El fiscal Gustavo Ponce Asahad y su colaborador Nelson Ugolini fueron sometidos este martes a una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. El funcionario tuvo un día negro: además de ser sindicado como autor de varios delitos, la comisión de Acuerdos de la Legislatura recomendó al resto de los legisladores suspensión sin goce de sueldo hasta tanto se reúna la Asamblea Legislativa y defina la situación administrativa de fondo. La Fiscalía Regional Rosario, en la que Ponce Asahad trabajaba, además de imputar al ahora ex titular de la Unidad Fiscal Covid-19 pidió la prisión preventiva y para su empleado solicitó una fianza. La jueza Eleonora Verón aceptó la acusación: imputó a ambos y dictó la prisión por 90 días para Ponce Asahad.
La audiencia empezó pasadas las 16.10 y hubo un cuarto intermedio cerca de las 17.30. En la primera parte del acto se habló de la evidencia en contra del fiscal cercano al renunciado jefe de los fiscales de la circunscripción Patricio Serjal también vinculado con el caso y cuya situación procesal está aún por definirse.
En la audiencia, los fiscales Gisela Paolicelli, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputaron a Ponce Asahad y al empleado del MPA Nelson Ugolini, con la participación del ex fiscal regional Patricio Serjal, de diseñar y ejecutar un plan delictivo con el fin de recibir dinero del empresario Leonardo Peiti, a cambio de brindarle información reservada, no investigar hechos o intervenir en investigaciones en curso, retrasarlas u omitir dictámenes propios de la competencia fiscal para que no prosperen imputaciones contra éste.
Los fiscales imputaron a su par por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados. En cuanto a Ugolini le achacaron la comisión de los mismos delitos en carácter de partícipe primario.
Ponce Asahad
De acuerdo con la acusación, los pagos fueron realizados en forma periódica a Ponce Asahad. Siempre según esta versión, algunos de los encuentros fueron en Mendoza y bulevar Oroño, a metros de la casa del fiscal que fue allanada el viernes pasado. En una de las ocasiones, el ahora imputado le pidió dinero a Peiti para viajar a Italia, dijeron en la audiencia.
Peiti, también imputado en la causa, aunque en libertad, contó que el 1° de julio pasado Ponce le relató que había una investigación grande en contra de él y que tirara los teléfonos, y le dijo que su idea «y la de Patricio» era que se buscara otro abogado, y le aconsejó uno. Le iban a presentar a una fiscal y lo iban a hacer pasar por víctima y tenía que pagar 100 mil dólares, dijo este empresario, el cual tiene negocios de juego legal hasta en Paraguay y que en Santa Fe ya tenía investigación abierta por juego clandestino.
Hubo un cruce por el monto de la coima requerida, añadió Peiti, y finalmente le entregó 10 mil dólares, encuentro que está registrado por distintas cámaras de seguridad.
Esto pasó el 9 de julio al mediodía donde hubo un nuevo encuentro: arreglaron en un diez por ciento de los 100 mil dólares originalmente requeridos para librarlo de una investigación que se había gestado en su contra en Rosario, acusó. A las 18 de ese día, Peiti volvió a encontrarse con el fiscal en la Sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario y le dio la plata, contó, y añadió que se encontró con Ponce Asahad unas 30 veces, y mencionó que un encuentro entre su abogado y el fiscal se produjo en un estacionamiento de Jujuy entre Alvear y Santiago.
Mirá el video: el abogado del empresario del juego Peiti y el fiscal Ponce Asahad
La visita al Organismo de Investigaciones
El 16 de junio pasado, Serjal pudo ver un diagrama de la estructura criminal realizado por el Organismo de Investigaciones donde se encontraba el jefe policial retirado Alejandro «Pipi» Torrisi, también imputado en la causa por juego clandestino y extorsión, y el mencionado Peiti. Al día siguiente volvió con Ponce Asahad y les brindaron datos de la organización.
Peiti contó que a finales de junio se encontró con Ponce, quien lo puso al tanto de la investigación, le dijo que destruyera su teléfono y fue en ese encuentro que le pidió los 100 mil dólares para evitar el avance de la investigación. Al día siguiente del encuentro se perdió la intervención telefónica que estaba vigente desde el 22 de junio.
La versión de Peiti
El empresario contó que era víctima de actos violentos de parte de una banda que la Fiscalía le atribuye encabezar a Maximiliano «Cachete» Díaz, la que le reclamaba dinero a cambio de no dañarlo. Dijo que sufrió esta situación hace tiempo y aproximadamente un año atrás fue víctima de una balacera a un edificio de Servando Bayo al 1000, donde quedó un grafiti que decía: “Leo pagá”.
Estas circunstancias fueron relatadas, según Peiti, a Ponce Asahad y a Serjal, quienes le aconsejaron no denunciar. Para la Fiscalía, los fiscales lo hicieron con el único objetivo de sacarle dinero.
