La investigación por la balacera al casino City Center en enero pasado donde mataron a Enrique Encino derivó en una investigación sobre juego clandestino y extorsión que tiene a un grupo de personas imputadas por asociación ilícita entre otros delitos. Pero no tardó en llegar una nueva ramificación que tiene en la mira al fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Esta última pesquisa tuvo repercusión pública este viernes cuando el departamento del fiscal fue allanado. El funcionario es siendo investigado por incumplimento de los deberes de funcionario público por un mensaje en el que el empresario Leonardo Peiti preguntó a un empleado de la Fiscalía por una investigación contra dos personas que fueron detenidas el 9 de enero y la acusación sospecha que iban a atentar contra el casino rosarino. Finalmente el ataque se produjo dos días más tarde y fue ultimado el gerente bancario.
Entre los mensajes que los investigadores sacaron del teléfono de Maximiliano «Cachete» Díaz, sindicado organizador de una banda de extorsionadores, hay una conversación con Leonardo Peiti, contaron en una audiencia los fiscales. Cachete le pide que le haga una averiguación sobre las dos personas detenidas en fecha 9 de enero.
Según la fiscalía, en uno de los mensajes el empresario le dice a Cachete: “Lo voy a citar a un amigo mío que es retirado así lo conoces y él te haga la gestión”. Para los fiscales esta persona es el comisario retirado Alejandro «Pipi» Torrisi, imputado como miembro del grupo la semana pasada.
En un nuevo mensaje Cachete le dice: «¿Vos tenés todo bien en fiscalía?». «Sí», le contesta y Díaz le dice que pasó a la fiscalía. En otro texto el empresario le pide los datos de los detenidos y Cachete le responde: Hernán Quinteros. Entonces desde el teléfono designado a Peiti le mandó una captura de pantalla en la que no se ve nombre ni número de teléfono con la información que le había enviado el contacto en fiscalía. El texto dice la data del caso y agrega: “No tengo la causa yo, pero déjame ver como metemos un comentario ahí”.
Los mensajes siguen entre el celular sindicado a Cachete y a Peiti el 10 de enero. El primero le dice “sacameló” y el otro le contesta: “Lo que pueda hacer contá conmigo, después me junto a la noche con este muchacho”.
Por estos mensajes se abrió una investigación. El jueves se allanó el domicilio de un empleado que trabaja con el fiscal Gustavo Ponce Asahad y este viernes fue el turno de la casa del funcionario, que está investigado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Baclini contó que en un pendrive que se secuestró en un allanamiento se identificó un mensaje del teléfono del empleado de Ponce Asahad mandando datos de la investigación.
Exacciones ilegales
El otro delito por el que es investigado el fiscal Ponce Asahad, que este año pasó a conducir la flamante Unidad Covid abocada a las infracciones a la cuarentena, es exacciones ilegales. La figura sanciona al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden. Tiene una escala penal de 1 a 3 años de cárcel.
Se desprende del testimonio de Peiti que involucró al fiscal en el cobro de una coima mensual para brindarle protección, información e impunidad. En su declaración nombra además al fiscal regional Patricio Serjal, con quien dice haber hablado y quien, según este arrepentido, lo derivó a pagar con Ponce Asahad. El segundo encuentro, según contó el fiscal general Jorge Baclini, fue para aumentar la cuota.
El abogado defensor Fernando Mellado dijo que va a ver otras medidas investigativas la semana que viene y su cliente va a prestar una declaración cuya fecha será fijada por la fiscalía. Desde la acusación adelantaron que la imputación se realizará en una audiencia oral y pública.
