Los ocho policías bonaerenses que fueron detenidos por la muerte de cuatro jóvenes luego de una persecución en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte están siendo indagados desde la mañana este sábado por el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte. La audiencia en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Cañuelas se inició al mediodía y los investigadores estimaban que se extenderá hasta la madrugada porque al parecer algunos efectivos darán su versión de los hechos.
Pasadas las 15, uno de los efectivos se había negado a declarar y otro era interrogado por Damonte, indicó a la agencia de noticias Télam un vocero judicial.
De acuerdo a la calificación de los delitos que realizó este viernes la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia: el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez están sindicados por «homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego». A los cuatro los acusó por los crímenes de Camila López, de 13 años; Danilo Sansone, de 13; Carlos Aníbal Suárez, de 22, y Gonzalo Domínguez, de 14, quienes murieron cuando el Fiat Spazio en el que viajaban chocó contra un acoplado de un camión mientras eran perseguidos y atacados a balazos por los efectivos. Además, fueron sindicados por «homicidio doblemente agravado en grado de tentativa» en perjuicio de una adolescente de 13 años que también viajaba en el auto y que permanecía internada en grave estado en el hospital de Florencio Varela.
En tanto, Garmendia acusó al oficial subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.
El viernes por la tarde también fue aprehendida por presunto encubrimiento la oficial Melina Blanco, quien según la hipótesis del fiscal viajaba en una de las patrullas que intentó interceptar el auto en el que viajaban los adolescentes.
Para los investigadores, la policía observó todo, aunque luego firmó un acta en el que se habrían falseado las circunstancias por las que murieron los jóvenes.
La oficial, de 25 años, se presentó espontáneamente en la Fiscalía y manifestó que quería declarar porque había participado en el procedimiento, pero ello no figuraba porque sus superiores le dijeron que “era nueva”.
Entonces, se dispuso su aprehensión y la joven entregó su arma reglamentaria y su teléfono a personal de Gendarmería que está encargado de realizar los peritajes en la causa.
Luego, quedó desafectada de la fuerza de seguridad, con lo que se sumó a los 14 policías apartados por su presunta relación con los hechos ocurridos en la madrugada del lunes último.
Según el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, en la causa está acreditado que en el procedimiento participaron tres móviles en los que había en total ocho policías y que desde uno de ellos se dispararon dos armas.
Los peritajes balísticos acreditaron que la pistola de la cual salió el proyectil que hirió a uno de los chicos era un arma de las secuestradas a los policías y que una de las víctimas tiene un orificio de un proyectil calibre 9 milímetros.
Además, se encontraron cuatro casquillos de bala que se corresponden con el arma de otro de los efectivos.
Los investigadores intentan aún determinar cuál fue la motivación para que los policías persiguieran a los jóvenes, aunque familiares del conductor aseguraron que era habitual que lo siguieran luego de que en una oportunidad un comisario le pidió una coima de cuatro mil pesos para no secuestrarle el auto.
