El director del Instituto Nacional de Limnología (Inali), que gestionan en conjunto el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Pablo Collins, resaltó lo complejo que resulta estimar las consecuencias de los incendios en el humedal del Paraná, que no cesaron, por la diversidad de paisajes y afectaciones producidas desde febrero pasado: «Algunas regiones del Delta se recuperarán rápidamente, pero a otras les tomará entre 5, 10 años o más poder recuperarse», evaluó el doctor en Ciencias Naturales durante una entrevista para el portal Periferia.
«Día a día se ven focos de incendio, pero lamentablemente no existe medida exacta de la cantidad de hectáreas alcanzadas por el fuego, también por el tema de la pandemia», señaló Collins.
El investigador dirige el Inali, organismo público creado en 1962 con sede en la ciudad de Santa Fe que estudia los ecosistemas acuáticos continentales. A principios de octubre, publicó un documento con aportes científicos a los proyectos de ley de “Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales” que se debaten en el Congreso Nacional al calor de los incendios en el Delta del Paraná. La idea es consensuar los 11 textos presentados. Algunos de vieja data que dormían el sueño legislativo hasta que la amenaza ambiental ya inocultable los reflotó. Otros, escritos en paralelo con las quemas de este año.
«Es difícil saber cuánto tiempo tardará en recuperarse el medioambiente», confió Collins. Explicó que hay gran diversidad de paisajes afectados, y en diferente grado. Igual, arriesgó una aproximación que da cuenta de la magnitud de la devastación: «Algunas regiones del delta del Paraná se recuperarán rápidamente, pero a otras les tomará entre 5, 10 años o más para poder recuperarse».
El contexto explica, pero no justifica, la extensión inédita de las llamas este año. Collins recordó «la gran bajante del río Paraná», y la consideró un agravante de los incendios. «Las acciones del fuego habrían sido menos intensas debido a que no hubiera llegado a profundidades del suelo mayor», señaló. «Al estar tan seco, y tener tanta masa combustible en la isla, el calor se transfirió a mayor profundidad», agregó.
Proyectos con agujeros
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Collins fue uno de los firmantes del documento que advirtió que ninguno de los proyectos incorpora el concepto de «pasivos ambientales», que habilita la fijación de penas a empresas y actores que causen degradación ambiental. Se trata de una herramienta que permitiría, por la amenaza económica, desactivar en parte las prácticas de quemas irracionales para actividades ganaderas, agrícolas o negocios inmobiliarios que continúan porque no tienen consecuencias legales ni pecuniarias.
«Creemos que la legislación tiene que tener en cuenta algunos aspectos desde la mirada académica y del ambiente», reiteró Collins. Y volvió sobre el eje de la definición de pasivo ambiental. «Todo ambiente natural tiene un activo que son sus beneficios, un valor que el ambiente le da a la sociedad, que no siempre es el mismo. Si le quitamos ese valor, porque lo contaminamos, lo quemamos o le modificamos su estructura física, generamos un pasivo», explicó.
Como otros especialistas, Collins hizo hincapié en la precisión de los textos para una ley de humedales. «Observamos la necesidad de realizar una definición lo más abarcativa y que contemple los distintos humedales que existen en el país», dijo en referencia a otros, más allá del Delta del Paraná, con otras fragilidades y necesidades de protección. .
El director del Inali recalcó que no se trata de posiciones románticas en torno a un idealizado estado de naturaleza. Se refirió a los «servicios ecosistémicos» que prestan los humedales, como la morigeración de los extremos climáticos y las bajantes o crecidas del río, el movimiento de nutrientes, la captación de tóxicos ambientales, entre otros aportes a los hábitats humanos.
«El humedal brinda hasta un servicio turístico, generado por el placer que nos provoca estar allí, relajarnos», agregó Collins sobre beneficios que van «desde cuestiones sociales hasta biológicas».
«Hay distintos tipos de usos del agua que tienen que reconocerse», dijo Collins. Se trata de «un activo» para la sociedad que hay que legislar, en ambientes donde hay que regular el uso del suelo y detectar y sancionar a quienes lo degradan para beneficios particulares en desmedro del conjunto.
