Mara P., una mujer de 32 años que vive en barrio Parque Casas, denunció el 12 de enero pasado un grave episodio de violencia institucional cometido por uniformados de la Policía de Santa Fe. Primero se animó a hacer una denuncia en Fiscalía y más tarde contó lo sucedido a través de las redes sociales. El caso llegó a los medios de comunicación. Tres meses después de lo que vivió Mara en su casa junto a sus hijos –una chica adolescente y tres niños–, la pesadilla se repitió en forma de audiencia imputativa con ella sentada en el banquillo. El lunes pasado, la acusaron de encubrimiento por «entorpecer un procedimiento policial».
Hace tres meses, la mujer denunció que mientras dormía en su casa de Sabin al 1100 bis, su hermano de 18 años le tocó la puerta y al salir fue testigo de cómo la Policía lo golpeaba a él y a su sobrino de 17. La mujer contó que vio a varios uniformados bajar de patrulleros, por lo que decidió grabar con su celular la situación. Uno de los policías la tomó por los pelos y la arrastró hasta la el móvil. Después, entraron a su casa, revolvieron todo y robaron tablets, un celular y una mochila. La mujer terminó en la comisaría 8ª junto con su hija de 16 y sus hijos de 9, 11 y 12. Ya en la seccional de Ingeniero Thedy 375, Mara y D., su hija más grande, sufrieron apremios e insultos.
Ahora, Mara es protagonista de dos causas policiales originadas en el mismo hecho: una la tiene como víctima y la otra como acusada.
En una, la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, investiga el abuso por parte de efectivos policiales contra la mujer y su familia. La investigación, que tiene el patrocinio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) seccional Rosario, aún no prosperó y no tiene acusados formales.
En la otra, el fiscal Marcelo Maximino no fue tan lento para acusarla del delito de encubrimiento, ya que a su parecer entorpeció el accionar policial.
“A pesar de las presentaciones que el equipo jurídico de la Apdh realizó ante el fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal Maximino imputó el lunes pasado a Mara por un supuesto encubrimiento desoyendo e ignorando por completo las versiones de las víctimas y de la prueba colectada en la carpeta judicial que investiga los hechos de violencia cometidos por los agentes policiales”, señalaron los representantes de la Apdh seccional Rosario en un comunicado.
La Apdh patrocina a Mara en la causa que investiga la violencia de los policías contra ella y sus hijos. Sin embargo, a pesar de la prueba colectada no hay uniformados sentados en el banquillo. «Priorizar las investigaciones e imputaciones que tienen como único sustento el relato policial por sobre las de quien denuncia a esta última como víctima constituyen un amedrentamiento de manera particular para quien ha decidido iniciar el camino judicial para la obtención de justicia», señaló el comunicado de los integrantes de la Asamblea.
Mara tiene un defensor público en la causa que la investiga como posible autora de un delito, cuya imputación no se hizo esperar: el fiscal Maximino la acusó por encubrimiento el 16 de abril pasado. Mara salió de la audiencia llorando. «En mi vida toqué un caramelo y no sólo me llevaron (detenida) y me hicieron de todo, ahora me acusan», se quejó.
«La revictimizaron y la trataron como posible actora de un delito cuando ella no es más que una víctima de la represión ilegal de la Policía de Santa Fe. Lamentablemente no pudimos evitar la imputación», dijo en diálogo con El Ciudadano Julia Giordano, integrante de la Apdh Rosario.
El caso
Aquel 11 de enero mientras la metían en un patrullero, otros policías entraron en su casa sin orden de allanamiento. Tumbaron sillas, revolvieron cajones y muebles le robaron las tres tablets que les había regalado a los hijos en Navidad, el celular de la hija y de su esposo y una mochila. Ninguno de los uniformados de la comisaría 8ª que intervinieron en el operativo en Sabín al 1100 llevaba identificación visible, contó Mara, quien agregó que una vez radicada la denuncia chatas policiales pararon frente a su casa, en una clara actitud de amedrentamiento. «Mara y D. no encubrieron ningún delito ni resistieron ningún procedimiento. Son víctimas de la represión ilegal de las fuerzas de seguridad de Santa Fe. El Estado debe hacerse responsable», concluyó el comunicado la Apdh.
