Por: Diego Montilla
En un operativo conjunto realizado en la zona oeste de la ciudad entre la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Agrupación de Unidades Especiales (AUE) de la Policía y la Subsecretaria de Seguridad del municipio, se secuestraron ayer 300 videos que contenían películas, música y juegos para Play Station. El dato más relevante es que dentro de estos últimos se encontraron 27 CDs de Rapelay, un videojuego japonés cuya venta y comercialización fue prohibida por el Ministerio de Justicia de la Nación debido a que es una abierta apología de los delitos de abuso sexual, violación, torturas, discriminación contra la mujer y pederastia. Estos productos estaban en posesión de un individuo que, se estima, estaba haciendo “un reparto a domicilio”.
“Es la primera vez que se secuestra material de este tipo en Rosario por lo que ahora quedan abiertas distintas líneas investigativas para establecer su grado de comercialización en la ciudad. Los CDs estaban preparados y listos para ser consumidos por los interesados en comprarlos. Hay lugares y personas que han sido individualizadas por lo que se continuará trabajando intensamente sobre esto”, contó a este diario el titular de la GUM, Mariano Savia.
El funcionario municipal indicó que la persona a la cual se la encontró con este cargamento de videos fue interceptada en la vía pública y tendría asiento fijo en la ciudad. “Justamente la semana pasada recibimos un comunicado del Ministerio de Justicia advirtiéndonos sobre este juego, que es tremendo, donde se premia al usuario por recrear violaciones a mujeres tanto mayores como menores de edad”, agregó.
Más adelante, Savia recordó que es importante en estos casos la colaboración de la población en general para detener la comercialización de esta clase de juegos. “El teléfono de la GUM, 0800-444-0909, está disponible para que se denuncien estos casos. Es fundamental que la gente nos ayude a frenar cosas como esta”, remarcó.
Cabe destacar que el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, aseguró hace pocos días que desde el gobierno “se están tomando las medidas necesarias para evitar la divulgación del juego”. El Código Penal argentino castiga con penas de seis meses a cuatro años de prisión a quien reproduzca toda representación de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas.
El cuestionado videogame
El videojuego, que simula explícitamente violaciones de mujeres y ha generado una oleada de repudios y reacciones para sacarlo de la venta en distintos países, se puede conseguir en la Argentina a través de internet en sitios de descargas y de subastas.
El Rapelay (rape significa violación en inglés) comienza con la salida de la cárcel del protagonista principal de la historia, un hombre que para vengarse de una adolescente que lo denunció por intento de violación de una amiga decide abusar de ella, de su madre y de la hermana de 12 años. Es un videojuego de rol de tipo interactivo: el jugador se mete en la piel del protagonista, del violador, y elige las formas de agresión. Puede violar virtualmente a las tres mujeres en una estación de tren, en un parque, en baños públicos. El “riesgo” que corre el protagonista es que las víctimas puedan quedar embarazadas a medida de que aumenta el número de violaciones. En esos casos, el violador debe obligarlas a abortar; de lo contrario pueden incrementarse las posibilidades de que la adolescente lo mate a puñaladas y finalizar el juego. El grado de violencia sexual que transmite es extremo.
Lanzado en 2006, es un videojuego de tipo animé producido por la empresa Illusion Software, con sede en Japón, especializada en la venta de productos interactivos para adultos de contenido erótico o pornográfico.
“Se encuentra dentro del género hentai (que en japonés significa perversión o transformación), caracterizado por mostrar o representar en su contenido imágenes de personas desnudas o escenas de sexo de tipo pornográfico. Las características interactivas del juego brindan la posibilidad al jugar de desvestir a las víctimas, abusar de ellas sexualmente a través de una mano virtual, forzar situaciones de sometimiento mediante el uso de determinados elementos (esposas, por ejemplo) y elegir la forma de violación”, según se describe en el informe emitido desde la cartera de Justicia de la Nación.
