputativa plantearon la declaración de inadmisibilidad de lo que se estaba por hacer. La defensa hizo un planteo técnico porque Benvenuto, tras los primeros pasos de la investigación, se declaró incompetente y giró las actuaciones a otro fuero, la Justicia federal, que a su turno hizo lo mismo.
Actualmente el planteo está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo secretario penal giró una nota a la fiscal, en marzo pasado, para informarle que la causa seguía sin resolución y que se siguiera el trámite.
El defensor Corvalán planteó que la audiencia tenía como fin interrumpir la prescripción de la causa y tildó como grave la respuesta del secretario del fuero federal. Pero su pormenorizado planteo no alcanzó para evitar la imputación de Rodrigo en el caso y su defensor hizo reservas para cuestionar ante la Corte la decisión del juez Pablo Pinto.
La imputación
Benvenuto explicó entre el 25 de agosto de 2016 y el 28 de julio de 2017 el ex fiscal Rodrigo realizó cinco solicitudes de interceptación de comunicaciones y mensajes sobre doce teléfonos, algunos de ellos en más de una oportunidad, con la intención de obtener información reservada que nada tenía que ver con las causas que estaba investigando. Eran los teléfonos de su ex novia, amigos, padre, madre y hermanos.
Una vez que Rodrigo logró la autorización judicial por 30 días, induciendo a error a los jueces con información falsa, oficiaba a la prestataria y al organismo que lleva adelante la intervención judicial (primero la Dicom y en la actualidad Dajudeco) y cuando la medida se efectivizaba iba personalmente a retirar la información que giraba en torno de su ex novia, según dice la acusación.
En los fundamentos de los pedidos de intervención Rodrigo decía que los teléfonos pertenecían a personas sospechadas de cometer un delito que se estaba investigando y, según la fiscal, se valió de una denuncia por lesiones a la que le cambió la caratula y otras investigaciones vinculadas con el robo y venta ilegal de autopartes para concretar la maniobra.
Robos a viviendas y vehículos
El 25 de agosto de 2016 Rodrigo pidió la primera intervención a la jueza Patricia Bilotta. Para ello utilizó la numeración de una investigación que pertenecía a una denuncia por lesiones, le cambió la carátula a «NN s/ robo calificado y privación ilegítima de la libertad», dice la acusación. En el pedido, consignó 4 números de teléfonos celulares para interceptar; lo justificó diciendo que desde el 23 de marzo de 2015 a la fecha de la presentación se habían producido 14 hechos de robo calificado a viviendas y automóviles con el mismo modus operandi.
Luego se determinó que los teléfonos intervenidos eran de su ex novia, dos amigos y una cuarta persona, de quienes no se acreditó vínculo con el caso.
La segunda vez, Rodrigo apeló a otra investigación para hacer el pedido. Se trató de una pesquisa activa sobre sustracción de vehículos y venta ilegal de autopartes. Esta vez le dijo al juez Carlos Leiva que tenía un informe policial referido a la venta dudosa de autopartes; explicó que se trata de un delito complejo que involucra a bandas y organizaciones criminales que actúan en todo el país, incluso en el exterior. Ahora los números telefónicos eran seis: el de su ex novia, los dos amigos sobre cuyos teléfonos pidió intervención la primera vez, otra amiga, una conocida y su padre, siempre según dijo en la audiencia la fiscal Benvenuto.
La operatoria
Con la orden judicial en mano se libraron los oficios y el 3 de abril de 2017 Rodrigo presentó una nota ante Dajudeu para que nadie retirara este material salvo el ahora imputado, quien iba personalmente y retiraba los CD con la información, contó la fiscal. Al mes siguiente, Rodrigo pidió una prorroga de la medida judicial con los mismos fundamentos y fue autorizado por el juez Alejandro Negroni.
Benvenuto describió que el 21 de junio de 2017, dentro de las investigaciones sobre sustracción de automotores y venta ilegal de autopartes, e invocando nuevamente el informe policial utilizado en el pedido anterior que databa de marzo de 2017, Rodrigo pidió una nueva intervención por 30 días. Otra vez el teléfono de su ex novia fue el objetivo, también el de una pasante de la oficina donde el fiscal trabajaba, una amiga, dos hermanos y la madre de la ex pareja del ahora imputado.
La última intervención se produjo tras un pedido ante el juez Hernán Postma de una nueva intervención dentro de la investigación por la venta ilegal de autopartes. La medida se dispuso el 27 de julio de ese año; Rodrigo lo fundamentó en un informe policial falso, explicó Benvenuto y reiteró los teléfonos del caso anterior.
Nada que ver
Benvenuto aclaró que ninguna de las personas que usaba estos teléfonos estaba involucrada en las investigaciones que el fiscal estaba llevando adelante. Esta última intervención que se autorizó tenía plazo de vencimiento para el 21 de agosto de 2017. Pero una llamada del organismo que concretaba la medida a la Fiscalía, contando que había números telefónicos que tenían 11 dígitos, destapó la maniobra: un empleado revisó la información del requerimiento y detectó que algunos de los números eran por él conocidos y no pertenecían a los sospechados. Hizo la denuncia pertinente y se abrió una investigación que finalmente quedó en manos de Benvenuto.
De inmediato, la fiscal pidió al juez Juan Andrés Donnola el cese de las intervenciones telefónicas y cauteló la evidencia. En la oficina de Rodrigo y en la casa de su madre se encontraron los CD en cuestión con las intervenciones telefónicas. También secuestraron los pedidos a la Justicia para intervenir los teléfonos, los oficios con la orden judicial, la nota al organismo que realiza la intervención para que sólo él pudiera retirar el material o alguien por él autorizado y los recibos de retiro de esos CD.
La fiscal explicó que la imputación versó sobre delitos contra la administración pública y que no están dadas las condiciones para que la causa prescriba. Añadió que, tras la suspensión de Rodrigo, la prescripción se suspende. Y que cuando el entonces fiscal renunció en agosto de 2017 el plazo empezó a correr.
Dijo Benvenuto a modo de ejemplo que el delito de peculado tiene un máximo de pena de 10 años y una inhabilitación absoluta y que la audiencia imputativa se realizó porque consideró que había transitado un plazo de tiempo razonable y es importante que el imputado sepa cuál es el delito que se le achaca.
