La Justicia provincial imputó este fin de semana a una docena de sospechosos detenidos el jueves pasado en el marco de los 40 allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en Rosario y en la cárcel federal de Ezeiza, donde está alojado Ariel “Guille” Cantero. A todos se los acusó de tenencia de armas de fuego y solo cuatro quedaron detenidos. Según voceros, los operativos fueron el resultado de una causa que se inició en febrero pasado con la detención de Leandro Daniel “Chulo” Olivera, a quien sindican de tener vínculos con el líder de la banda los Monos y ser el encargado de la “logística” de las balaceras contra edificios públicos y particulares de funcionarios judiciales.
Fuentes judiciales informaron que la audiencia imputativa por las 20 armas secuestradas el jueves pasado tuvo lugar este sábado en el Centro de Justicia Penal donde se acusó a 11 hombres y una mujer, en entre 21 y 64 años, por los delitos de tenencia ilegítima de armas de fuego, tanto de uso civil como de guerra. A cuatro de los sospechosos les dictaron prisión preventiva efectiva por 30 días, y a uno de ellos se le autorizaron salidas laborales. En tanto la única imputada quedó con detención domiciliaria por un mes y al resto de los acusados se los dejó en libertad con la obligación de pasar a firmar cada 15 días y durante tres meses por la oficina de gestión judicial.
La jueza Paula Álvarez aceptó la calificación legal que pidió la Fiscalía contra Kevin P., de 22 años; María C., de 45; Edgardo S., de 29; Rolando R., de 43; Roque Z., de 54; Sergio Z., de 24; Matías Z., de 21; Matías Á., de 26; Gustavo P., de 22; Aurelio M., de 62; Luciano C., de 38 y Héctor C., de 64.
El jueves pasado, la PFA realizó 40 allanamientos en diferentes barrios rosarinos y en la cárcel federal de Ezeiza donde está alojado Guille Cantero, uno de los líderes del clan Cantero. Las fuerzas federales operaron en conjunto con la Fiscalía provincial en marco de la investigación por los ataques a tiros contra dependencias del Poder Judicial y domicilios vinculados con funcionarios judiciales. Se aguardan los resultados balísticos que determinarán si alguna de las 20 armas secuestradas se utilizó en las intimidaciones contra los frentes baleados.
Según los voceros, los procedimientos surgieron en una pesquisa que surgió de la detención de Chulo Olivera –su pareja cayó con él pero luego quedó desvinculada– apresados el 12 de febrero pasado cuando salía de un hotel del microcentro rosarino. Olivera estaba prófugo desde octubre pasado y según los voceros se lo investiga como presunto coordinador de la logística en las balaceras, actuando en tándem con Lucía Uberti y Matías César, quienes habían sido detenidos por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y están bajo proceso.
