Hace un año, la corredora de granos y operadora bursátil rosarina Guardati y Torti S.A. anunciaba su dificultad para asumir sus obligaciones financieras con el argumento de haber sido afectada por la crisis del grupo agroindustrial Vicentín. Pero cuatro meses después, las oficinas de la firma y los domicilios de sus directivos fueron allanados por decenas de denuncias de fraude. En el marco de esa investigación, este martes la Fiscalía abrió una caja de seguridad bancaria de la casa central del Banco de Santa Fe, propiedad de Pablo Torti y Juliana Fernández Chemes, y secuestró más de 330 mil dólares.
La medida fue ordenada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja en perjuicio del ex director de la corredora de cereales y agencia de Bolsa Guardati Torti, que pasó de la cima a la ruina en el último año. La firma había anunciado su default en febrero de 2020 e informado que vendería activos para enfrentar las deudas aculadas por el concurso del grupo Vicentín, que entró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019. Desde entonces acumuló unas 40 denuncias penales por administración fraudulenta en perjuicio de ahorristas e inversores bursátiles.
La medida judicial de la apertura de la caja de seguridad fue realizada por los uniformados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto a efectivos de la División de Delitos Ambientales y Económicos Zona Sur.
Además de los uniformados, estuvieron presentes los dos titulares de la caja –Torti y Fernández Chemes–, empleados del Ministerio Público de la Acusación (MPA), personal del Banco de Santa Fe, un testigo convocado y el abogado Oscar Romero, en representación de los directivos de la firma acusados de fraude.
Fuentes del caso informaron que en la caja de seguridad, además de la suma de 333.450 dólares secuestrados hallaron joyas de valor y monedas representativas, aunque el fiscal Narvaja sólo dispuso el secuestro del dinero estadounidense y ordenó que el resto de los elementos quedaran en el interior del lugar allanado.
Damnificado
La Justicia ya había realizado allanamientos en el marco de la misma investigación. A mediados del año pasado, la AIC hizo medidas en avenida Madres de Plaza de Mayo al 3000, Jujuy al 1300, Salta al 1100 y 9 de Julio al 0 de Rosario y en calle Tucumán al 700 de la localidad de Funes.
Uno de los denunciantes es el dueño de una firma de transporte. Según informó su abogado Paul Krupnik el año pasado, su cliente depositaba pagos de terceros en una cuenta corriente que había abierto en la empresa y que para el mes de diciembre de 2019 sumaba 17 millones de pesos.
El empresario transportista utilizaba la modalidad caución, que es un tipo de inversión muy similar al plazo fijo, con la diferencia de que en lugar de prestarle dinero al banco, se le brinda a otro inversor, el cual deja títulos en garantía con el aval del Mercado de Valores.
Pero para finales de diciembre de 2019, el empresario verificó que su dinero no estaba en la cuenta que tenía, por lo que realizó el respectivo reclamo a los dueños de la firma. Los directivos le dijeron que habían tomado el dinero “porque lo necesitaban” y le dieron un cheque a 30 días por 17 millones de pesos más intereses. “Ganaron tiempo mientras se concursaban y el cheque terminó rebotando”, explicó Krupnik.
En esa oportunidad, el abogado mencionó que los damnificados eran muchos pero en su mayoría habían puesto poco dinero, aprovechando que la caución es a corto plazo y da altos intereses, a diferencia de lo que ocurre cuando se invierte en un banco.
Allanaron corredora de cereales y de Bolsa y casas de sus directivos por una denuncia de fraude
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