Luego de varias postergaciones, cambios conflictivos de fiscal y controvertidas escuchas telefónicas que incluyeron hasta a un ministro, este viernes a las 10 le tomarán declaración al ex jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez. El jefe policial, que también estuvo a la cabeza de la Unidad I con asiento en la capital provincial, fue detenido a principios de octubre pero luego quedó en libertad. La causa que lo tiene como investigado es por presunto fraude en las llamadas horas Ospe, los adicionales de los agentes que se facturan aparte del sueldo. Otros 12 policías figuran en el mismo expediente, y comenzaron a declarar en una serie de audiencias imputativas que se inició el lunes último y culminará el viernes de la semana próxima.
Ezequiel Hernández, fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, que depende de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, es quien finalmente convocó a las audiencias imputativas. El caso estaba en manos de su colega Roberto Apullán, a quien el Ministerio Público de la Acusación lo corrió para pasar las investigaciones a la nueva unidad. No sin controversias: antes hubo llamativas postergaciones de las audiencias imputativas a los involucrados. Y una actuación del primer fiscal que comprometió al titular de la cartera de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Es que Apullán ordenó escuchas telefónicas que incluyeron conversaciones de Rodríguez con el ministro. Esos audios, más otros del funcionario con autoridades judiciales y políticas, se filtraron a los medios de comunicación y desataron una crisis con acusaciones cruzadas. En el medio, quedaron sospechas de cohecho en función de una interpretación según la cual el entonces jefe de la Unidad V obtendría trato especial para un ascenso, y de especulaciones electorales por presunto pedido de Pullaro para que las acciones judiciales contra policías acusados de delitos se posterguen hasta después de las elecciones legislativas del 22 de octubre pasado. Desde el otro lado, dispararon reproches por presuntas operaciones políticas de parte de miembros de la Policía alcanzados por acciones de depuración de la fuerza, en connivencia con sectores partidarios. Es con lo que el Ejecutivo del gobernador Miguel Lífschitz salió a responder filtraciones y embestidas.
La investigación judicial comenzó, a cargo de Apullán, en abril. El detonador fueron los cruces de información de cuentas sobre horas trabajadas y adicionales de agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, que se extendieron a otras áreas policiales. La causa pasó a los medios en octubre: el 9 de ese mes, una fiscal adjunta de Apullán pidió la detención del jefe Rodríguez, quien fue trasladado a la Unidad Regional I.
A partir de allí se sucedieron varias postergaciones de su llamado para imputarlo. La primera fecha, del 11 de octubre, el fiscal regional Carlos Arietti —jefe de Apullán— ordenó que se excarcele a Rodríguez y se lo impute en libertad. El día siguiente, la defensa del policía solicitó otro corrimiento de la audiencia. Ya pasadas las elecciones, el 26 de octubre, Apullán volvió a citar a Rodríguez. Entonces, el jefe de los fiscales desplazó a su subordinado Apullán y pasó la investigación a la novel Unidad de Delitos Complejos.
Las audiencias imputativas por el caso se realizan con los 13 agentes involucrados en libertad. Las primeras dos fueron el pasado lunes, a dos de los sospechados. Hay otras personas que serán investigadas. Las citaciones se extenderán hasta fin de año y algunas se realizarán en los primeros días de 2018.
