El senador nacional por la UCR de La Pampa Juan Carlos Marino fue imputado este martes por el fiscal federal Federico Delgado a raíz de la denuncia por abuso sexual que presentó en su contra una empleada del Congreso Nacional y mañana romperá el silencio en la sesión especial en la Cámara alta.
Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal presentó su dictamen ante el juez federal Ariel Lijo y en él incluyó al jefe del despacho del senador, Pedro Fiorda, y a Juan Carlos Amarilla, empleado parlamentario, también alcanzados por la denuncia de la mujer.
Luego de casi una semana en silencio, el pampeano tiene previsto reaparecer públicamente este miércoles en el recinto para dar sus explicaciones en el arranque de la sesión especial del periodo extraordinario y está previsto que luego tomen la palabra representantes de la comisión Banca de la Mujer.
Según dejó trascender en los últimos días, Marino podría «declinar sus fueros» para que la Cámara alta lo apruebe en caso de que así lo pida la Justicia, lo cual implicaría una suspensión en su banca.
Delgado, en tanto, pidió como medidas de prueba citar a testigos, algunos de ellos colaboradores del senador, e invitar al legislador radical a aportar su celular para que sea analizado, ya que la denuncia de la empleada Claudia Mabel Guebel refiere a mensajes que habría recibido con contenido sexual.
El fiscal pidió también que la denunciante declare en Cámara Gesell para ampliar sus dichos, sobre todo en referencia al período temporal en que habrían ocurrido los hechos ya que todavía no está precisado, y para consultarla sobre si quiere aportar las comunicaciones que dice haber recibido mediante mensajería de WhatsApp.
Por otra parte, solicitó a la Presidencia del Senado que informe si se iniciaron actuaciones relativas a estos hechos denunciados en la Justicia y, además, acceder al teléfono de Fiorda para analizar sus llamados entrantes y salientes.
En el caso de Marino, lo invitó a «que decida si quiere aportar su celular, aunque el acceso a sus comunicaciones debe solicitarse de acuerdo al citado artículo 1 de la ley 25.320 para evitar futuros planteos de nulidad».
«No se podrá allanar las oficinas citas en el Congreso de la Nación, de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas o electrónicas sin la autorización de la respectiva Cámara», sostiene el artículo 1 de dicha ley.
Por último, pidió que sean citados testigos, entre ellos, al radical Hipólito Solari Yrigoyen y a los colaboradores del senador, quienes estaban en la oficina cuando la víctima ingresó por primera vez, además del perito Claudio Presman, que acompañó la denunciante durante su acusación.
La mujer explicó que trabajó con Marino «hasta hace tres meses» luego de un año de haberlo hecho y que «los días 14 de cada mes» se «presentaba en el despacho del senador para conseguir la firma del certificado de asistencia», ya que trabajaba mayoritariamente desde afuera del Congreso.
Ella contó que ingresó a la Cámara de Diputados como empleada en 2001, pero a partir de 2004 y hasta 2016 se desempeñó como secretaria de la Convención Nacional de la UCR.
A continuación, volvió a trabajar en Diputados, en la comisión de juicio político, hasta que hace aproximadamente un año empezó a desempeñarse como asesora de Marino.
«Empecé a recibir mensajes de WhatsApp a mi teléfono celular desde su teléfono celular (por Marino) en los que me decía «Dónde estás?», «Dónde vivís?», «Voy a estar por allá, me doy una vuelta», «Preparate que voy a tu casa». Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana», sostuvo la mujer en su denuncia.
A la vez, señaló que «trataba de contestarle con respuestas evasivas que no comprometieran» su «trabajo y que tampoco le dieran a pensar que estaba interesada en lo que» le «proponía».
