Los ocho presos recapturados luego de protagonizar una fuga cinematográfica el 27 de junio de 2021 en la cárcel de Piñero fueron imputados este lunes (algunos por segunda vez) por los delitos de evasión, uso y portación de armas. Entre ellos el último recapturado, Claudio “Morocho” Mansilla, quien purga una condena a 25 años de prisión por un doble homicidio. Tres personas que colaboraron desde afuera de la cárcel fueron acusadas por favorecimiento para la fuga. El juez Gonzalo López Quintana ordenó la prisión preventiva de los imputados. No hubo acusaciones contra ningún efectivo del Servicio Penitenciario ya que los fiscales del caso, Franco Carbone y Aurelio Cicerchia, consideraron que “no existió complicidad” del personal sino “muchas falencias”.
«No se puede hablar de complicidad (penitenciaria) en la fuga, pero sí hubo muchas falencias”, dijo el fiscal Aurelio Cicerchia, quien junto a su colega Franco Carbone imputaron a Mansilla por la fuga de la Unidad Penitenciaria 11 ocurrida el 27 de junio del año pasado, en la que murió una de las cuatro personas que oficiaron de “apoyo externo” a la evasión.
Condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio de dos adolescentes y considerado líder de una banda narcocriminal, Mansilla fue recapturado el 16 de junio pasado en una vivienda del noroeste de Rosario, en la que se secuestraron armas y municiones.
El Morocho, como lo conocen en el mundo criminal, fue el último de los evadidos recapturados y el sábado 18 de junio fue imputado con prisión preventiva por la tenencia ilegítima de las armas que se le encontraron en el lugar donde fue arrestado.
En una audiencia realizada este lunes, los fiscales Cicerchia y Carbone imputaron a Mansilla por la espectacular evasión de la cárcel y recaratularon la acusación para otras diez personas, entre presos fugados y quienes prestaron su colaboración para la evasión, informaron fuentes judiciales.
Durante una rueda de prensa realizada este martes, Cicerchia afirmó que «se detectaron muchas falencias penitenciarias, las cámaras (de videovigilancia) no funcionaban, los tejidos perimetrales eran muy fáciles de ser flanqueados, no había comunicación entre los distintos centinelas y las personas de las garitas”.
Si bien ratificó que “en el marco de esta evasión no se pudo constatar una connivencia”, sostuvo que “sí (hubo) comunicación directa entre los internos del penal” y las cuatro personas que prestaron el apoyo externo.
“La fuga no pudo haber ocurrido si no hubiesen estado esos teléfonos dentro del penal”, resaltó.
De películas
La evasión se produjo a las 17 del 27 de junio del año pasado, cuando cuatro personas llegaron en Peugeot 3008 hasta las afueras del penal, ubicado en la localidad de Piñero, a unos 20 kilómetros al sudoeste de Rosario.
Según la investigación de Cicerchia y Carbone, tres bajaron armados y tras cortar un alambrado perimetral con una amoladora fueron avanzando hacia el interior mientras disparaban contras las garitas de los centinelas.
En ese camino cortaron otros dos tejidos hasta llegar al Módulo D del Pabellón 14, donde un grupo de internos comenzó a arrojar piedras contra los guardias.
Finalmente, ocho de ellos lograron escapar -empleando también las armas que les dieron quienes ingresaron al penal- y una de las personas de apoyo externo, identificada como Walter Ezequiel Soraire, murió de un tiro en el enfrentamiento.
Los reclusos Sergio Cañete, de 35 años, Joel Rojas, de 25, y Alejandro Schmittlein, de 40, fueron recapturados horas después de la fuga, mientras que tras pocos días fueron detenidos Ezequiel Romero, de 20, y Alejando Candia, de 35.
Alejandro Martín Cartelli, de 48 años, fue atrapado el 20 de agosto del año pasado en la ciudad bonaerense de Ramallo en donde se ocultaba, mientras que Daniel David Piscione, de 31, fue hallado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) al cual había ingresado herido a balazos con una identidad falsa.
El último recapturado, tras un año prófugo, fue el Morocho Mansilla, imputado este lunes junto a otras 9 personas por la fuga y la tenencia ilegítima de armas, entre otros delitos, confiaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).