Gastón Tallone, un empresario portuario entrerriano, y vinculado a negocios en el puerto de Concepción del Uruguay, fue secuestrado el pasado 8 de julio en inmediaciones de un hotel en el barrio porteño del Abasto. Según trascendió, la investigación determinó que había estado cautivo en una casa de Benavídez, en el Gran Buenos Aires, pero ahí se pierde el rastro. Su familia pagó un rescate por su liberación, pero Tallone sigue sin ser encontrado. Temen que lo hayan matado y las sospechas sobre el episodio criminal recaen nada más y nada menos que sobre Los Monos: la organización rosarina al mando de Ariel «Guille» Cantero, condenado por narcotráfico, asesinatos y una mutiplicidad de delitos, de quien sospechan pudo haber cometido el secuestro a través de dos de sus pesados, Esteban Rocha y el “Peruano” César, como parte de una venganza por una deuda de 500 mil dólares, según estiman los investigadores.
El caso tiene hasta ahora dos detenidos. Uno es el supuesto entregador, y el otro un abogado vinculado a la víctima, José Uriburu. Ambos fueron procesados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En el expediente consta que el pago del rescate –según las escuchas de 100 mil dólares– fue realizado en una estación de servicio del barrio porteño de Belgrano.
“Buenas noches cumpa, la cosa es corta. El ladrón está acá con nosotros y está bien. O devuelven la droga y los 500 mil dólares que se robó y todo se termina y él vuelve, les robó a todos los narcos y ahora toca pagar. Si baten la cana bajamos y vamos por todos ustedes y sus ayudantes. Con la mafia no se jode”, es una de las amenazas que quedaron registradas con la intervención de los teléfonos.
Se trata de un llamado a la familia de Tallone, que nunca alertó a la Policía sobre el secuestro, y fue atribuido al propio Uriburu, quien visitó en la cárcel a Guille Cantero. Durante la indagatoria, el abogado admitió conocer a Tallone, aunque dijo ser ajeno al secuestro, y sugirió que su involucramiento lo convierte en otra víctima.
La investigación está en manos de los fiscales Santiago Markevich, de la Unidad Federal Especializada en Criminalidad Organizado, y la fiscal federal de Concepción del Uruguay Josefina Minatta, quien seguía la pista de Tallone, con teléfonos intervenidos, pero no por su secuestro sino como sospechoso de lavado de dinero narco. Una década atrás, en 2013, vinculado a una causa por falsificación de dinero.
Otro de los sospechosos imputados por Marquevich y Minatra es Gustavo Juliá, quien cumplió una condena de 13 años de cárcel por el tráfico de 944 kilos de cocaína a España en el caso “Narcojet”, y había sido detenido –aunque luego liberado– en agosto de 2023 en el partido bonaerense de Vicente López, en el marco de una causa por contrabando de oro a Estados Unidos.
“El auto utilizado para el traslado de Tallone registra una oblea de peaje a nombre de Gustavo Adolfo Juliá, quien lo abona a través de una tarjeta de crédito suya”, dijo una fuente clave del caso.
Juliá es hijo del fallecido brigadier José Juliá, comandante de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem. En 2013 había sido condenado en Barcelona junto a su hermano Eduardo, piloto de un avión que despegó de Ezeiza el 1° de enero de 2011 con la tonelada de cocaína que fue descubierta por la Guardia Civil en España.
