El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció este miércoles que se pondrá en marcha una línea de crédito especial por 500 millones de pesos con tasa de interés bonificada por la cartera para asistir a los productores correntinos afectados por los incendios y la sequía.
Según informó la cartera agropecuaria, el financiamiento estará disponible a través de una línea creada para tal fin disponible en el Banco de Corrientes.
Estos préstamos contarán con una bonificación de 7 puntos porcentuales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, sobre las tasas vigentes en la entidad bancaria, marcó Agricultura en un comunicado.
Para acceder al beneficio los productores deberán contar con un certificado de emergencia o desastre que será emitido por el gobierno provincial.
«El objetivo es que los damnificados puedan invertir en forrajes, capital de trabajo e infraestructura», puntualizó la cartera dirigida por Julián Domínguez.
Esta acción se sumó al adelanto de 200 millones de pesos en el marco de la emergencia agropecuaria declarada por la provincia para asistir a los productores, además de las líneas crediticias específicas del Plan Ganadería Argentina 2022/2023 (Plan GanAr) impulsado por el Ministerio.
Esta asistencia se da en un contexto donde la producción agropecuaria de la provincia se encuentra en una situación de crisis debido a la persistente sequía y a los incendios forestales y rurales en diferentes puntos del territorio.
Según el último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) las áreas quemadas ascienden a 519.000 hectáreas.
El trabajo del organismo asegura que la superficie afectada se incrementó seis veces en comparación con el último registro de enero.
«La evidencia satelital indica que hay un incremento continuo de la superficie total afectada por las quemas desde el inicio del año 2022, a razón de un promedio de casi 20.000 hectáreas por día», señala el estudio realizado por los técnicos del INTA Griselda Sauceda, Ruth Perucca y Ditmar Kurtz.
En tanto, remarca que la situación generada «escasas precipitaciones en los últimos dos años y las elevadas temperaturas» afecta a producciones forestales, pastizales, malezales, esteros y bañados.
Tal es la gravedad de la situación que tanto el ministro Domínguez como representantes de las entidades agropecuarias nacionales visitaron la zona y se reunieron con productores la semana pasada.
El ministro recorrió las zonas afectadas lindantes a la localidad correntina de Mercedes, dialogó con productores afectados y firmó un convenio con la provincia para adelantar, en el marco de la Ley de Emergencia, aportes no reintegrables por 200 millones de pesos.
Por su parte, autoridades de la Mesa de Enlace, tras reunirse con productores del litoral, catalogaron a la situación es «catastrófica», por lo que reclamaron «herramientas modernas» para asistir a los productores, además de las que ya estipulan en las declaraciones de Emergencia Agropecuaria.
Allí reclamaron a las autoridades provinciales y nacionales que «pongan a disposición de los productores herramientas modernas para combatir estos flagelos y un eficiente apoyo financiero e impositivo para recuperar el capital de trabajo que permita reencauzar la actividad productiva».
Según cálculos realizados por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), las pérdidas totales entre los incendios y la sequía, teniendo en cuenta su afectación a la actividad ganadera, citrícola, forestal, arrocera y yerbatera, alcanzaría los 26.329 millones de pesos.
La más perjudicada sería la ganadería, con mermas en $ 8.800 millones, «solo estimando una mortandad del 1,5% superior al promedio normal y sin considerar los mayores gastos para contener la situación, ni el diferencial negativo de precios por venta forzada».
En segundo lugar se encuentra el sector forestal, con 6.000 millones de pesos en riesgo, con solo 10.000 hectáreas incendiadas, estimación que desde la entidad entienden que quedó «muy atrasada», mientras que en tercer puesto se ubica la actividad arrocera, con 5.000 pesos menos y con «pérdidas de mercados por mala calidad del grano, además de que peligra el 65% de la superficie para la próxima campaña.
Más atrás se ubica la yerbatera con 3.200 millones de pesos, y la citrícola con 1.800 millones de pesos.
A esto hay que sumarle la reconstrucción de los alambrados, transversal a todas las actividades, cuyo cálculo se ubica en 1.575 millones de pesos.
