El martes a la noche la Policía detuvo a dos militantes de 30 y 32 años por hacer una pintada en contra el G20 en una de las paredes de la Catedral de Rosario. Los llevaron a la comisaría 2° y estuvieron demorados varias horas hasta que intervino una defensora pública que pidió que sean liberados porque la medida era desproporcionada. La fiscal de turno hizo caso al pedido pero les abrió una causa por el delito de daños, con pena de hasta dos años de cárcel condicional. “Cuando vemos un grafiti ingenioso o una pintada artística no pensamos que es un daño por más que sea una pared ajena. Pero la fiscal sí consideró que una pintada en la Catedral que expresa una idea es un delito. Hay que ser cuidadosos porque es una forma de criminalizar la protesta”, dijo en diálogo con El Ciudadano el defensor regional Gustavo Franceschetti.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, a Miguel P., de 30, y Claudio O., de 32, los detuvieron por el llamado al 911 del portero de un edificio que está frente a la Catedral, en Córdoba y Buenos Aires.
Denunciaba que dos chicos estaban haciendo una pintada en una de las paredes laterales del edificio religioso que decía “Fuera G-20 de Argentina” en negro y “Venceremos Partido de Trabajadores” en rojo. La Policía fue en un patrullero y los encontró a dos cuadras, en Laprida y San Luís, a partir de la descripción física que había dado el vigilante. Los revisaron y encontraron en las mochilas los aerosoles. Después fueron hasta el edificio donde trabajaba el portero a tomarle declaración y los llevaron a la comisaría.
Siempre según la versión del Ministerio de Seguridad, después de unas horas la fiscal Andrea Vera ordenó liberarlos y que se les abra una causa por el delito de daños. Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que los dos jóvenes no tenían antecedentes penales y que aún no fue definida la fecha de la audiencia en la que serán imputados.
De acuerdo con Franceschetti, el Servicio Público de la Defensa Penal se enteró de las detenciones en los medios e intervino la defensora Andrea Siragusa, que reclamó a la fiscal la liberación inmediata. “Entendemos que una detención en esas condiciones y por ese delito es totalmente desproporcionada. No es habitual que se detengan personas por un delito menor como es el de daños. Es un conflicto que se puede resolver con una citación, sin pasar por estar detenido en una comisaría. No hay muchos casos en que se han imputado daños por hacer una pintada”, dijo.
Para el defensor la pintada no es un daño si no una manifestación de ideas. “La persona no quiere hacer un daño sino expresar lo que piensa y hay que garantizar el derecho a manifestar las opiniones políticas. También hay que ser cuidadosos con el uso de las fuerzas de seguridad, que muchas veces no están preparados para situaciones como estas”, dijo Franceschetti y agregó: “Obviamente que si cometen un delito deben ser juzgados, pero creo que en estos casos hay que pensar en el tamaño real del daño para no criminalizar la protesta. Si consideramos que una pintada es un daño y un grafiti no lo es, el criterio termina siendo la percepción de lo que consideramos bueno o malo y no es justo”.
Un antecedente
El 7 de marzo de 2017 cuatro policías de civil y otros diez uniformados detuvieron a cinco chicas en la avenida Corrientes del barrio de Almagro en Buenos Aires. Las acusaron de pintar la palabra “lesbiana” en una pared de la parroquia minutos antes de la medianoche. Faltaba un día para el primer paro internacional de mujeres de 8 de marzo y estuvieron detenidas 15 horas. A la mañana el fiscal Juan Rozas las imputó por daño simple y agravado, un delito que figura en el artículo 184 del Código Penal con penas de hasta 4 años de prisión. Ninguna autoridad de la parroquia pintada se presentó como querellante, pero en julio de ese mismo año el juez Ladislao Endre decidió seguir adelante con la causa y llevar a las cuatro mujeres a juicio.