Peiti contó que un día, a mediados de diciembre de 2018, recibió un llamado de Ponce Asahad y se reunieron en un bar de Oroño y Mendoza. Le dijo que tenía forma de pararle el problema que se le estaba por venir encima si accedía a pagar una especie de cuota mensual de 4 o 5 mil dólares.
Según el fiscal Matías Merlo, de la Fiscalía Regional 3 con asiento en Melincué, tenía una investigación contra Peiti por una denuncia del presidente comunal de Hughes. Realizaron un allanamiento en un domicilio donde funcionaba un casino clandestino y la mujer que estaba a cargo tenía en el celular agendado “Cacho Peiti”. Allí mandaba rendiciones de juegos. Lo allanaron y resultó ser un ladero de Peiti que manejaba salas en el norte y sur provincial, según la investigación.
Le intervinieron los teléfonos y así dieron con Peiti. Ponce Asahad lo llamó y le preguntó sobre la pesquisa por juego clandestino con la excusa de que estaba investigando un caso similar, dijo el funcionario de Melincué.
En diciembre de 2018, según Merlo, llamaron a la Fiscalía Regional 2 de Rosario porque tenían que hacer allanamientos en la casa de Peiti y otros lugares en esta última zona de Rosario y Ponce le dijo que no podía sacar las órdenes de allanamiento porque le faltaba fundamentación.
Unos días después llamó un abogado; el fiscal Merlo cree que era Alberto Tortajada. La comunicación fue con el fiscal Regional de aquella circunscripción, Alejandro Sinópoli, para saber si tenían una investigación contra Peiti. El fiscal dijo que la información no la conocía nadie, salvo en Rosario Ponce Asahad.
Por la filtración, Merlo y Sinópoli presentaron una nota ante la Auditoría de Gestión y la Fiscalía General. La pesquisa se reactivó en febrero o marzo, dice la acusación, y Tortajada presentó un habeas corpus, que se rechazó y dejaron detenido a Peiti y lo imputaron por juego candestino en Wheelwright, Hughes, Venado Tuerto, Reconquista, Avellaneda, además de otras causas en Chañar Ladeado, y quedó en arresto domiciliario, contó.
Amigos
Peiti dijo que es amigo personal del abogado Alberto Tortajada, que también conoce a Ponce Asahad, a quien le pidió referencias y en algunas oportunidades hizo las veces de nexo entre ambos para hablar o para pagarle la cuota mensual. Tortajada en un veterano abogado del fuero penal local.
El 7 de septiembre de 2012 fue baleado en el hall del edificio donde tiene su estudio, en Montevideo al 1900. Tortajada tenía una clienta que había prestado su nombre para explotar una farmacia en calle San Juan al 1700 a Juan Pablo y José Antonio Iborra y tenía una enorme deuda por la explotación comercial, por lo que inició una demanda laboral: esa fue la explicación oficial del ataque.
Tortajada logró recuperarse de dos balazos que recibió por parte de un presunto cliente que venía a hacer una consulta. Por el hecho, fue condenado a prisión perpetua Pablo Peralta, entre otros delitos que le probaron, como el crimen del policía Carlos Dolce.
Peiti dijo que le contó a Ponce sobre las amenazas que venía sufriendo y que quería hablar con su jefe y se reunió con Patricio Serjal. El encuentro con el fiscal Regional fue en un bar, donde dijo que le aconsejó que no denunciara. Luego acordaron el encuentro el 14 de noviembre, cuando ambos se alojaron en el Hotel Etolie en la ciudad de Buenos Aires y allí se acordó una cuota mensual, dijo el empresario.
En la audiencia también se ventilaron escuchas, entre ellas que se menciona a un hombre que para la investigación es un ex legislador provincial, quien llamó al número de Peiti y fue atendido por su secretaria. El interlocutor le dijo que un senador provincial pretendía hablar con él.
Tras la audiencia, y en conferencia de prensa, los fiscales del caso aclararon que no veían una conexión política o que la línea recaudatoria fuera más allá de los dos funcionarios judiciales mencionados.
El empleado
A Ugolini lo imputaron por pasarle información a Peiti sobre dos hombres detenidos el 9 de enero de 2020 que la Fiscalía estima iban a atentar contra el casino: la presunción es que iban a hacer explotar un auto en el estacionamiento subterráneo. Dos días más tarde se produjo el ataque a tiros en el que resultó muerto un cliente del City Center, Enrique Encino.
El 18 de febrero, dice la acusación, Ugolini le pasó información a Peiti sobre las causas que lo podrían tener como sospechoso. El 6 de marzo le brindó información sobre los domicilios que iban a ser allanados; los fiscales contaron que en ese momento Ponce Asahad tramitaba las solicitudes de habeas corpus.
